El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Durante su intervención en un desayuno online de Nueva Economía Fórum, Escrivá ha subrayado que se trata de una práctica "intolerable", que también se realiza en los meses de verano, "que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar".

"Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiando cómo hacerlo", ha señalado el ministro, que ha explicado que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos "no aceptables", que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana o durante los días de vacaciones.

El ministro ha denunciado que esta práctica "se ha convertido en algo cultural en España", que no sucede en otros países del entorno español y que no puede aceptarse como válida, por lo que se penalizará, de forma que también se contribuirá a luchar contra la temporalidad y el alto grado de rotación de contratos que existe en España.

También para combatir la temporalidad ha instado a revisar el "nicho de contratos temporales" que existe en los sectores de Educación y Sanidad.

La factura de los ERTE este año: 30.000 millones de euros

Por otro lado, Escrivá ha afirmado que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros, y no ha querido cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.

En todo caso, ha señalado que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus.

Sobre el plan para ayudar a la hostelería en el que trabaja el Gobierno, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha querido entrar en muchos detalles pero sí ha avanzado que contendrá medidas fiscales y exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social.

Por otro lado y en relación a la futura reforma de las pensiones, Escrivá ha señalado que, ahora que ya se tienen las recomendaciones del Pacto de Toledo, se está discutiendo esta materia en el ámbito del diálogo social y con las autoridades europeas. Por ello, ha querido ser discreto y no revelar detalles sobre esta futura ley.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, por su parte, ha avisado del coste que tendrá volver a ligar las pensiones con el IPC (un punto por década, como han apuntado ya informes del organismo) y de la necesidad de que esto se compense actuando sobre otros parámetros, como el gasto, los ingresos o la edad de jubilación. Asimismo, ha pedido ser consciente de los efectos que esta medida tiene no sólo en el actual momento temporal, sino también sobre las generaciones venideras.