Aquella mañana de hace justo un año, decenas de activistas bloquearon las entradas del portal con puntales de obra. Se sentaron en las escaleras hasta el segundo piso. La puerta de casa también estaba bloqueada. Dentro, algunos activistas más acompañaban a José Manuel Moreno, octogenario a punto de perder el piso donde vivió con su mujer, discapacitada de 82 años, durante más de cuatro décadas.

La Policía llegó temprano y acordonó el edificio, arrinconó a los activistas que estaban en la calle, y dos agentes, tras innumerables golpes de ariete, echaron abajo las puertas de forja y cristal de la entrada. Fue uno de los desahucios más mediáticos del año, el de un matrimonio que, sin deber nada, fue expulsado por el nuevo propietario que había heredado el inmueble.

En todos los medios se habló de drama y de injusticia, de un atropello que debían impedir las instituciones. Pero solo intentó evitarlo un grupo de personas. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel terminó aquel día con dos miembros detenidos (para quienes hoy se piden entre dos y seis años de cárcel por desobediencia, atentado a la autoridad y lesiones) y 22 sancionados. En total, 12.600 euros en multas.

El colectivo nació hace pocos años como asamblea popular, pero creció y evolucionó rápido en sindicato de vivienda. Señalan desahucios pendientes en el distrito de Carabanchel (Madrid), acompañan a los afectados durante el proceso, y paralizan una gran parte de los que le llegan. Negocian, o lo intentan, con fondos de inversión, entidades bancarias u organismos públicos de vivienda para alargar los plazos, conseguir alquileres sociales o incluso buscar una alternativa a quien ya fue desahuciado. Algunas veces, cuando no hay más opción, han intentado suspender en la puerta los desalojos previstos; todos de personas vulnerables y sin otro lugar al que ir.

Este trabajo, voluntario, militante y no remunerado, tiene, en cambio, un coste muy alto. En 2022 los activistas del Sindicato acumularon 40.000 euros por 77 sanciones por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Son multas de 601 euros por infracciones leves, faltas que antes de que el PP endureciera la ley no superaban los 300 euros.

La mayoría de las sanciones llegan después de que sean identificados por la Policía durante cualquier de sus acciones. No solo las que intentan parar desahucios frente a los antidisturbios. El caso de José Manuel y su Manuel ya les había costado unas cuentas multas antes de que los echaran, ya que habían protestado en el interior de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid para pedir que la dirección se entrevistara con el afectado y le buscara una solución.

El concreto, el grueso de las multas contra el Sindicato de Vivienda de Carabanchel se debe a infracciones del artículo 37.7, que sanciona la "ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario" siempre que las circunstancias no constituyan un delito penal.

El Sindicato de Carabanchel ha querido denunciar su difícil situación a principios de un año 2023 que esperan duro y difícil, opina Daniel Vega, uno de sus portavoces. Recuerda que, en plena escalada de la inflación, del encarecimiento de las hipotecas variables y el desorbitado precio del alquiler, las "condiciones de vida de los trabajadores están empeorando". Y que, "en este nuevo contexto de crisis, son cada vez más los problemas que se desatan en torno a la vivienda y, en consecuencia, somos también más quienes nos organizamos como respuesta".

Por todo ello han organizado un encuentro el próximo 18 de febrero para lanzar su próxima campaña, titulada El crimen es organizarse. Contarán con la participación de activistas de Sindicatos de Vivienda de otros territorios como València, Barcelona o Vitoria. La cita será en el veterano espacio okupa ESLA Eko de Carabanchel y busca analizar las razones de lo que consideran una "auténtica ofensiva represiva" contra los movimientos por la vivienda que también notan otros colectivos antidesahucios.

En el caso de este sindicato, además del desahucio de José Manuel y su mujer, que congregó hasta 50 agentes antidisturbios, otra parte importante de las multas llegaron después de intentar suspender otros dos desalojos.

El colectivo busca recaudar fondos para su caja de resistencia con varios conciertos organizados en el Eko y hacer frente así a las sanciones. Pero también es un llamamiento a la acción, a la solidaridad y a la movilización organizada contra la especulación en el distrito y una oportunidad de encuentro para diseñar estrategias ante este nuevo aumento represivo, "del control social, criminalización de la okupación y endurecimiento de la normativa penal", entre otros retrocesos denunciado por los activistas.