Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952), secretario general de Comisiones Obreras, cree que la propuesta de reforma laboral del Gobierno desprende un 'tufillo a abaratamiento del despido' pero que se puede lograr un pacto por una vía alternativa. Reclama un plan de choque para transformar contratos temporales en fijos y no rechaza que el Fogasa asuma parte de los costes del despido objetivo. Además, defiende más protagonismo del sindicato en la negociación colectiva readaptando el papel de los comités de empresa.

'Hay que poner en marcha un plan de choque para pasar contratos temporales a fijos'

El lema del 1 de mayo 'Por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones' ¿significa que peligran esos derechos con la reforma laboral del Gobierno?

Hay algunos que podrían empeorar. El contrato a tiempo parcial puede ser una puerta a una mayor precarización y hay un tufillo a abaratamiento del coste del despido. Pero es un documento abierto, el Gobierno así lo reconoce, y creo que tiene que abrirse paso una alternativa. Por ejemplo, el uso de la jornada de trabajo como elemento de flexibilidad interna alternativa al despido o a la no renovación de los contratos temporales. También, reconducir las bonificaciones a la contratación, que han perdido eficacia, y concentrarlas en los colectivos que más padecen la crisis. Sería una buena ocasión, como hicimos en 2006, para poner en marcha un plan de choque de transformación de contratos temporales en estables.

Si no se consigue un acuerdo en el diálogo social ¿debería el Gobierno optar por un acuerdo a dos bandas?

'Estamos obligados a seguir discutiendo hasta que haya un acuerdo en el diálogo social'

Yo no lo contemplo. Creo que estamos obligados a seguir discutiendo hasta que alcancemos a un acuerdo. Pero el tiempo pasa. Sería peligroso que en el fracaso, que no contemplo, el Gobierno pase por tratar de establecer un punto de equilibrio dando una parte a un lado y otra a otro.

CCOO defiende una negociación a dos velocidades.

Hay medidas que ya están suficientemente debatidas y es aconsejable no esperar más. Pero también hay que hacer, con tiempo, una revisión estratégica para reducir la dualización del mercado de trabajo, favorecer la movilidad y reducir el impacto económico para las empresas en el despido objetivo, manteniendo los derechos indemnizatorios de los trabajadores. Ahora, para las empresas con menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial cubre el 40% del coste del despido objetivo. Podría extenderse esta fórmula al conjunto de las empresas. No estoy hablando de recursos públicos, sino de un fondo generado por las propias empresas. Esto es lo que decía de reducir el impacto del coste del despido para las empresas. Esto es posible si, a la vez, reducimos modalidades de contratación temporal y liquidamos uno de los contratos fijos, obviamente el de 33 días de indemnización, restableciendo la causalidad en el despido.

¿Y cómo propone incentivar el paso de contrato temporal a fijo?

Lo hicimos en 2006, con bonificaciones para los contratos vigentes que se convierten en estables. Esto debería completarse con un incremento de las cotizaciones al desempleo para los contratos temporales y una rebaja para los fijos. Así penalizaríamos el uso indiscriminado de la contratación temporal.

Ya hay un acuerdo con CEOE para reformar la negociación colectiva ¿cómo hay que cambiarla?

El convenio colectivo sectorial y en la empresa deben ser las piezas fundamentales. También hay que mejorar la flexibilidad interna para aumentar la productividad, pero conciliándolo con los derechos de los trabajadores. Hay que posibilitar la presencia del sindicato en las empresas más pequeñas donde la relación se mueve entre el paternalismo y la represión. Además, ha llegado el momento de que el sindicato tome el protagonismo de la relación directa con las empresas en materia de negociación colectiva, resituando el papel de los comités de empresa.

¿Eso significa quitar poder a los comités de empresa?

No tanto quitar poder a los comités, sino reforzar la intervención de las secciones sindicales en la empresa.

¿Ha cambiado la política del Gobierno?

Ha habido un cambio a peor, y probablemente lo notemos no tanto en 2010 como en los años siguientes. El plan de austeridad puede retrasar la salida de la crisis. No creo que sea sostenible esa idea que repite el presidente del Gobierno de que no va a afectar al gasto social. Espero que sea así, pero me temo que no.

¿El Gobierno tendrá que reducir el presupuesto del gasto social?

Hay que hacer una reforma fiscal porque de otra manera es imposible financiar el gasto social, la inversión productiva, el cambio de modelo económico, la financiación de la deuda, la reducción del déficit público y el nuevo sistema de financiación autonómica. Hay que desplegar una iniciativa fuerte sobre el fraude fiscal y la economía sumergida y hay que reequilibrar la carga fiscal gravando más a quien más tiene y recuperando el Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones. Es momento también de imponer una tasa sobre las transacciones financieras internacionales. Si hace falta una reforma urgente para desatacar el crédito es la del sistema financiero. Las cajas tienen que completar rápidamente el proceso de concentración y reforzar su estructura de capital.

¿Apoya que se reduzca el peso de los políticos y se prohíban los cargos electos en las cajas?

Sí, pero con cuidado, porque aquí hay una operación de gran calado que busca eliminar la diferencia que existe entre el sistema bancario clásico y las cajas. No estoy de acuerdo en transformar la naturaleza jurídica de las cajas, creo que han de mantener la presencia de los representantes de los trabajadores, de los impositores y de otras instituciones en sus órganos de gobierno y, por supuesto, de la obra social. Si se abre el debate de las cuotas participativas, los derechos deben estar limitados para evitar que se convierta en la vía de la bancarización de las cajas.

Se acusa a los sindicatos de haber sido demasiado tolerantes con el Gobierno .

Curiosamente quienes antes nos alababan de forma desmedida son quienes en estos momentos más critican esa supuesta condescendencia de los sindicatos, y de CCOO en particular, con el Gobierno. Son los mismos a los que les gustaría que la acción del movimiento sindical erosionara al Gobierno para acabar con él y hacer a continuación lo mismo que nosotros estamos rechazando, que es una profunda reforma del mercado laboral y de los sistemas de protección social. Yo estoy yendo por todo el país y no me he encontrado entre los trabajadores ninguna demanda de más presión o movilización que la que estamos realizando, que por cierto ha sido mucha e intensa.

El Gobierno no ha vuelto a insistir en su propuesta de retrasar la jubilación a los 67 años.

Yo la doy por retirada.