La Inspección de Trabajo, a la caza de 30.000 casos sospechosos de fraudes con los ERTE

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha lanzado una macroperación en la que en unas semanas va a investigar las condiciones reales en las que se están aplicando los ERTE en más de 30.000 empresas sospechosas de haber cometido distintos tipos de fraudes en su aplicación, según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

Las candidatas a recibir las visitas de los inspectores salen de dos grupos básicamente. Por un lado, están las más de 20.000 que ya llevan unas semanas bajo la lupa tras detectar los inspectores al cruzar documentos que habían incluido en sus expedientes a trabajadores contratados después de la declaración del estado de alarma, entre otras irregularidades.

Este primer bloque incluye a un numeroso grupo de sociedades "que se habían creado unos días antes de la declaración del estado de alarma", señalaron las mismas fuentes, y que seguidamente presentaron solicitudes de declaración de ERTE por fuerza mayor para sus plantillas.

Paralelamente, la Inspección va a reforzar esa línea inicial de trabajo con visitas en los próximos quince días a otras 10.000 empresas en ERTE que hayan sido denunciadas por defraudar con las prestaciones, por ejemplo imponiendo la realización de horas extraordinarias con trabajadores reincorporado mientras otros mantienen las reducciones; que hayan sido señaladas en el Buzón del Fraude, que formen parte de aquellas de las 27.500 cuya supervisión a petición de la autoridad laboral provocó "dudas sobre la concurrencia de causa" del expediente y/o afloró indicios de que pudieran estar manteniendo la actividad de empleados incluidos en ERTE y, también, las "seleccionadas mediante cruce de datos por la Herramienta de Lucha contra el Fraude".

El dispositivo, que contempla "una campaña de actuaciones intensivas" para evitar "el posible fraude derivado de empresas que reinicien o mantengan su actividad sin comunicárselo al SEPE" (Servicio Estatal de Empleo Público) y reincorporen a trabajadores que sigan percibiendo la prestación extraordinaria, prevé, además de las visitas, "comunicaciones directas a 75.000 empresas previamente seleccionadas, advirtiéndoles de sus obligaciones y de las sanciones en caso de incumplimiento", la difusión de una nota informativa en el próximo boletín RED de la Tesorería General de la Seguridad Social y, también, una campaña en redes sociales.

Los inquietantes resultados de las primeras inspecciones

La primera fase de las investigaciones ya incluyó actuaciones de los inspectores en 704 empresas tras haber recibido "denuncias o comunicaciones" sobre la "continuación de la actividad laboral" de sus plantillas, o al menos de parte de ellas, tras habérseles autorizado la aplicación de ERTE con suspensiones de contratos o reducciones de jornada.

Las primeras investigaciones in situ de la Inspección han arrojado unos inquietantes resultados en los que un 73% de las actas de infracción han sido levantadas a empresas estaban dando "ocupación a trabajadores que estaban cobrando el desempleo", otro 8% se corresponde con la detección de trabajadores ficticios que cobraban fraudulentamente del desempleo y un 5% tiene su origen en el empleo de trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Trabajo declinó dar cifras concretas por mantenerse abierto el dispositivo.

Los autónomos sorprendidos desarrollando su actividad mientras recibían la prestación por de actividad suponen el 4,5% de las infracciones detectadas, mientras el 9,5% restante, de tipología variada, queda anotado en el apartado de "otras causas".

Fuentes de Trabajo destacaron que el objetivo de la campaña de inspecciones consiste en "velar por el buen uso de los recursos públicos" y garantizar que, "tras el esfuerzo que está haciendo la Administración, se les dé un destino responsable".

"El esfuerzo inversor que han supuesto los ERTE para proteger el tejido productivo y preservar el empleo debe ir acompañado de un esfuerzo colectivo para prevenir situaciones de fraude, irregularidades y abusos", señaló Héctor Illueca, director de la Inspección, que hizo hincapié en que "tratamos de impedir que el fraude de unos pocos comprometa el esfuerzo de tantos".

Un amplio repertorio de trampas laborales

El dispositivo desplegado por la Inspección, del que pueden derivarse sanciones de hasta 187.000 euros por cada trabajador en situación irregular, viene a confirmar la extensión de las argucias, abusos y fraudes que viene denunciando Público desde que comenzó a aplicarse esta figura laboral, cuyo objetivo es que el Estado se haga cargo de los costes salariales de las empresas, al principio por completo para reducir gradualmente el sostén, mientras los empleados cobran una prestación inferior a su sueldo para reducir el impacto de la pandemia en sus cuentas.

Los ERTE han tenido para las arcas públicas un coste superior a los 5.000 millones de euros mensuales en su fase de mayor intensidad, cuando llegaron a acoger a más de cuatro millones de asalariados, pero eso no ha impedido que una pequeña parte del empresariado desplegara un demencial repertorio de trapazas que incluyó jornadas completas de trabajo para trabajadores con el contrato suspendido o reducido, intentos de suprimir vacaciones por los periodos de regulación o de obligar a trabajar durante su disfrute, incorporaciones al trabajo con sobresueldos en b o la realización de nuevas contrataciones mientras la plantilla está parada.

La labor de los inspectores en las primeras semanas de supervisión de los ERTE ha incluido episodios de todo tipo, como la necesidad de apoyo policial para entrar en un taller mecánico cuyo dueño lo cerró por dentro tras un portazo para ocultar a dos empleados que trabajaban mientras estaban en un ERTE, o el obrador de confitería en el que se ocupaba la decena de empleados que forman la plantilla cuando seis de ellos tenían el contrato suspendido y otros dos, reducido.

Las inspecciones por los ERTE también están aflorado una extendida y precarizadora práctica laboral como es mantener trabajando en un limbo a empleados eventuales cuyo contrato ha vencido, lo que convierte su relación en indefinida automáticamente. Este fraude laboral generó 9.500 contratos fijos en las primeras semanas del dispositivo.