"Los usuarios tienen que tener absoluta tranquilidad". La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, asegura que la ley contra la piratería en internet "garantiza absolutamente los derechos de todos".

En declaraciones en el Senado, ha asegurado que la enmienda en torno a la Ley Sinde pactada con PP y CiU amplía las garantías jurídicas ante el cierre de páginas webs y que el acuerdo finalmente alcanzado no es una "derrota". Además, la ministra ha expresado el compromiso del Gobierno a modificar el canon digital ajustándolo a las sentencias europeas.

González Sinde dio las gracias a PP y CiU por "su búsqueda de consenso en este tema de Estado", y aclaró que esta "va a permitir introducir estas posibilidades de desarrollo económico para la industria cultural". "Las claves han cambiado y requieren una legislación nueva que no existía para el mundo analógico", ha puntualizado.

A su juicio, el consenso alcanzado con el PP "hace que se garanticen y refuercen los derechos como el de la intimidad y el de libertad de expresión". Ha agregado que "los cambios al procedimiento mixto y judicial amplían esas garantías pero no alteran el procedimiento que había propuesto inicialmente el Gobierno", ya que "será un juez quien deba autorizar o no el bloqueo de un contenido concreto que haya recibido una denuncia, y no se actuará sin denuncia previa".

La Ley "garantiza absolutamente los derechos de todos" 

"Hay todo un procedimiento que garantiza que tanto en el momento de identificación del titular de la página como en todos los demás, pueda tener posibilidad de hacer alegaciones y retirar el contenido. Se garantiza todo el procedimiento de defensa de quien reciba esa notificación respecto a un contenido que vulnere la propiedad intelectual", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que han buscado un procedimiento que tenga un plazo de ejecución "lo más breve posible, pues en internet los datos se multiplican muy rápidamente y los tiempos son distintos a los de otros procedimientos". La enmienda también incluye "medidas que van a favorecer las relaciones entre entidades de gestión y usuarios, ampliando el campo de arbitraje en conflictos".

"Una oportunidad para la cultura"

La ministra ha subrayado que esta Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible -la Ley Sinde propiamente dicha- prevé ante todo "que no sea a los usuarios a los que se persigue, pues esto no lo ha querido el Gobierno en ningún momento".

"Es necesario este marco jurídico que garantice el desarrollo de una oferta legal"

Para Sinde, "esta ley innova, es un modelo distinto del que tienen otros países de nuestro entorno que han optado por perseguir al usuario". Según ha dicho, el Gobierno no comparte ese criterio, y ha resaltado que los "usuarios tienen que tener absoluta tranquildad".

Así, ha afirmado que "en cuanto esta ley empiece a funcionar y se ponga en práctica la gente verá que garantiza absolutamente sus derechos y que no amenaza el uso de internet tal y como lo conocemos, sino que va a permitir su desarrollo". Ha apostillado que "la red es una oportunidad para la cultura, y es necesario este marco jurídico que garantice seguridad y el desarrollo de una oferta legal".

En lo que se refiere a los plazos para que la Ley sea finalmente aprobada, ha comentado que primero tiene que aprobarse la enmienda en el Senado, "como en cuatro semanas, y posteriormente tiene que volver al Congreso y hará falta un tiempo, unos meses, para que se pueda articular y desarrollar el reglamento".

Presentación de denuncias

También ha explicado la ministra el proceso para la presentación de denuncias: "Tal y como estaba previsto originalmente, un titular de derechos que advierta que su obra está siendo explotada sin que haya licencia o permiso, y que pueda demostrar la titularidad de ese contenido, se dirigirá a la Comisión de Propiedad Intelectual y hará una denuncia".

Sinde no ha querido entre en polémicas con Álex de la Iglesia

En ese punto, ha detallado que la Comisión estudiará la documentción y si considera que hay suficientes datos para iniciar un proceso se dirigirá a un juez para pedir autorización para identificar a los titulares de la web. "Cuando el juez estudie ese expediente tendrá 24 horas para autorizar que se identifique o no al titular de la página para que pueda hacer sus alegaciones y defenderse. El titular puede en todo momento retirar el contenido y queda archivado el procediminto", ha asegurado.

Llegados a este punto, ha apuntado que "si la Comisión considera que en efecto no media ningún tipo de contrato, a un segundo juez le dirá que quiere poner en marcha unas medidas para bloquear ese contenido concreto, y ese juez verá si se vulnera o no el artículo 20 de la Constitución de libertad de expresión".

Por último, Sinde no ha querido entrar en polémicas con el director de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, quien ya se ha posicionado muy crítico con este acuerdo, y se ha limitado ha reconocer el "notable esfuerzo" que éste ha realizado durante las últimas semanas "por conciliar posturas, escuchar, tender puentes", por lo que le ha agradecido sus esfuerzos "en un asunto tan importante para la industria del cine".