Josep Jover, el abogado que tumbó en Europa la legislación española del canon, y Miguel Gallardo no fueron los únicos que descubrieron los vínculos presuntamente ilícitos entre la SGAE de Teddy Bautista y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El uso de la universidad para informes periciales que respaldasen a la SGAE en juicios por el canon no fue el único resultado de esa relación. El entramado de empresas parásitas hacia las que supuestamente se desviaron decenas de millones de euros de derechos de autor estaba dentro de la institución pública.

El sumario de la operación Saga que ha instruido el juez Pablo Ruz es un rosario de referencias a cómo la trama arraigó en su seno. Facturas a la universidad por servicios aparentemente no prestados, empresas participadas por la universidad y Microgénesis (epicentro de la trama), gastos personales a costa de la institución...

Profesores de la universidad le cargaban sus gastos personales

La operativa tiene como protagonista a Rafael Ramos, director general de Microgénesis imputado por el juez Ruz. Ramos, profesor en la Politécnica, conoce en su departamento a Antonio Hidalgo. Ambos crean Sciralia, participada al 60% por Ramos a través de Microgénesis y el resto por Hidalgo, y con Raquel Torayá, esposa de Hidalgo, como administradora única.

Se trata, dice la Guardia Civil en su informe incluido en el sumario, "de otra entidad creada por Ramos, para ocultar la procedencia de los trabajos presuntamente realizados con recursos humanos y materiales de la UPM, (...) canalizándolos y gestionándolos por medio de Microgénesis". Además, serviría "para justificar la obtención de ingresos por Hidalgo y su esposa (...), así como para que estos se beneficiasen fiscalmente de incluir a nombre de la sociedad sus gastos domésticos". Sciralia, recoge el sumario, "carece de empleados y comparte domicilio con Microgénesis". Según declara Hidalgo, "se creó para prestar servicios desde la universidad en aquellos proyectos a los que no podía concurrir" por ser pública.

A Sciralia se le cargan "gastos de carácter estrictamente personal de Hidalgo", explica el auto, "como telefonía, viajes y tarjetas de crédito". Respecto a los viajes, se contratan con Amura, agencia del cuñado de Ramos. Los costes, aparentemente, los sufraga la UPM.

Neri usó a la Politécnica para buscar un sistema contra el P2P

La empresa consigue incluso disponer de una persona más para trabajar gracias a "una beca Torres Quevedo" sin coste alguno, porque quienes trabajan para Sciralia lo hacen "desde la universidad".

Eulogio Naz, profesor de la UPM hasta 1990 y en excedencia voluntario, habla en su declaración de otra empresa, Agora Systems, "que nace en la universidad". Incluso cree que "la institución posee un 10%". El socio mayoritario es Juan Quemada, catedrático de la Escuela de Telecomunicaciones de la UPM. Agora realizó, dice Naz, numerosos trabajos para SDAE, la filial tecnológica de la SGAE desde la que se orquestó el desvío de fondos. Lo hizo por encargo de José Luis Rodríguez Neri, presunto cerebro de la trama.

El objetivo: crear un sistema que "evitase el intercambio directo de ficheros entre particulares por medio de la red, lo que se conoce como P2P". La SGAE, por tanto, habría usado a la Politécnica para ir contra el eMule y similares. Cuando Agora acabó el proyecto, "que era de consultoría" descubrió que era probable "que no fuese legal, al interferir en comunicaciones privadas".

La Politécnica denunció a Jover y Gallardo por sus denuncias sobre los vínculos ilícitos con la SGAE. La Justicia ha considerado que dichas denuncias no atentaban contra el honor de la institución.