MADRID.— El debate sobre el futuro de las pensiones públicas ha vuelto a tomar vuelo en España ante el inminente agotamiento del Fondo de Reserva — las previsiones apuntan que no durará más allá de diciembre de 2017— y el progresivo deterioro de las cuentas de la Seguridad Social, que este año acumulará un déficit de más de 16.000 millones de euros.

Ante este panorama, la sostenibilidad del sistema público está más en entredicho que nunca, y las aseguradoras privadas intentan coger su trozo de pastel alertando, estudios mediante, de la necesidad de prepararse para la época de vacas flacas, que ven inevitable. 

Hace escasos días, un estudio de la aseguradora y gestora de fondos Aviva cifraba en 162.000 millones de euros la brecha entre la pensión pública que recibirán los actuales cotizantes y lo que necesitarán para mantener su actual nivel de vida. Dicho de otro modo: cada español necesitaría ahorrar 7.700 euros al año para vivir como hasta ahora al jubilarse.

Este martes otra aseguradora, Aegon, ha presentado su ya clásico Estudio de Preparación para la Jubilación y la principal conclusión es tan clara como inquietante: en España no se ahorra lo suficiente para la jubilación, ni se planifica el futuro con suficiente antelación. En buena parte porque la mitad de la población no llega a final de mes, como apuntó el economista José Carlos Díez, quien ejerció de maestro de ceremonias en la presentación de dicho estudio. Pero entre los que pueden ahorrar muy pocos lo hacen, añadió el consejero delegado de Aegon, Jaime Kirkpatrick, quien recalcó que sólo el 27% de los ciudadanos españoles ahorra de manera habitual para su jubilación.

Pese a esa falta de ahorro, de planificación y de medios para mantener el nivel de vida tras el retiro, la visión de los españoles respecto a su jubilación sigue siendo optimista: el 43% espera retirarse a los 65 años y el 24% espera hacerlo incluso antes. Es más, un 64% considera que la pensión pública será su principal fuente de ingresos. 

Ese optimismo no enfría el pesimismo de muchos economistas: el sistema público de pensiones se tambalea, dicen, víctima de los estragos de la crisis y de la crisis demográfica. Sin embargo, el propio Díez, partidario de incentivar el ahorro privado para complementar las exiguas pensiones públicas del futuro, reconoce que éstas últimas aún exhiben una gran fortaleza: "El sistema de reparto ha funcionado francamente bien. Los pensionistas no han perdido mucho poder adquisitivo gracias a la baja inflación, y la tasa de pobreza entre los pensionistas se ha reducido 10 puntos respecto al promedio general desde 2011, aunque es verdad que eso se debe en parte a que hemos asistido a una devaluación general de las condiciones de vida en todos los sectores de la sociedad". 

Díez también señaló que la Seguridad Social aguantó muy bien la recesión de 2009, pero ya no fue capaz de hacerlo tras la de 2012 y 2013 en parte por la bajada generalizada de los salarios y de las cotizaciones sociales que ha impulsado el PP desde su llegada al poder. Díez explicó en la presentación del estudio lo que ha ocurrido: "En 2015 se pagaron 20.000 millones menos en salarios que en 2011. En ese año la Seguridad Social recaudó 7.000 millones menos que en 2011. Se empezó a tirar de la hucha y ahora se acaba, lo cual abre un escenario nuevo".

Ese escenario nuevo se resume en un dilema: sólo será posible el sistema de pensiones si se suben los impuestos. "No puedes tener una presión fiscal del 38%, cercana a la que tiene Estados Unidos, y mantener un Estado de bienestar como el de los países nórdicos. La conclusión es clara: si quiere mantener las pensiones, el Gobierno tendrá que subir los impuestos", apuntó José Carlos Díez. Esa misma idea es la que defiende Octavio Granado, quien fuera Secretario de Estado de la Seguridad Social durante los Gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso el PSOE se apunta a esta posibilidad: durante la última campaña electoral propuso instaurar una tasa para financiar las pensiones.

Díez, en cualquier caso, lo tiene claro: "En el futuro seguirá habiendo pensiones públicas, mínimas, sí, pero las seguirá habiendo". Por eso, el economista aboga por una reforma de que incluya un modelo mixto entre un sistema de reparto público con uno de capitalización privado obligatorio, lo cual ha aseguró que "está funcionando en otros países". "Tenemos que reformar el sistema público de pensiones a largo plazo y no es sencillo", concluyó el economista.  El debate sigue abierto.