Un juez de Barcelona imputa al director del Festival de Sitges

El Juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú será el encargado de determinar si proyectar la película A Serbian Film es constitutivo de un delito de pornografía. De momento, su titular ha abierto diligencias previas y el director del Festival de Cine de Sitges, Ángel Sala, ha sido imputado, condición en la que tendrá que declarar en el Juzgado para aclarar con qué objetivo se exhibió la cinta el pasado 14 de octubre en su certamen. Tras esta prueba, el magistrado tendrá que pronunciarse sobre seguir adelante con la investigación o archivar el caso, si llega a la conclusión de que la intención de la proyección no era fomentar la pornografía infantil.

Las diligencias se han abierto a instancias de la Fiscalía de Barcelona, a la que se dirigió una asociación de defensa del menor para denunciar la proyección de la película. Tras estudiar el caso, el Ministerio Público presentó su propia denuncia en el Juzgado. Aprecia indicios de la comisión de un delito previsto en el artículo 188.7 del Código Penal. Este tipo castiga con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis meses a dos años el que "produjere, vendiere, destribuyere, exhibiere o facilitare por cualquier medio material pornográfico en el que no habiendo sido utilizados directamente menores o incapaces, se emplee su voz o imagen alterada o modificada".

Jueces para la Democracia: "Es un caso de exceso de intervención penal"

Fuentes de la Fiscalía señalaron a Público que el objetivo de la investigación abierta no es prevenir que un menor sufra (la grabación no utiliza niños), sino que se normalice un delito tan grave como es la violación de un bebé y de un niño de 5 años, que aparecen en la película representados por sendos muñecos. Es decir, evitar que se fomente de alguna forma esta práctica con la proyección de la película.

El Festival de Sitges emitió ayer un primer comunicado desde que trascendió la denuncia de la Fiscalía el pasado sábado. "El festival quiere hacer patente que no se trata de una película pornográfica sino de una ficción de terror, y que no integra un ataque contra la indemnidad sexual de menores", manifiesta la organización del certamen en la nota. En la misma, tal y como adelantó Público, se incide en que el festival tomó las medidas de información a los espectadores previamente a los dos pases de medianoche en que se proyectó A Serbian Film. "No obstante, la existencia de voces críticas llevará al festival a plantear una reflexión sobre los mecanismos de información de cara al futuro, insistiendo en la protección de la infancia y la defensa de la libertad de expresión y creación, como hasta ahora ha venido haciendo", apunta.

El debate jurídico está abierto. Según Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la Uned, estamos ante un caso de colisión entre uno de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución en su artículo 20.1 (el derecho "a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica") y el artículo 189.7 del Código Penal.

El festival insistirá en la protección de la infancia en su próxima edición

Para Gómez, el propio artículo 20 de la Constitución establece el límite: "La protección de la juventud y de la infancia", pero si en este caso no se han utilizado menores para el rodaje de imágenes, será complicado que la imputación siga adelante. "Hablamos del ámbito de una película de ficción, donde se han tomado todas las cautelas", afirma. "Puede haber imágenes innecesarias, provocativas, pero no cuestionables penalmente", dice Gómez, para quien la imputación al director del festival es "colateral" y obedece a que el director del filme no está en España.

Para José Luis Ramírez, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, también se está ante la colisión de derechos, además de "ante un caso de exceso de intervención penal" y una "criminalización de la libertad de expresión" con el objetivo de "imponer una visión determinada de la moralidad por parte de un sector conservador de la sociedad". En su opinión, se está usando al menor "como pretexto, como piedra de toque, para coartar la libertad de expresión". "Por esa misma regla habría que prohibir Lolita", remata Ramírez.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, aclara que el ámbito del artículo 189.7 del Código Penal "castiga la pornografía virtual, no real, que se simula aunque no se haya realizado. Y este es el contexto en el que mueve la película". En su opinión, lo fundamental es que "el juez valore si, en su conjunto, se le puede atribuir la consideración pornográfica a las imágenes" y si la exhibición "se ha producido en una circunstancias [un festival de cine] que permita no aplicar la pena prevista".

Marcelino Sexmero, portavoz del Comité Nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, no duda en poner en superioridad los derechos del menor sobre la libertad de expresión en el caso de conflicto, aunque aclara que el límite "está en la proporcionalidad: podrá gustar o no, pero hay que tener en cuenta que es ficción y si la intencionalidad no era exhibir pornografía. Hay películas gore donde se utilizan mutilados", pone como ejemplo. Y pide: "Hay que perder el miedo a que se abra una investigación en casos como este porque no implica una acusación". Un mensaje que comparte Yolanda Gómez, para quien la actuación de la Fiscalía de Barcelona "no es significativa, pero está obligada a ello".

Por su parte, el mundo del cine siguió ayer apoyando a Ángel Sala. El comunicado firmado el lunes por los directores de los diez principales festivales de cine de España pasó a un apoyo público en internet, que anoche sumaba cerca de 500 firmantes. Enrique López Lavigne, productor de Lo imposible, de J. A. Bayona, e Intruders, de J. C. Fresnadillo, había visto la película en uno de los dos pases de Sitges, que acogió a poco más de 1.000 personas. "Es una película didáctica que habla de las raíces de la violencia. Hay que sumergirse en el filme para ver que plantea que vivimos en un mundo ultraviolento, que el director pretende denunciar", afirma López Lavigne. Para él, como para el director Nacho Vigalondo, lo escandaloso es que sea Ángel Sala quien pague los platos rotos, y que esto suceda en España mientras el filme lleva un año circulando por festivales internacionales.

Roman Gubern, catedrático de Comunicación Audiovisual, recuerda que en la España democrática ha habido dos casos de intervención judicial de un filme. Fernando Ruiz Vergara, por el documental Rocío, fue imputado por calumnias a una persona muerta en 1985. Y el más conocido de El crimen de Cuenca, donde Pilar Miró fue juzgada, por un tribunal militar, por injurias a la Guardia Civil. Ambas películas fueron luego estrenadas comercialmente.