Los jueces disparan los recelos de los damnificados de Banco Popular

Los procesos judiciales sobre la ampliación de capital de Banco Popular avanzan tanto en la vía penal, con la admisión a trámite de varias querellas en la Audiencia Nacional y el inicio de las pesquisas, como en la civil, en la que los juicios de Primera Instancia comenzarán a celebrarse en febrero.

Y ese impulso de las causas, con una revisión en profundidad de las cuentas en la primera jurisdicción y un apoyo claro de la Fiscalía a los demandantes en la segunda , ha coincidido con una ralentización de la colocación de los bonos de fidelización lanzados por el nuevo dueño de la entidad, el Santander, para amarrar en su grupo a clientes de la entidad ‘resuelta’ y reducir el número de potenciales demandantes.

Este jueves, 7 de diciembre, finaliza el plazo para acogerse a la emisión, que incluye 9,81 millones de bonos de cien euros y está dirigida a los pequeños inversores que perdieron sus ahorros con la resolución del banco tras haber acudido a la ampliación de capital de 2016, para los que la renuncia “irrevocable e incondicional” al ejercicio de acciones judiciales adquiere “carácter esencial” al contratarlos.

Los pocos datos que se conocen sobre el desarrollo de la emisión, del que fuentes oficiales de Santander declinaron informar a tres días de su cierre, apuntan a que esta se ralentizó de manera notable cuando comenzaron a progresar las acciones judiciales: Santander anunció el 27 de septiembre, a las dos semanas de lanzar los bonos, que había colocado prácticamente la mitad, pero el avance había sido solo de otro 10% en todo el mes de octubre.

Eso supone unos seis millones de bonos, de cuya "posible falta de conveniencia" para inversores minoristas alerta el propio folleto de venta, y un montante de en torno a 600 millones de euros. No obstante, el volumen no es proporcional al número de antiguos accionistas, indican fuentes del banco, ya que la cuantía de los paquetes contratados varía.

El capital social de Popular estaba repartido entre 303.251 accionistas, de los que casi nueve de cada diez (269.586, el 88,9%) poseían paquetes de menos de 15.000 euros que sumaban un valor nominal de 469 millones.

Los EREs entran en su recta final

Mientras tanto, la negociación de los ERE de los servicios centrales de Banco Santander y Banco Popular ha entrado en su recta final. De hecho, fuentes de las mesas apuntaron la posibilidad de que el acuerdo definitivo pueda cerrarse este mismo martes, once días antes de que concluya el periodo de consultas.

Los representantes sindicales centran sus reclamaciones en dos flecos: la reducción del número de extinciones de contrato, que ya bajaron de las 1.585 iniciales a 1.200 tras un tenso inicio de la negociación, y la posibilidad de abrir el plan de prejubilaciones al personal de la red de oficinas, para cubrir esas eventuales bajas voluntarias trasladando a sus puestos personal de los servicios centrales.

El último avance se produjo este lunes, cuando las direcciones de los bancos aceptaron elevar las indemnizaciones de los despedidos de 50 a 54 años hasta el 80% del salario de ocho años, con un límite de 380.000 euros más las primas de voluntariedad y antigüedad, que pueden suponer hasta 60.000 más. Se trata de una medida similar a la aplicada en la última regulación de empleo de Santander, que ha sido la referencia en toda la negociación.

Los acuerdos cerrados hasta este martes contemplan indemnizaciones de 40 días por año trabajado para las extinciones de contrato, con un límite de 24 mensualidades y con primas de voluntariedad de entre 4.000 y 25.000 euros y otros 2.000 por trienio, y el cobro de las prejubilaciones por los herederos en caso de que los exempleados fallezcan antes de cumplir los 63 años.