"Los ataques continuarán. Nuestro sabotaje es infinito. Solidaridad en la rabia y en la acción". Este comunicado se colgó en Internet con la firma del Frente de Liberación Animal (FLA), bajo el enunciado: "Un abrazo luchador a los siete del SHAC". El mensaje alude a Stop Huntingdon Animal Cruelty, un colectivo radical que mantiene una enconada campaña para cerrar el principal laboratorio británico de investigación en animales, Huntingdon Life Sciences (HLS). Siete de sus activistas fueron condenados días atrás a entre cuatro y 11 años de cárcel.

Los siete recibieron las sentencias más duras posibles por chantajear a clientes y proveedores del laboratorio. Intimidaban a los empleados de HLS con falsos avisos de bomba, pintadas en sus viviendas, cartas amenazadoras, cientos de llamadas telefónicas y destrozos de vehículos.

La operación policial, con un coste de 3,5 millones de euros, fue el primer gran golpe a SHAC desde su entrada en escena, en 1999. "Otros miembros pueden asumir las operaciones del grupo, pero las sentencias emiten un claro mensaje de que no se tolerará la actividad criminal en una campaña por los derechos de los animales", explica un portavoz de la brigada policial especializada en movimientos sociales radicales, la Nectu.

Descenso de la violencia

Equivalente a la división antiterrorista, la Nectu se creó en 2004 para coordinar la lucha contra los extremistas defensores de los animales. A su vez, la ley se endurece con cada nueva táctica de los radicales. SHAC pronto abrió un flanco financiero, apuntando directamente a los accionistas, clientes, suministradores y entidades bancarias de Huntingdon. El colectivo difunde en Internet nombres y direcciones, colocando al personal en el blanco de posibles ataques. Se ramifican las campañas de intimidación para forzar la ruptura de relaciones comerciales y llevar a la ruina al laboratorio británico. Para proteger los intereses de las organizaciones de investigación y de sus respectivos asociados, el Gobierno creó un delito específico en 2005: causar o amenazar con provocar pérdidas económicas se castiga con la cárcel.

La coordinación legal y policial está dando frutos. Las acciones de acoso e intimidación alcanzaron el pico más álgido en 2003 y han caído espectacularmente en los dos últimos años. De acuerdo con la Asociación de la Industria Farmacéutica Británica, no se han denunciado agresiones físicas contra un individuo desde 2007, y las llamadas "visitas caseras" (concentraciones en el hogar de una familia) pasaron de 259 en 2003, a 32 en 2007 y 10 en 2008.

 

Más de 3,2 millones de ensayos con animales

El Gobierno británico ha reforzado la legislación con medidas restrictivas que bordean los límites de la libertad de expresión, reunión y difusión de información. Es ilegal manifestarse frente a una residencia privada con la “intención de causar alarma o angustia”, y empresas e instituciones –la Universidad de Oxford es objetivo de otra feroz campaña por construir un centro de primates– pueden solicitar una orden judicial para vetar concentraciones de protesta frente a sus edificios. El ritmo de ensayos crece en paralelo a la contención del riesgo.

En 2007, se practicaron en Reino Unido 3,2 millones de ensayos en animales, un incremento del 6% respecto al año anterior, según los datos de la Research Defence Association (RDS). Los animales utilizados en los laboratorios son ratas y otros roedores (83%); peces, reptiles y pájaros (15%); conejos y otros mamíferos pequeños (0,7%); ovejas, vacas y cerdos (1,6%); perros y gatos (0,2%); y monos (0,12%). La asociación recuerda que la vivisección de chimpancés, orangutanes y gorilas está prohibida en el país.Los grupos de protesta, no obstante, exigen métodos alternativos de investigación que hagan innecesario mantener un “negocio” que “envenena animales sanos hasta la muerte”. “La prisión y la amenaza de prisión no van a impedir que la gente decente haga lo que está bien”, advierten miembros de SHAC.