El Gobierno extiende el plazo de los créditos ICO a 10 años y permite las quitas de deuda

El Consejo de Ministros ha aprobado el Código de Buenas Prácticas al que las entidades financieras podrán adherirse para facilitar la renegociación de la deuda avalada contraída por las empresas y los autónomos, que contempla la extensión del plazo de vencimiento de los créditos ICO, la conversión dichos créditos en préstamos participativos y la posibilidad de aplicar quitas a la deuda.

Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se trata de un marco de referencia para implementar, en colaboración con las entidades financieras, las medidas de reestructuración que se aprobaron en el real decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, un paquete dotado con 11.000 millones de euros.

El acuerdo establece las líneas de actuación y requisitos para que las empresas y autónomos que se beneficiaron de créditos con aval del ICO puedan reestructurar su deuda.

En concreto, podrán extender hasta diez años el plazo de amortización de los préstamos avalados, frente a los ocho actuales, al tiempo que los periodos de carencia podrán ampliarse más allá de dos años, siempre con previo acuerdo entre el cliente y el banco.

Además, se mantiene el aval público en los préstamos que, por acuerdo voluntario entre las partes, puedan convertirse en préstamos participativos.

En cuanto a las quitas de deuda, la última opción para el Ejecutivo y para los bancos, se destinarán 3.000 millones de euros para que el ICO, CESCE y CERSA permitan la reducción del importe nominal de la deuda. Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 2022.

"Sin duda, la aprobación del Código va a reforzar la colaboración de los organismos públicos y las entidades financieras, de manera que sea eficiente la aplicación de medidas que refuerce la solvencia de autónomos y preserve nuestro tejido productivo para afrontar en las mejores condiciones la recuperación", ha destacado Montero.

Un código de adhesión voluntaria

El Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria para las entidades financieras, que tendrán un mes para comunicar su adhesión a la Secretaría General del Tesoro.

Los bancos que se adhieran se comprometen a estudiar la situación financiera particular de las empresas y autónomos que pidan beneficiarse del nuevo marco y que cuenten con financiación con aval público.

Según ha destacado la portavoz del Gobierno, se publicitará a las entidades que se adhieran para "estimular el buen hacer de aquellos que quieran participar de solventar y hacer viable estras reestructuraciones que, sin duda, pueden ser la garantía de solvencia para muchas empresas".

La banca ha concedido 126.000 millones de euros de financiación, con aval público de 96.000 millones de euros, en un millón de operaciones formalizadas, el 98% con pymes y autónomos.