El Gobierno ha autorizado la OPA del BBVA al Sabadell con duras condiciones  —entre ellas, que no hay una fusión ni un ERE—, por lo que ahora el banco comprador tendrá que decidir si sigue adelante con su plan y si traslada su oferta a los accionistas del banco catalán.

Tras conocerse la decisión del Gobierno, el BBVA trasladó al supervisor bursátil que la está evaluando y declinó hacer cualquier valoración pública.

El BBVA sigue teniendo en su mano la opción de tirar la toalla y renunciar a la OPA o incluso de recurrir la decisión del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo, al que podría pedir cautelarmente que deje en el aire la condición impuesta por el Gobierno.

De momento, el BBVA ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una copia de la resolución que ha adoptado este martes el Gobierno respecto a la condición de que las dos entidades financieras sean independientes durante tres años.  

El Banco Sabadell, por su parte, aprovechó para defender la solidez de "su proyecto en solitario" e instó al BBVA a aportar información sobre cómo impactarán los nuevos requisitos en su capacidad de retribuir al accionista "en el futuro".

 Las distintas reacciones  

Tras la decisión del Gobierno, las reacciones se sucedieron, especialmente en Catalunya. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, celebró la noticia porque garantiza la "competencia equilibrada" y los "derechos de los trabajadores, de clientes y de empresas".

ERC expresó su deseo de que las condiciones del Ejecutivo central hagan "fracasar" la operación, de manera que pueda "preservarse el sistema financiero catalán".

El secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, reclamó que se establezcan mecanismos de control para que la OPA del BBVA sobre el Sabadell no destruya empleos o conlleve el cierre de oficinas de manera "encubierta".

También pidió mecanismos de control la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalana, Pimec, que consideró que las condiciones del Gobierno "abren una ventana de oportunidad para preservar la competencia, el acceso al crédito y el equilibrio territorial". 

Por su parte, la Comisión Europea recordó que cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debería ser "excepcional, proporcionada y justificada por razones de interés público válidas", según un portavoz del Ejecutivo comunitario.