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Fiasco banco Popular Santander desactiva demandas por 764 millones de euros por el fiasco de Popular

El banco coloca menos del 80% de los bonos de fidelización, cuya campaña pinchó al activarse los procesos judiciales por la pérdida de las inversiones de miles de ahorradores

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Santander sacará el lunes al mercado de renta fija el sobrante de 217 millones de euros en bonos de fidelización.

Banco Santander ha logrado desactivar eventuales demandas de pequeños accionistas de Popular por valor de 764 millones de euros con la emisión de los llamados bonos de fidelización, según informa la primera entidad en un hecho relevante comunicado esta mañana a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

El volumen de contratación de los bonos, cuyo propio folleto advertía de su “posible falta de conveniencia” para sus destinatarios, pequeños accionistas con perfil de ahorradores pero no de brockers, “ascienden a un total de 7.640.353”, lo que supone “un importe de 764.035.300 euros, lo que representa un 77,88% sobre el importe total de la oferta”, según informa el banco en el hecho relevante.

Esto supone, tal y como adelantó Público, que el proceso de colocación sufrió un pinchazo tras la activación de los procesos judiciales en las vías civil, penal y contenciosa por la operación de ‘resolución’ de Popular y su venta por un euro a Santander, que hizo que se volatilizaran los cientos de millones de euros que decenas de miles de ahorradores habían invertido en acciones del que fuera sexto banco de España durante la ampliación de capital de 2016.

Fidelizar clientes y desactivar pleitos

Los bonos tenían el doble objetivo de fidelizar como clientes de Santander a los de Popular, tras su absorción, y de desactivar las querellas, demandas, recursos y reclamaciones que estos pudieran plantear para recuperar el dinero que perdieron con la ’resolución’ de la segunda entidad. De hecho, la “renuncia al ejercicio de acciones legales” y el cese de las que pudieran haber iniciado, en ambos casos de manera “irrevocable e incondicional”, era el primer punto del folleto.

La oferta, pese tratarse de un producto financiero con complejidad, podía resultar atractiva para determinados perfiles de pequeños accionistas en función del dinero perdido con la ‘resolución’ y la estimación del coste de los pleitos para recuperarlos: quienes invirtieron menos de 100.000 euros obtienen el valor de sus acciones, porcentaje que baja a la mitad que a partir de medio millón y que se sitúa en el 75% entre ambas cifras, en bonos con un valor nominal de cien euros convertible en dinero a los siete años y que generará un interés anual del 1% liquidable trimestralmente.

Popular emitió acciones por valor de 2.505 euros (2.000 millones de acciones a 1,25 euros) en la ampliación de capital, con lo que los bonos de fidelización han cubierto apenas el 30% de la venta de acciones.

El sobrante de 217 millones (más de la cuarta parte de la operación) saldrá el lunes al mercado de renta fija para para su contratación a través del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND) por todo tipo de inversores, que en este caso sí deberán desembolsar el valor de los bonos para hacerse con ellos.

Los procesos judiciales frenan la colocación

La activación de los procesos judiciales, que incluye más de medio centenar de demandas ante el Tribunal General de la UE, varias querellas en la Audiencia Nacional, la de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) con el respaldo de 10.000 accionistas, y varias demandas civiles en las que la Fiscalía ve indicios de que Popular engañó a sus accionistas y en las que ya ha sido desactivado el intento del banco de desentenderse del fiasco, afectó de lleno a la colocación de los bonos.

Santander anunció que en las dos primeras semanas, del 13 al 27 de octubre, coloco la mitad de la emisión. Sin embargo, en octubre, tras la puesta en marcha de la maquinaria judicial ese mismo mes con la admisión a trámite de las primeras querellas y la instrucción de las reclamaciones civiles, el ritmo bajó al 10%, al que solo se le añadió otro 17% en noviembre y los primeros días de diciembre.

Las demandas y las querellas sostienen que Popular engañó a los ahorradores para colocarles las acciones en la ampliación, ya que solo diez meses después de cerrarla afloraba unas pérdidas de 700 millones para ser intervenido dos más tarde con un agujero que el nuevo propietario cifra en 12.218.

Los responsables de la entidad han intentado, sin éxito, endosar cualquier responsabilidad económica a la UE y al Gobierno español alegando que la ‘resolución’ de Popular y su venta por un euro a Santander, con la consiguiente volatilización de las inversiones en acciones, respondió a decisiones de esas instituciones.