Despido flexible y menos derechos: el plan de la derecha en Portugal que alarma a los sindicatos españoles

Portugal vive estos días la mayor tensión social de los últimos 12 años. El pasado día 11 de diciembre el país vivió una jornada de huelga general, un hecho que no sucedía desde el año 2013, desde los tiempos de la troika. Los principales sindicatos portugueses convocaron un paro nacional contra la regresiva reforma laboral que pretende sacar adelante el Gobierno conservador de Luís Montenegro. El Ejecutivo luso presentó el pasado verano un paquete legislativo que supone un auténtico recorte de derechos laborales. En concreto, quiere revisar más de 100 artículos del Código del Trabajo portugués. 

El proyecto de ley para la reforma laboral en Portugal está siendo debatido entre confederaciones empresariales y sindicatos, paso obligatorio antes de su presentación al Parlamento. Sin embargo, las organizaciones de los trabajadores decidieron convocar un paro en todo el país ante la falta de diálogo mostrada por el Gobierno. 

La huelga, convocada por los sindicatos UGT-Portugal y CGTP-IN, fue un éxito: el seguimiento fue masivo en el sector público y los transportes. El país quedó paralizado. Los convocantes aseguraron que unos tres millones de personas participaron. Una gran manifestación que discurrió por el centro de Lisboa, la mayor de los últimos años, sirvió como pistoletazo de salida al paro nacional. 

Los sindicatos portugueses denuncian que la reforma laboral del Gobierno de Montenegro, bautizada como Trabajo XXI, es un proyecto regresivo que, entre otras medidas, abarata y facilita el despido, da más poder en la negociación colectiva a las empresarios frente a los trabajadores, pone trabas al derecho de huelga, desregulariza la jornada laboral y precariza el empleo con el aumento de los contratos temporales. Además, el Gobierno conservador pretende reducir el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a disfrutar de los derechos de maternidad y paternidad. 

Según los últimos sondeos, apenas un 22% de la población portuguesa apoya al Gobierno en su plan frente a un 61% que secundó la huelga. El rechazo entre los jóvenes al proyecto gubernamental es incluso mayor y ronda el 70%. 

Ante este escenario, Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra de Trabajo de Portugal, dio un volantazo y recibió este pasado martes a Mário Mourão, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Portugal. Tras la reunión, que calificó de "muy constructiva", la ministra de Trabajo portuguesa anunció que modificará su proyecto de reforma laboral para llegar a un acuerdo con los sindicatos. 

"No se trata de dar marcha atrás, sino de acercar posiciones en una negociación", dijo Palma Ramalho a la prensa sin aportar más detalles. El secretario general de UGT, Mário Mourão, dijo que la reunión lo había dejado optimista sobre la voluntad negociadora del Gobierno y la calificó de un reinicio positivo hacia un acuerdo. 

La reforma laboral por el Gobierno portugués no es nueva. De hecho, la música suena vieja. Las medidas propuestas recuerdan mucho a las que impusieron en su día los Gobiernos europeos tras la crisis financiera que se desencadenó en 2008 y desembocó en el llamado austericidio. También la letra suena a algo ya repetido: el Gobierno portugués argumenta que es necesario implementar la flexibilidad laboral para impulsar la productividad y el crecimiento económico del país. El Ejecutivo de Montenegro aduce que según los datos de Eurostat, la productividad de Portugal por hora trabajada es el 80,5% de la media de la UE, la quinta más baja de la UE. 

"Hoy con pleno empleo, el Gobierno utiliza el argumento de la productividad y la modernización. ¿Para qué?", se preguntaba el día de la huelga Tiago Oliveira, secretario general del sindicato CGTP-IN, resumiendo el malestar de los sindicatos portugueses.

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La advertencia de UGT

La reforma laboral del Ejecutivo portugués tiene repercusiones en España. No es descabellado pensar que lo está ocurriendo en Portugal, con un Gobierno conservador en minoría sostenido desde fuera por la ultraderecha de Chega, puede perfectamente suceder en España. El escenario político español podría ser similar al portugués tras las próximas elecciones legislativas; o incluso peor, dado que casi nadie duda que Vox entraría en el Gobierno. 

En ese sentido, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, recordaba en los días previos a la huelga en Portugal que "eso es lo que se asoma en España". 

"Es importante recordar lo que hemos conseguido con un Gobierno de izquierdas, no sea que luego tengamos que llorar y defender estos logros como los portugueses", añadió Álvarez. 

Las palabras del líder de UGT resumen las direcciones opuestas por las que transitan ahora España y Portugal. Mientras que aquí la última reforma laboral aprobada en 2022 tuvo un marcado carácter progresista —la primera en 40 años— y desde el Ministerio de Trabajo se impulsan medidas como la reducción de la jornada laboral  —aunque no saliera adelante—, la ampliación de permisos o el aumento del salario mínimo, en Portugal el Gobierno de derecha apela a la consabida flexibilidad y a los recortes. 

UGT sostiene que la reforma laboral del Gobierno portugués representa "un retroceso histórico de los derechos laborales" y apela a las ciudadanías portuguesas y españolas a tomar conciencia del "momento crítico en el que vivimos y reflexionen sobre la facilidad con la que la justicia social es sacrificada por el tándem derecha-ultraderecha". 

Lo cierto es que España y Portugal tienen situaciones económicas parecidas: ambas economías crecen —mucho más la española— y crean empleo pero presentan sueldos bajos, precios de la vivienda desbocados, servicios públicos deteriorados y una baja productividad en comparación con Europa. 

La derecha española de momento no muestra sus cartas en materia laboral. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, guarda un prudente silencio. Si en la campaña electoral de 2023 abrazó la reforma laboral de 2022, aduciendo que solo tocaría aspectos puntuales de la norma si se lo pedían sindicatos y patronal, desde entonces el jefe de la oposición se ha mostrado tibio e inconcreto: no ha presentado propuestas laborales específicas en estos dos años, aunque su partido ha votado contra la reducción de la jornada laboral, por ejemplo. El PP, sin embargo, parece mantener su defensa de mayor flexibilidad laboral. 

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De hecho el pasado 28 de noviembre, en un encuentro con la patronal catalana, Foment del Treball, Feijóo  planteó eliminar cargas administrativas que según él penalizan a las pymes y dificultan la creación de empleo. Feijóo apostó ese día por un discurso generalista: denunció el "empobrecimiento masivo" de la población española y destacó la precariedad de los salarios, añadiendo que se pagan demasiados impuestos. La ambigüedad de Feijóo no permite aventurar nada para el futuro, pero tampoco permite descartar que la reforma laboral que quiere implantar el Gobierno portugués no pueda llegar aquí también.