Los fiscales de casi la mitad de los estados de EEUU presentan una demanda contra los nuevos aranceles de Trump
La demanda, liderada por los fiscales de Nueva York, California y Oregón, señala que los nuevos gravámenes violan la protección constitucional de la separación de poderes.
Nueva York/ Washington--Actualizado a
Los fiscales generales de un grupo de 24 estados de EEUU (casi la mitad de los 50 que forman el país) presentaron este jueves una demanda contra el Gobierno de Donald Trump en la primera impugnación legal contra los nuevos aranceles globales del 10%, alegando que el presidente no puede eludir la reciente sentencia del Tribunal Supremo que invalidó la mayoría de los anteriores impuestos a los productos importados.
Los fiscales, liderados por los estados demócratas, entre ellos Nueva York, California y Oregón, sostienen que los nuevos aranceles, que Trump anunció inmediatamente después de la sentencia del alto tribunal del 20 de febrero, también son ilegales. Según ello, los nuevos gravámenes a las importaciones no cumplen los requisitos de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que el mandatario ha invocado para fijarlos, y violan la protección constitucional de la separación de poderes.
Esos aranceles se impusieron por 150 días en virtud de la citada ley de 1974, que tiene por objeto hacer frente a emergencias monetarias a corto plazo, y no a los déficits comerciales habituales que hay cuando una nación rica como Estados Unidos importa más de lo que exporta, según la demanda presentada por los estados ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Nueva York. Argumentan que ningún presidente ha intentado "jamás" imponer aranceles utilizando la Sección 122.
"Es un estatuto arcaico que nunca fue concebido para el propósito actual que le da la Administración Trump", afirmó el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield. "La política económica característica del presidente Trump es históricamente impopular y está costando a los estadounidenses, a nuestras empresas y a nosotros como estados cientos de miles de millones de dólares", dijo Rayfield.
El fiscal general de California, Rob Bonta, indicó que, en lugar de aceptar la decisión del Supremo, Trump "recurrió inmediatamente a una ley diferente, una que nunca se había utilizado en la historia de EEUU para imponer aranceles".
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló por su parte que, con los nuevos aranceles, el presidente está provocando "más caos económico" y esperando que los estadounidenses paguen la factura. A este respecto, el fiscal general de Connecticut, William Tong, destacó un análisis reciente de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que casi el 90% del coste de los aranceles en 2025 fue pagado por los consumidores y las empresas estadounidenses.
La demanda señala que el intento del presidente de usar la ley de 1974 para los nuevos gravámenes "es tan ilegal" como la utilización de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para los aranceles que el Supremo anuló. La demanda busca que la justicia ordene al Gobierno federal emitir reembolsos a los estados por los costos arancelarios que pagaron.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado que el Gobierno defenderá enérgicamente la acción del presidente en los tribunales.
"El presidente está usando la autoridad que le ha otorgado el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y hacer frente a los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de nuestro país", dijo Desai.
El decreto de Trump del 20 de febrero impuso un arancel del 10% a las importaciones, pero el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo el miércoles que es probable que esas tasas aumenten hasta el 15% esta semana.
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Trump ha convertido los aranceles en un pilar central de su política exterior en su segundo mandato, reclamando una autoridad absoluta para imponer aranceles sin la intervención del Congreso.
Pero el 20 de febrero, el Supremo le infligió una dura derrota al anular una gran parte de los aranceles que había impuesto en virtud de la IEEPA, dictaminando que la ley no le otorgaba la autoridad que reclamaba.
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