El Centro José Guerrero se ha quedado sin directora en el peor momento posible. La Diputación de Granada ha destituido a su responsable, Yolanda Romero, en plenas negociaciones con la familia del pintor para evitar que sus cuadros abandonen la ciudad. Su cese se hizo oficial ayer. Fuentes cercanas a Romero destacaron que "lo grave del asunto es que un político puede hacer desaparecer un museo sin dar razones". "José Guerrero, junto con Tàpies y Gordillo, fueron los tres pintores más influyentes del momento", indicaron las mismas fuentes. Y añadieron: "La familia del pintor lo único que pide es un código de buenas prácticas y la Diputación no se lo da".

Según la diputada de Cultura, Asunción Pérez Cotarelo (IU), la hasta ayer responsable del museo, que a su vez es funcionaria de la Diputación, "ha sido adscrita a otras funciones y este año seguirá en el equipo del Centro Guerrero, pero no como directora". La plaza saldrá a concurso en su momento, según la diputada.

Mientras, el legado de José Guerrero (1914-1991), uno de los pintores más singulares del expresionismo abstracto americano, afronta un futuro incierto. Hace un año y medio, sus herederos amenazaron con embalar los 60 cuadros cedidos a Granada en 1999 por diez años, prorrogable por otros diez. El origen del conflicto, que aún persiste, está en el desencuentro surgido por la gestión de la obra entre la familia del pintor y la Diputación, propietaria del centro consagrado a su memoria.

Las negociaciones prosiguen. Ayer, la Diputación decidió ampliar hasta final de mes el plazo que había dado a la familia de Guerrero para que se pronuncie sobre sus últimas propuestas. La primera pasa por la creación de una fundación pública, en la que la Diputación tendría una representación del 51%. La segunda opción plantea promover una fundación privada en la que la institución participaría cediendo el edificio que alberga el actual Centro José Guerrero. Cualquiera de las propuestas incluye el compromiso de mantener los cuadros en Granada.

El conflicto surgió en 2009, cuando la Diputación, que financia todos los gastos del centro (un millón de euros al año), planteó crear la Fundación de Arte Contemporáneo para gestionarlo. Pretendía así tener más poder sobre la gestión de un centro que funciona con dinero público, pero con decisiones privadas, que adoptaba una comisión de expertos.