Bruselas ordena a España no pagar una indemnización de un laudo por el recorte en las renovables
La Comisión , en su primera la primera sobre los arbitrajes planteados por los inversores internacionales contra España, sostiene que tal arbitraje es una ayuda de Estado ilegal. España invocará esta decisión en otros casos similares.
Bruselas--Actualizado a
La Comisión Europea concluyó este lunes que el laudo arbitral que ordena a España pagar una compensación a la firma luxemburguesa Antin por la retirada de las ayudas a las renovables en 2013 es ilegal, por lo que ordenó a España no efectuar ningún pago basado en el mismo.
La decisión del Ejecutivo comunitario requiere que España "asegure que ningún pago, ejecución o implementación del laudo arbitral tiene lugar" y recuerda la obligación de los jueces nacionales de ayudar a España a cumplir esta decisión, incluyendo con la toma de "todas las medidas necesarias para evitar el reconocimiento, ejecución o implementación del laudo arbitral en terceros países", informó la institución en un comunicado.
Según explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en una nota, esta es la primera decisión de Bruselas sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que denunciaron los recortes a las primas a las renovables de 2013 aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
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El Ministerio destaca que la conclusión de Bruselas, tramitada como "piloto", respalda la posición de España, que hasta ahora "no ha abonado cantidad alguna" por los distintos laudos dictados, a la espera de que concluyeran los análisis. También subraya que la Comisión es la única autoridad competente para pronunciarse en materia de ayudas de Estado. Por ello, España invocará esta decisión en las distintas jurisdicciones extranjeras en donde el Estado se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeeuropeos.
Investigación del caso desde 2021
El Ejecutivo comunitario inició una investigación en profundidad del caso en julio de 2021 después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le reconociera a Anti en 2018 el derecho a una indemnización de 101 millones de euros por la modificación en el régimen de ayudas a las renovables decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy, y que habría había infringido el Tratado de la Carta de la Energía.
"El laudo arbitral a pagar por España en favor de Antin o de cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir el laudo o cualquier derecho en virtud del mismo es ayuda incompatible bajo las normas de Ayudas de Estado de la UE", señala la Comisión Europea.
Las autoridades de Competencia comunitarias consideran que el laudo arbitral constituye una ayuda de Estado y estas no pueden ser compatibles con las reglas europeas si infringen otras disposiciones del Derecho comunitario, como ocurre a su juicio en el caso de Antin.
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Bruselas explica que el arbitraje dentro de la propia UE para resolver disputas entre Estados e inversores viola reglas fundamentales de la UE sobre la jurisdicción última que tiene el Tribunal de Justicia de la UE y el principio de autonomía del ordenamiento jurídico de la UE.
En el caso de Antin, indica, se trató de una disputa intracomunitaria puesto que inversores de Luxemburgo y Países Bajos la iniciaron contra España utilizando para ello el mecanismo de resolución de disputas de la Carta Europea de la Energía.
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Sin embargo, el TJUE ya sentenció en 2019 que estas disposiciones no se pueden aplicar a las disputas intracomunitarias y, por lo tanto, "carecen de base legal", dice la institución.
Además, aplicarlas mina el sistema de remedios legales que prevé el acervo comunitario para estos casos y por tanto viola los principios de autonomía de del Derecho de la Unión y de confianza mutua entre Estados, como también han recogido otras sentencias de la corte de Luxemburgo.
La Comisión concluye por tanto que el laudo arbitral es ilegal e incompatible con las normas de ayuda de Estado.
Bruselas considera que constituye en concreto una subvención, pero como no se ha efectuado ningún pago, no hay necesidad de que España recupere ninguna suma. Y señala que "España debe seguir resistiendo los intentos de aplicar el laudo, además de no pagarlo voluntariamente".
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Reclamaciones pendientes por 10.635 millones
De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio, los inversores internacionales han presentado, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, 51 arbitrajes contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones.
De los 43 casos sobre los que ya hay decisión judicial, España ha ganado una decena, aunque quedan otros ocho pendientes de laudo, tres fueron anulados y de otros tres desistieron los demandantes. Mientras que del resto perdidos, apuntan desde el Ministerio, España ha logrado que se revisaran a la baja las indemnizaciones en un 85% sobre lo demandado.
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