El juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por Iberdrola contra Bankia en la que la eléctrica reclamaba al banco las pérdidas de 12,4 millones de euros que le causó la compra de acciones de la entidad en su salida a bolsa en julio de 2011.

El magistrado basa su decisión en dos hechos relevantes comunicados por Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los que trasladaba sendas rebajas de calificación de la entidad por parte de Moody's y Fitch. Según la sentencia, Iberdrola "contó con dos avisadores de inseguridad e incertidumbre" sobre la situación de Bankia, pese a lo cual compró acciones por un importe de casi 70 millones de euros.

La sentencia señala que la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán no ha demostrado que la contabilidad de Bankia fuera un elemento esencial a la hora de decidir la participación en la salida a bolsa, sino la posible rentabilidad de la inversión.  Luego, según el fallo del juzgado, Iberdrola vendió la mayor parte de sus acciones por las dudas que los inversores internacionales tenían sobre España y no por las dudas de la contabilidad del banco.

Además, dice que no hay relación directa entre la contabilidad de una empresa y su devenir en bolsa, al que afectan muchos más factores exógenos.

El fallo del juzgado de instrucción se acoge a lo dicho por el Tribunal Supremo de que los inversores institucionales podían tener acceso a “otro tipo de información complementaria”. “Y es lo cierto que Iberdrola sí dispuso de una información que parece quedar subsumida en el concepto”, como que se habían producido dos rebajas del rating, cosa que los inversores minoristas podían saber pero que normalmente no conocen.

El magistrado señala que las pruebas practicadas redundan en que la eléctrica "no supo de Bankia nada distinto" de lo que la entidad inscribió en el registro mercantil y después publicó en el folleto de la salida a bolsa.

Fuentes de Iberdrola, que ha sido también condenada a pagar las costas, indicaron que la sentencia desestima sus pretensiones con base a un argumento "poco sólido", por lo que previsiblemente recurrirán ante la Audiencia Provincial.

Otros grandes inversores institucionales que, junto con la mayoría de los bancos españoles participaron en la colocación, como Mutua Madrileña o Mapfre, renunciaron a interponer demandas.

El grupo BFA-Bankia tuvo que ser nacionalizado en 2012 al año siguiente de su salida a bolsa tras descubrir un enorme agujero contable que requirió ayudas públicas de más de 22.000 millones de euros. En mayo del año pasado, dijo que había devuelto más de 1.200 millones de euros a miles de inversores minoristas como compensación.