Un rifirrafe tuitero ha puesto sobre el tapete la pertinencia o no de que se hagan públicos los honorarios que cobran los artistas por actuar. El desencuentro lo protagonizaron hace unos días el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la artista y cantante Rosalía. El tuit de la discordia, a cargo del regidor, hacía referencia a la supuesta cantidad que la catalana exigía por actuar en la capital del Pisuerga. Una cifra que, según Puente, alcanzaba el medio millón de euros.

La respuesta de Rosalía –también vía Twitter– no se hizo esperar: 

Pues bien, cuando parecía que la polémica tocaba a su fin, un nuevo tuit del alcalde Puente la ha reavivado haciendo público el caché del que –curiosamente– fue pareja sentimental de Rosalía, el trapero C. Tangana. "25.000 euros más IVA", respondía lacónico el político socialista a la pregunta de un tuitero sobre los requerimientos pecuniarios del artista madrileño.

Y así, recrecido el debate, entre dimes y diretes tuiteros, emerge la pregunta de marras: ¿se deben conocer los cachés que piden los músicos a las administraciones? Para Ricky Lavado, batería ubicuo –Egon Soda, Nudozurdo, Mi Capitán, entre otras bandas– y miembro de la Sección de Música de la CNT de Madrid, “el problema no es tanto lo que cada cual pide por tocar, sino que ayuntamientos y administraciones gasten cantidades ingentes de dinero público en pan y circo cuando ese dinero iría muy bien para mejorar la vida de mucha gente. En cualquier caso, yo no tengo por qué saber lo que cobra cada cuál, siempre y cuando se respeten condiciones laborales dignas”.

Lavado denuncia la doble moral de ciertos consistorios, y en general de cierta forma de entender lo público, consistente en poner el grito en el cielo ante una supuesta pretensión económica desorbitada, pero pasando de puntillas sobre aspectos como la precarización del sector: “Dejamos a Rosalía como una usurera en vez de plantear por qué un ayuntamiento puede gastar tantísima pasta en un bolo, habiendo administraciones que contratan de forma irregular y sin respetar los derechos laborales. Preocupémonos más de la desregulacion salvaje en el sector, de cómo en este país no se respetan condiciones laborales justas, se ignoran convenios, se comete fraude sistemático en la contratación y la realidad es la de la precarización del 90% del sector”.

Prevalece muchas veces el tabú; lo pecuniario y lo artístico forman un binomio altamente sospechoso sobre todo desde postulados de izquierda. Se impone entonces un cierto mutismo en cuanto a retribuciones y contrataciones. “Tenemos mucho miedo a hablar de dinero, como si debiéramos sentirnos culpables por cobrar”, apunta Toni Mejías, integrante de Los Chikos del Maíz.

“Tal vez en eventos privados –prosigue Mejías– no sea necesario airear lo que cobran los grupos, pero en el caso de los ayuntamientos, igual que pedimos transparencia en otros aspectos, creo que se debe exigir también en estos eventos y no debe molestarnos que se haga público lo que cobran las bandas que se contratan para fiestas”. Una exigencia de transparencia que, eso sí, debe implicar un cierto didactismo por parte de quienes divulgan la cotización de los artistas.

“La gente debe entender que lo que cobra un grupo no es 100% para los músicos. Existen muchas personas detrás de las bandas que trabajan para que todo funcione, por no hablar de desplazamientos, dietas y alojamiento, todo eso también cuesta un dinero”, zanja Mejías.

Actuaciones en salas o en festivales

“Un grupo vale lo que mete por una puerta”. Así de prosaico se muestra Juan Carlos del Val, representante de largo recorrido al frente de la empresa de management Bola 9, cuando se le pregunta por cachés desmedidos. Ahora bien, dentro de esa incuestionable correspondencia entre lo que se genera y lo que se pide, Del Val introduce una interesante matización: “El problema viene un poco de esa política cultural basada muchas veces en la gratuidad y en subvencionar caras conocidas con requerimientos contractuales fuera de lugar. Es curioso, en muchos casos son artistas que la gente apenas paga por ver; dudo mucho que C. Tangana meta a 500 personas en una sala, por eso sólo hace festivales”.

Y por último, la libertad del propio artista a la hora de marcar su propio paso frente a los vaivenes mercantilistas y las políticas culturales del momento. Un ejercicio de autonomía personal y artístico no siempre fácil de llevar a cabo y que, como todo en la vida, genera contradicciones. Tal y como apuntaba Iván Ferreiro en una reciente entrevista en Público: “No le voy a cobrar a una sala en la que caben 600 personas lo que a un Ayuntamiento. En los años 90, después de una década –la de los 80– en la que se hizo mucha política con los conciertos gratuitos, nadie quería pagar una entrada. Prefiero tener a 600 que vienen a verme que a 6.000 curiosos, de modo que voy a tratar de cargar la cuenta del Ayuntamiento de turno todo lo que pueda”.