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50.000 empleados públicos dejan de ganar hasta cien euros al mes al no aplicar el Gobierno su convenio

UGT denuncia el retraso de año y medio en aplicar la revisión salarial del Convenio Único que firmaron en marzo del año pasado los sindicatos y el ejecutivo, que mantiene que la falta de unos Presupuestos Generales del Estado le impide aplicar una medida de ese tipo.

Funcionarios
"El Gobierno no ha querido o no ha podido actualizar las retribuciones" del personal laboral para homologarlas con las de los funcionarios, denuncia UGT. (Ángel Cruz | EFE)

Hasta 8.000 empleados públicos están dejando de ingresar alrededor de cien euros mensuales en el sueldo base de sus nóminas desde hace casi año y medio al no aplicarse el IV Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, una situación que afecta, con diferentes cantidades, a otros 35.000 trabajadores del Estado.

"El Gobierno no ha querido o no ha podido actualizar las retribuciones" del personal laboral para homologarlas con las de los funcionarios, para las que ese acuerdo incluía una revisión salarial, y eso está provocando "enormes desigualdades", señala Carlos Álvarez, responsable de Administración del Estado en UGT, que remarca que "año y medio después no se ha desarrollado nada" de lo que figura en ese acuerdo.

"Los acuerdos no se están aplicando", añadió, y eso ha supuesto "una ruptura total de la confianza" entre el sindicato y el Gobierno central, al que reclamaron que los ponga en marcha.

El acuerdo, firmado el 4 de marzo de 2019 por los representantes de los sindicaros CCOO, UGT, CSIF y CIG y por la entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, reemplaza al anterior, de 2009, y regula la situación del personal laboral de la Administración central; es decir, de los empleados públicos que no tienen plaza de funcionario ni ocupan una como interinos, que son unos 50.000 de un total de 200.000 sin incluir las fuerzas armadas ni las de seguridad.

Diferencias de hasta 4.500 euros anuales

La inaplicación del acuerdo, publicado en el BOE dos meses después, tiene dos consecuencias básicas: los laborales cobran menos de lo que les corresponde y de lo que su empleador ha aceptado pagarles por su trabajo y, por otro lado, se mantiene la diferencia salarial con los funcionarios de las categorías equivalentes.

Los más perjudicados son, en ambos casos, los empleados públicos del nivel E1, un colectivo de unas 8.000 personas cuya máxima titulación académica es la enseñanza secundaria o la FP de primer grado: están dejando de percibir casi cien euros brutos en cada nómina (1.392 anuales, casi 2.000 desde la firma, en 14 pagas) y mantienen una desventaja de 4.577 por ejercicio frente a los funcionarios de su mismo nivel que, con el convenio, quedaría reducida a 3.108.

Le sigue en perjuicios el grupo E2, formado por los 15.000 empleados públicos no funcionarios que han acabado el Bachiller, que están dejando de cobrar algo más de mil euros brutos anuales y cuya desventaja con quienes tienen plaza en propiedad es de 4.577.

La diferencia con los funcionarios en el M1, el grupo de los más de 20.000 titulados universitarios de nivel 1 que trabajan para la Administración, supera los 3.200 euros brutos anuales. No obstante, su merma con respecto a las tablas del convenio se queda en 536.

El lastre de la falta de unos Presupuestos 

Los diferenciales son menores, tanto en relación con el salario de convenio como con el de los empleados con plaza del mismo nivel, para el resto de grupos, cuyo volumen es menos significativo que los anteriores por integrarlos quienes disponen de titulaciones de posgrado o solo de estudios primarios.

¿Y por qué no se están aplicando las condiciones salariales que recoge el convenio único cuando las acordó un Gobierno presidido por Pedro Sánchez? "El problema es que desde que se firma ese acuerdo no ha habido nuevos Presupuestos Generales del Estado", explican fuentes del Ministerio de Hacienda, que anotan que, salvo en situaciones excepcionales como la subida del sueldo del 2% a los funcionarios de enero de este año, todo lo referente a retribuciones de los empleados públicos se regula en las cuentas estatales.

Por otro lado, la disposición adicional 12 del convenio recoge como "la efectividad" del convenio "está condicionada a la existencia de las disponibilidades presupuestarias necesarias" para materializarla, algo que, de hecho, ha dejado esas revisiones salariales en un limbo desde el principio: fue firmado un mes después de que ERC y PDCat apuntillaran las cuentas de 2019 con sus enmiendas a la totalidad, lo que llevó al país a una repetición electoral de la que no salió un Gobierno hasta dos meses antes de la pandemia.

"La negociación no existe por la ruptura de la confianza"

"El Gobierno admite diferencias salariales entre funcionarios y personal laboral de niveles equivalentes", señala Álvarez, que destaca la situación que se da en categorías como la E2 y su equivalente funcionarial, que es el C1, con un descuadre de más de 4.500 euros brutos anuales en el salario base.

Álvarez también criticó la intención del Gobierno de dejar al personal público fuera de la regulación del teletrabajo que está negociando con los agentes sociales. "No nos resulta admisible", afirma, antes de añadir: "La negociación no existe por la ruptura de la confianza con el nuevo Gobierno".

Por último, el responsable de Administración del Estado en UGT, acusa al ejecutivo de "incumplir dos acuerdos sobre la transición a nueva normalidad" en la Administración cerrados con los sindicatos; uno de ellos, del 4 de mayo, con medidas sobre el teletrabajo.

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