MADRID.- La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha advertido de que las pensiones serán un 35% más bajas tras los cambios introducidos en 2011 y 2013, con los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, respectivamente, que han garantizado los ingresos del sistema, pero han ignorado los derechos morales de los pensionistas y les han hecho cargar con todo el coste del envejecimiento de la sociedad.

En un análisis sobre la situación actual del sistema y las posibles alternativas escrito por Ignacio Zubiri (Universidad del País Vasco), Funcas repasa las dos reformas que, a su parecer, "son poco más que una rebaja generalizada de las pensiones que afectan a todos sus elementos".

Así, bajan la pensión inicial por el aumento del número de años para calcular la pensión, la reducción del peso en la pensión de cada año cotizado y el aumento en el número de años para obtener una pensión completa. Además, hay que tener en cuenta el aumento de la esperanza de vida en España.

Los cambios introducidos también hacen que la pensión se cobre durante dos años menos por el retraso de la edad de jubilación y reducen el valor de las pensiones tras la jubilación porque el índice de revalorización hará que las prestaciones crezcan por debajo de la inflación durante muchos años.

En concreto, Funcas cree que la reforma del 2011 supondrá una rebaja media en la pensión vitalicia en torno al 20%, mientras la reforma del 2013 añadirá una pérdida adicional del 15% por la reducción de la pensión media nominal tras la jubilación. En este segundo caso, al principio se perderá poco, pero las pérdidas se irán acumulando.

En este contexto, Funcas lamenta que las reformas se hayan hecho sólo reduciendo las pensiones y sin aportar ningún recurso extra al sistema, lo que hace que los pensionistas futuros tengan que asumir el coste del envejecimiento de la sociedad cobrando prestaciones más bajas. Esto, a su parecer, equivale a decir que estos pensionistas no tienen derecho a ningún nivel de pensiones y que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, a pesar de haberles obligado a participar en un sistema así --contribuir a la Seguridad Social es obligatorio en España--.

Además, considera "sorprendente" que las reformas hayan salido adelante sin mucha contestación sindical, y cree que se debe a que la baja inflación ha ocultado las verdaderas implicaciones de estos cambios normativos que, además, se vendieron como "necesarios" para salir de la crisis, a pesar de que sus efectos tardarán años en apreciarse.

Según Funcas, el enfoque de las reformas es "inaceptable" porque los trabajadores sí tienen derecho a cierto nivel de pensiones y porque quien ha obligado a los trabajadores a formar parte de este sistema ha sido el propio Estado. "Si el sistema ha salido mal, no parece aceptable que el Estado se lave las manos y les haga soportar el coste", advierte, tras considerar incluso, que cuestiona la propia existencia del sistema.

Por eso, apuesta por una nueva reforma que deshaga parte de las medidas adoptadas y que dote al sistema de recursos adicionales y garantice a los pensionistas una tasa mínima. De hecho, asegura que España podría gastar un 30% más de lo que gasta tras la última reforma, e incluso ir un poco más allá.

En concreto, apuesta por pasar de un modelo actuarial --en el que los ingresos del sistema determinan los gastos del mismo-- a uno social, que funciona al revés y el gasto es el que determina los ingresos que se requieren. Esto se basa en que el objetivo de la Seguridad Social no debe ser actuar como una empresa privada e igualar ingresos y gastos, sino garantizar determinados niveles de bienestar en la jubilación.

Para hacer el cambio, se necesitan ingresos adicionales que, según Funcas, pueden llegar por varias vías: impuestos, aumentos en tipos de cotización y otros ingresos. En concreto, Funcas cree que hay un "amplio margen" para recaudar más por impuestos en España y, aunque hay menos recorrido, también se pueden elevar las cotizaciones a cargo de los trabajadores. Igualmente, se podría potenciar el Fondo de Reserva emitiendo deuda en el futuro.

En concreto, Funcas propone extender la jubilación a los 67 años a toda la población, eliminar las jubilaciones anticipadas y establecer una pensión contributiva para cualquiera que haya cotizado, aunque sea menos de quince años. Además, se inclina por eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización para sustituirlo de nuevo por el IPC, y establecer una cota mínima a la tasa de sustitución definida en términos netos.

Por el lado de los ingresos, la fundación pide aumentar las cotizaciones a cargo del trabajador en tres puntos y del empresario en un punto, así como eliminar el tope de las cotizaciones (sin aumento de las prestaciones). Además, apuesta por crear una "contribución a la solidaridad" que gravaría los patrimonios personales y las ventas de grandes empresas. Estos ingresos se destinarían a financiar las pensiones y a dotar el Fondo de Reserva.

El fondo, según Funcas, puede utilizarse de formar coyuntural, aunque cualquier disposición antes de 2030 debe ser repuesta para poder llegar ese año al 20% del PIB. Podría dotarse tanto con ingresos ordinarios como extraordinarios, como venta de activos y cobro de préstamos, entre otras cosas.

Asimismo, sugiere que se asuma el compromiso de financiar con impuestos generales cualquier déficit del sistema que surja ahora o en el futuro, y que cualquier reducción de cotizaciones sea compensada con una aportación permanente al sistema. Además, resalta la necesidad de reducir el fraude en las cotizaciones y pasar parte de las cotizaciones que ahora se destinan al desempleo a las pensiones cuando el paro baje del 10%.

Finalmente y siempre que sea viable según los acuerdos de estabilidad vigentes con la Unión Europea a partir del año 2030, Funcas propone que parte de las pensiones se financien emitiendo deuda y no con impuestos, lo que permitiría trasladar parte del coste de las pensiones de los años de más envejecimiento a los de menos envejecimiento.