Aragón sale al rescate de su empresa emblemática, en bancarrota tras años de saqueo

ZARAGOZA .- La empresa emblemática del Gobierno de Aragón, la plataforma logística Plaza, va a ser rescatada por la comunidad autónoma con una inyección de 58 millones de euros para superar la bancarrota en la que cayó tras sufrir un monumental saqueo en los años de la burbuja inmobiliaria, según apuntan varias investigaciones judiciales.

El anuncio coincide con la filtración de los generosos regalos navideños con los que un ejecutivo de la empresa que urbanizó la plataforma, Acciona, obsequió a decenas de altos cargos del Gobierno autonómico, el ayuntamiento de la capital y la Diputación de Zaragoza en aquellos años, que ha sacudido el último tramo de la campaña electoral en Aragón.

“Debíamos tomar la decisión de liquidar o sanear Plaza”, admite la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, en una de las pocas descripciones diáfanas sobre la situación económica de la plataforma que sale del ejecutivo en década y media. Urbanizar Plaza, un proyecto que nació con el siglo y creció hasta el colapso durante los años de la burbuja inmobiliaria, costó 240 millones de euros, aunque varias investigaciones judiciales apuntan a que casi la mitad de ese dinero se habría esfumado en desfalcos, a los que habría que sumar algunos negocios fallidos.

Plaza, que se promociona como “el recinto logístico de mayores dimensiones del continente europeo”, ocupa, en plena estepa zaragozana, una superficie de 1.300 hectáreas junto a la carretera de Madrid y el aeropuerto. La mitad de esa superficie -6,4 millones de metros cuadrados- alberga naves, como los centros logísticos de Inditex, Decathlon o Caladero, o está preparada para acoger nuevas empresas, como la que prevé trasladar Pikolín. Aunque, tras década y media engullendo recursos públicos, y pese a haber colocado algunas parcelas en los últimos meses, sigue teniendo espacio disponible.

La comunidad, el ayuntamiento de Zaragoza y dos cajas locales (Ibercaja y Cai, hoy absorbida por la primera) fundaron Plaza en 2000. Quince años después, acumula pérdidas por valor de 69 millones de euros (más de 18 millones, de 2015) y deudas por más de 130 que llevaron al ejecutivo PSOE-Cha a cerrar hace unos meses una operación iniciada por sus antecesores del PP-Par para inyectarle 58,1 millones con el fin de darle oxígeno.

“Plaza es la piedra angular de la política económica” aragonesa, señala la consejera Gastón, que defiende la “apuesta firme por la logística” del actual ejecutivo autonómico y que sostiene que el rescate “nos permite reequilibrar el patrimonio y salvar la quiebra”.

La comunidad va a capitalizar esa inyección, realizada mediante créditos participativos por la presión de Podemos, en una operación que antes de que acabe junio le convertirá en la titular de los 54,27 millones en los que, tras una operación acordeón, quedará fijado su capital social. En la reducción a cero previa –y que culmina una anterior de 47 millones- saldrán del accionariado el ayuntamiento, que mantendrá su presencia en el consejo, e Ibercaja.

El banco local sale tras quedarse unas naves valoradas en 24 millones en una operación de dación en pago que supera con creces su participación social del 30%. Se trata, precisamente, de las naves de la empresa Autocity, en cuya construcción se produjo el desfalco de 8,7 millones ( ) que les costó una condena de cuatro años de cárcel el exconsejero delegado y al exgerente de Plaza, Carlos Esco y Ricardo García Becerril, y al constructor Agapito Iglesias. La comunidad ha denunciado otras tres operaciones con empresas de este último en las que sus servicios técnicos hallaron indicios de sobrecostes por unos diez millones de euros.

Los dos primeros se sentarán dentro de unos meses ante un jurado popular acusados de haberle cobrado a un constructor, a plazos, una mordida del 10% del valor de la finca que le compró Plaza por 6,3 millones cuando un informe pericial la tasa en 2,3; y los tres integran la lista de 25 imputados del caso Saqueo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman dos siglos de prisión y diez millones de euros en multas. La causa incluye correos electrónicos en los que cargos públicos comentaban instrucciones para amañar concursos.

Los acusados más destacados, en una lista que incluye a vips como el presidente de Porcelanosa, Manuel Miguel Colonques, sospechoso de pagar mordidas a través de la guardería de las hijas del exgerente, son, además de este, los exgerentes de la UTE liderada por Acciona que ejecutó las obras, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. La Fiscalía reclama a la constructora una indemnización de 147,2 millones de euros por el presunto desvío de esa cantidad, cobrada al facturar obras no ejecutadas y parte de la cual sirvió, presuntamente, para obsequiar a ejecutivos y altos cargos de la empresa pública.

Un informe pericial aportado por Plaza cifra en 104 millones el desfalco solo en las obras de urbanización, facturadas por 240. Las operaciones fraudulentas ya probadas y las que se encuentran bajo sospecha suman 165 millones, una cifra superior a la deuda de Plaza y que casi triplica sus pérdidas.

Acciona fue uno de los principales adjudicatarios de obra pública en la comunidad en la primera década de este siglo. A la contrata de Plaza se le suman otras como la Ciudad del Motor de Alcañiz (50,5 millones), el aeródromo de Caudé (4,1) y la urbanización de la plataforma turolense Platea (1,8). Resultó concesionaria de la autopista autonómica ARA-1 –insolvente con una deuda de más de 40 millones cuando esperaba ingresar 154 en 30 años- y también obtuvo adjudicaciones como la del fallido hospital de Teruel, otorgada por 62 y por cuya rescisión ahora debe ser indemnizado por tres.

Acciona vuelve a estar esta semana en la picota, al haber trascendido la lista de suculentos regalos de Navidad –cestas de hasta 700 euros y tarjetas de compra en grandes almacenes por cuantías similares- que José María Jordán, su delegado en Aragón en aquella época, realizaba a altos cargos –y a sus asesores e incluso secretarias- del PSOE, el PP y el Par en el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial.

Esos pagos, detectados por los listados que la Policía halló en el ordenador de Jordán, no pueden considerarse sobornos por dos motivos: no está identificada las eventuales contraprestaciones de los receptores a la empresa del obsequiador y, al haber transcurrido más de diez años, los delitos habrían prescrito. No obstante, fuentes jurídicas apuntan que su aceptación entraría en el artículo 422 del Código Penal, que proscribe cualquier “dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función” a una “autoridad o funcionario público”.

En cualquier caso, la filtración de la lista sí ha supuesto un latigazo en el tramo final de la campaña electoral. Y seguirá presente en las semanas siguientes. Podemos meterá el tema en el pleno de las Cortes de la semana que viene, en el que se producirá una comparecencia del presidente autonómico, Javier Lambán, para debatir sobre transparencia con Pablo Echenique.

El secretario general de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, calificó los regalos como “práctica preocupante y alarmantemente extendida”, ya que afecta a dirigentes de los cuatro principales partidos en aquellos años –PSOE, PP, Par y Cha- y a las principales instituciones de la comunidad.

“No conocemos los motivos por los que una multinacional hacía esos regalos. ¿Qué tiene que agradecer?”, se preguntó, antes de señalar que “sería bueno que las explicaciones se dieran pronto” por parte de todas las formaciones cuyos cargos recibieron aguinaldos.

Echenique, por último, consideró “planteable” la reapertura de la comisión de investigación sobre Plaza que la pasada legislatura se realizó en las Cortes de Aragón para tratar los regalos. “Se cerró en falso” y “no depuró nada porque no podía depurar nada”, señaló.