El Ministerio de Fomento contará con seis meses más para calcular y pagar la factura que supondrá para las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis y actualmente explota el Estado, estimada en más de 2.000 millones de euros.

El plazo del Departamento que dirige José Luis Ábalos para determinar este importe, que inicialmente terminaba en la segunda mitad de este mes de enero, se extenderá hasta julio, según informaron fuentes del Ministerio.

El monto pendiente de calcular es el que el Estado tiene que pagar a las concesionarias que tenían estas autopistas por la inversión que realizaron en su construcción y no amortizaron en el tiempo en el que las explotaron.

Se trata de la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), un importe que Fomento inicialmente ha estimado en algo más de 2.000 millones de euros, por encima de los 1.800 millones hasta ahora calculados, pero que el sector eleva a hasta 5.000 millones.

La legislación sobre concesiones da al Estado seis meses para determinar y pagar esta RPA desde el momento en que se rescinden los contratos de concesión de las infraestructuras que se rescatan. En el caso de las nueve autopistas, la finalización de los contratos se aprobó en los Consejos de Ministros del 13 y el 20 de julio de 2018. Por ello, el plazo para pagar estos importes vencían los mismos días de este mes de enero.

No obstante, la ley permite aplicar una prórroga de seis meses que entra en vigor de forma tácita, según informaron a Europa Press dichas fuentes. Esta extensión del plazo se activará, dado el punto en el que actualmente se encuentra el proceso de cálculo.

Además, aún está pendiente de concluir el rescate de una de las nueve autopistas quebradas, la AP-41 Madrid-Toledo, actualmente en liquidación.

En el inicio del proceso

Fomento apenas ha iniciado el proceso diseñado para determinar la RPA con una audiencia con las exconcesionarias de las autopistas para intercambiar información. En la actualidad, trabaja en un "expediente de interpretación" que defina los distintos conceptos que intervienen en el cálculo de la RPA y detalle todo el proceso, dada la "dificultad y litigiosidad de las normas y disposiciones que la regulan y la extensa documentación".

Una vez este expediente concluya, con su aprobación en Consejo de Ministros, se procederá al propio cálculo del importe, que también conlleva varios pasos, entre ellos, una nueva audiencia a los interesados, un informe de la Abogacía del Estado y un dictámen del Consejo de Estado.

Las autopistas por las que el Estado debe pagar este importe son las que quebraron durante la crisis, fueron rescatadas el pasado año y actualmente gestiona Fomento. Se trata de las cuatro radiales de la capital, la M-12 que une la ciudad con el aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

El peaje de estas ocho autopistas que el Estado rescató el pasado año y explota el Ministerio de Fomento bajará una media del 30% y pasará a ser gratuito en horario nocturno, entre las 0.00 y las 6.00 horas, a partir de este martes, 15 de enero.

Las autopistas públicas se escapan así de la subida media del 1,67% que se aplicó al peaje del resto de vías de pago del país el pasado 1 de enero en virtud de la fórmula automática de actualización de tarifas con que cuenta el sector.

En el caso de las vías rescatadas, la rebaja entra en vigor el 15 de enero en vez del primer día del año por la necesidad de contar con un tiempo de transición en el que "modificar y adaptar los sistemas de gestión del cobro de peajes a las nuevas tarifas".

Con esta bajada, Fomento pretende igualar los distintos peajes que cada una presentaban e incentivar el aumento de su tráfico con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de estas infraestructuras que nunca han alcanzado los proyecciones de usuarios realizadas cuando se construyeron.

En concreto, cuando se pusieron en servicio, entre los años 2000 y 2004, el tráfico de las nueve vías estaba un 75% por debajo de los estimados, según detalla Fomento en el Real Decreto por el que aprobó la rebaja.

En la actualidad, estas autopistas, en línea con el conjunto de la red de pago, mantiene la tendencia de recuperación de tráficos iniciada en 2015, si bien al cierre de 2017 están un 37,5% por debajo del que presentaban antes de la crisis.

Fomento confía en que el aumento del tráfico esperado con la rebaja de tarifas permita elevar hasta un 69% los ingresos de estas autopistas que, no obstante, asume le reportarán pérdidas de explotación durante los cuatro años que estima seguirá explotándolas.