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Banca y fondos buitre Fomento ve "imposible" un acuerdo con los acreedores de las autopistas que se rescatarán

La consecución o no de un acuerdo, sin embargo, no altera el hecho de que Fomento tenga que irse quedando con las vías, y que tendrá que pagar una compenasación a las actuales concesionarias

Imagen de una de las autopistas radiales de Madrid, en quiebra. EFE

Imagen de una de las autopistas radiales de Madrid, en quiebra. EFE

MADRID

PÚBLICO/AGENCIAS

El Ministerio de Fomento ya ve "prácticamente imposible" que el rescate de las ocho autopistas en quiebra se aborde mediante un acuerdo con los acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.200 millones de euros. "Desde el principio dijimos que el acuerdo era muy difícil y, en este momento, ya estamos en la fase de que es casi imposible", reconoció el titular del Departamento, Íñigo de la Serna.

No obstante, la consecución o no de un acuerdo con los acreedores no altera el hecho de que Fomento tenga que irse quedando con las autopistas, una vez que se vayan viendo abocadas a la liquidación en los procesos concursales en que están inmersas desde 2012. De hecho, el Ministerio ya tiene mandato judicial para asumir la gestión de dos radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, antes del próximo mes de julio. Otras dos vías están ya también en liquidación, la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid y la Ap-36 Ocaña-La Roda, si bien en estos casos aún no es firme.

La dificultad de pactar una solución negociada extrajudicial con los acreedores de las autopistas reside en que los bancos acreedores han ido vendiendo la deuda que tienen en estas infraestructuras a fondos buitres después de que en marzo de 2014 no prosperara un primer intento de rescate negociado.

Los bancos acreedores han ido vendiendo la deuda que tienen en estas infraestructuras a fondos buitres

Según explicó De la Serna, con el eventual acuerdo con los acreedores de las vías se pretendía que este rescate de las autopistas tuviera lugar en "unos términos beneficiosos para la Administración General del Estado", esto es, que permitiera que el importe a abonar por el Estado fuera inferior al que se fijara por la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), que con toda seguridad se determinará en un proceso judicial. La RPA es el importe que el Estado tendrá que pagar a los actuales concesionarios de las autopistas, fundamentalmente constructoras, por el importe que invirtieron en su construcción. El sector estima que supondrá una factura de unos 5.000 millones de euros para las arcas públicas, si bien Fomento ya ha indicado que será un importe "sustancialmente menor".

Fomento ya ha asumido que tendrá así que asumir paulatinamente las vías y atender el pago de la deuda con los ingresos que genere el pago del peaje. No obstante, el rescate coincide con la mejora en los tráficos, cuya caída durante la crisis constituyó una de las causas de su quiebra junto con los sobrecostes de las expropiaciones.

Se la Serna se resiste a calificar de rescate la operación con las autopistas en quiebra, ya que, según explica, el Estado no está interviniendo para hacerse con la infraestructura, sino que ésta "revierte al titular, y el titular es el Ministerio de Fomento", que tiene entonces que gestionarlas. "Haya o no haya negociación, lleguemos o no a acuerdo ,tenemos que hacerlo si o si", ha concluido.

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