Las diez incógnitas de la caída del Popular un año después

Este jueves se cumple un año de la resolución del Banco Popular, que en ese momento era la sexta entidad financiera española. Fue el último coletazo de la crisis financiera producida por los excesos del ladrillo. 

¿Por qué el Gobierno de Mariano Rajoy optó, tras haber movilizado 193.022 millones de euros en un rescate bancario en el que se dan por perdidos 42.590 millones, por cargar a los bolsillos de los accionistas e inversores el fiasco de Banco Popular y amortizar 4.125 millones antes de vendérselo por un euro al Santander el 7 de junio del año pasado?

Esa sigue siendo la principal incógnita por resolver en torno a este asunto, en torno al cual flotan al menos las otras nueve que siguen.

¿Cómo funcionaron los controles financieros?

El exministro de Economía Luis de Guindos, el mismo que 49 días antes aseguraba que la entidad no tenía “ni problemas de solvencia ni de liquidez” porque “eso es lo que me dicen” desde el Banco de España, sostuvo días después que el objetivo de esa celérica decisión era evitar un concurso de acreedores.

Sin embargo, la publicación del informe de alcance de Deloitte en el que el Gobierno y la UE basaron la ‘resolución’ aumentó las dudas, ya que planteaba un abanico que iba de unos números rojos de 8.200 millones a unos negros de 1.300, con un agujero más probable de 2.000, menos de la mitad del valor nominal del capital amortizado.

La filtración de la última acta del Consejo de Administración, que la víspera de la intervención cifraba el desfase en 6.729 millones (3.125 más que el 31 de diciembre), y la revisión hasta 12.218 que 23 días después efectuaba Santander pusieron sobre la mesa una de las escasas certezas del episodio: nadie conocía a ciencia cierta, cuando menos oficialmente, la situación real del banco, que acabaría generando 303.251 damnificados, 295.749 de ellos con participaciones de menos de 20.000 euros que sumaban el 23% de las acciones.

¿Qué dimensiones tiene el horizonte penal de los ejecutivos?

Las acciones judiciales emprendidas por los afectados están comenzando a arrojar luz sobre la situación real de Banco Popular y a perfilar horizontes inquietantes para algunos de los protagonistas de la historia, caso de los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, que solo estuvo los últimos tres meses y medio en el cargo.

Ambos tienen la consideración de investigados en la causa penal que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ha requerido 82 bloques de documentación al Banco de España, el Frob, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco Central Europeo y una docena de entidades financieras para tratar de esclarecer la situación real y la actuación de los directivos de la casa.

Las querellas que han dado pie a la investigación denuncian la presunta comisión de delitos cuyas penas suman hasta 25 años de cárcel: administración desleal (ocho), apropiación indebida (seis), falsedad documental societaria (cuatro y medio) y ‘simple’ (tres), contra el mercado y los consumidores (cuatro).

Los hechos principales que están bajo investigación son la ampliación de capital de 2016, en la que Popular captó 2.505 millones de euros; la asignación de sueldos y asignaciones millonarias a algunos directivos, la elaboración de las cuentas oficiales de la entidad y una serie de supuestas maniobras para sostener artificialmente la valoración de las acciones.

¿Hay margen para la sorpresa en los tribunales?

Sí, en cualquier momento. La última llegó este mismo miércoles, cuando una de las acusaciones particulares personadas en la causa criminal pidió ampliar la investigación hasta 2012 para esclarecer si Popular desvió dinero a empresas a través de una trama de empresas instrumentales y testaferros en el paraíso fiscal de Luxemburgo, tal como apunta un informe de la Agencia Tributaria adelantado por El Confidencial y por Vozpópuli.

El informe, aportado al caso Nummaria, en el que la Audiencia Nacional investiga a un despacho de abogados presuntamente dedicado a la evasión fiscal de clientes ‘vip’, apunta que Popular habría canalizado al menos 196 millones de euros entre 2012 y 2015 a través de esa red hacia empresas que ya eran morosas para evitar que entraran en causa de disolución y que los créditos impagados pasaran a anotarse como fallidos en el balance del banco.

Esos apuntes habrían modificado la situación contable que la entidad financiera describió en el folleto de oferta de acciones de la ampliación de capital de 2016.

La operativa, según el informe, consistía en conceder créditos a las empresas instrumentales, que posteriormente entraban con esas cantidades en el capital social de las firmas morosas españolas.

¿Hay compensaciones para los damnificados?

Las demandas civiles que centenares de pequeños accionistas están interponiendo para reclamar el dinero que invirtieron en esa ampliación de capital, que han incluido al menos un posicionamiento de la Fiscalía que sostiene que los datos que el banco difundió para captar inversores “no se correspondían con el estado real” de la entidad, están arrojando las primeras luces sobre lo que realmente sucedió en Banco Popular en los años previos al fiasco consumado el 7 de junio de 2017.

Varios juzgados han comenzado a dictar en esta jurisdicción sentencias de primera instancia en las que condenan al banco a devolverles el dinero que invirtieron en comprar acciones en la ampliación de capital al considerar que fueron engañados porque el folleto de oferta ocultaba la situación real de la entidad. Los fallos obligan al banco a pagar también las costas y unos intereses que, a fecha de hoy, suman un 6%, una rentabilidad superior a la que ofrece cualquier producto financiero.

El banco sostiene que quienes no vendieron las acciones al conocerse las cuentas de 2016, que situaban el agujero por encima de los 3.000 millones, y las mantenían el día de la ‘resolución’, “perpetuaron la asunción del riesgo” que habían contraído al adquirirlas, tesis que la mayoría de los jueces está desestimando.

Popular ha aceptado varias de esas condenas, recurribles ante las audiencias provinciales y susceptibles de llegar al Supremo si alguna supera los 600.000 euros o hubiera fallos contradictorios.

Santander había conseguido meses antes desactivar demandas por valor de 764 millones mediante una emisión de ‘bonos de fidelización’ cuyos titulares renunciaban a emprender acciones legales para reclamar su dinero.

¿Cómo queda el resto de afectados?

La posibilidad de que los propietarios de acciones e instrumentos de capital ajenos a la ampliación de 2016 recuperen su dinero (1620 millones) depende de otros pleitos, los que se sustancian en la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y ante el Tribunal de Justicia Europeo contra la decisión del FROB y de la JUR (Junta Única de Resolución), que deben dictaminar la legalidad de la amortización de esos 4.125 millones. O del resultado del proceso penal en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, sentencias favorables en esos tribunales tampoco aseguran nada. En realidad, eso abriría otro escenario incierto, ya que Popular ha sido adquirido por lo que se considera un “tercero de buena fe”, en este caso Banco Santander, lo que supone que habría que buscar otro responsable para reclamar indemnizaciones y abre la posibilidad de que el propio comprador acabara siendo un damnificado.

¿Hay versión oficial sobre cómo estaba el banco?

Todavía no, más allá de las resoluciones del FROB y la JUR y de las contradictorias estimaciones de la última acta de consejo de administración, que describía la situación como “inviable” tanto por falta de liquidez (la fuga de depósitos alcanzó un ritmo de 2.600 millones por semana) como de solvencia para obtenerla, del informe de Deloitte y de las cuentas revisadas por Santander.

El hecho de que Banco Popular superara en 2016 los test de estrés de la EBA (Autoridad Bancaria Europea) sin tener en cuenta la ampliación de capital, que añadiría 2.505 millones a sus arcas, no anima demasiado a tomar ese estudio como una referencia.

El expresidente Emilio Saracho ha sido citado por varios juzgados como testigo en algunos pleitos civiles, aunque hasta la fecha no ha comparecido. Entre otros motivos, porque eso podría “afectar a mi derecho de defensa” en la causa penal.

“Resulta de gran relevancia el hecho de que ostento la condición de investigado” por el juez Andreu por “hechos sustancialmente iguales”, señaló la defensa del exejecutivo de Popular para pedir que una de esas citaciones quedara sin efecto.

¿Se sabe cómo llegó el banco a esa situación?

Tampoco aquí hay versión oficial. Un informe elaborado por la Asociación Europea de Consumidores Derecho y Compromiso y aportado en varias demandas civiles sostiene que Popular llevaba años sin elevar las provisiones de riesgos al aumento de la morosidad de sus clientes, principalmente particulares y pymes, y advierten que, de haber aplicado “razonables coberturas a morosos el resultado consolidado se hubiera visto sensiblemente afectado pudiendo situarse en zona de pérdidas en años en que se habían declarado beneficios”.

Según estos peritos, el porcentaje de cobertura de morosos cayó del 73% del valor de los créditos dudosos en 2008 al 35% en 2011, en plena crisis. El aumento de más de medio millón de deudores que no pagaban sus cuotas entre 2010 y 2011 (de 5.511.156 a 6.055.019) fue simultáneo a una reducción de las provisiones superior a los 300 millones de euros (de 2.770 a 2.448), “lo que responde a una inaudita relación de proporcionalidad indirecta (a mayor morosidad menos provisiones)”, señalan.

Por otro lado, “el banco no reconoció debidamente en sus balances la pérdida de valor de los activos inmobiliarios tóxicos”, añade el dictamen, que apunta que las dimensiones del agujero que declaró Santander a final de junio de 2017 “revela que en realidad estaban aflorando pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores sin que la empresa las hubiera reflejado en sus balances de modo correcto”.

La CNMV lleva unos meses investigando “en qué medida es razonable” que el paso de 3.485 a 12.218 millones es imputable al primer semestre del año pasado o a años anteriores.

“La situación financiera de la entidad se había venido escondiendo a lo largo de los años”, anotan, para “aparentar una situación de solvencia y rentabilidad que nada tenía que ver con la realidad económico, financiero y patrimonial de fondo, en la medida que no se habían corregido, suficientemente, los deterioros crediticios y de la cartera inmobiliaria”.

La comparativa de Popular con sus competidores sitúa a la entidad en 2017 como la que soportaba un mayor ratio de morosidad (14,91%), número de morosos (19.112), volumen de activos tóxicos brutos (valorados en 35.049 millones) y netos (18.458) y ratio de estos sobre el patrimonio (12,55%). Este último dato se sitúa entre el doble y el triple de sus competidores (Sabadell con 5,22% y Bankinter con 2,02%).

¿Popular es ahora viable y/o rentable?

Negocio bancario y filantropía no son, ni mucho menos, sinónimos, y todo apunta a que, en todo caso, Santander pensaba más en lo primero que en lo segundo cuando se hizo con Popular, cuya marca está integrando en su grupo.

Y no le ha ido mal: a los 5.226 millones en deducciones fiscales que adquirió por un euro se le suman una ampliación de capital de 7.702, la venta de la filial estadunidense TotalBank por 444 millones y la desinversión en la gestora de tarjetas Wizink por alrededor de 600, lo que supone casi 14.000 millones para tapar un agujero de algo más de 12.000.

A esas cifras se les añadirán los rendimientos que pueda generar la salida al alquiler de parte de los activos inmobiliarios del banco resuelto, colocados en una sociedad con el fondo Blackstone, el ahorro de costes por el rescate de la gestión de los cajeros y la gestión de la herencia de la cartera de autónomos con la que operaba Popular.

¿Qué ocurre con la plantilla?

La compra de Popular por Santander conllevó ocho meses después un recorte de 1.098 trabajadores de los servicios centrales y las empresas filiales de apoyo de las dos plantillas, en un ERE en el que la peor parte fue para la entidad absorbida, con 769 de esas salidas (70%). A esa cifra se le une la recolocación de otros 575 en las firmas auxiliares.

Los sindicatos temen que ese despido colectivo, que se llevó por delante el 3% de la plantilla conjunta, no será el último. De hecho, esperan otro para principios del año que viene que se centraría en la red de oficinas comerciales una vez haya finalizado la integración de los servicios informáticos de las dos entidades.