El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Pedro Cruz Villalón, ha dictaminado este miércoles que el plan de compras ilimitadas de deuda pública (OMT, por sus siglas en inglés) que anunció el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en verano de 2012 —y al que se atribuye haber puesto fin a la crisis que amenazaba la existencia del euro— es "en principio" compatible con los Tratados de la UE.

No obstante, Cruz Villalón ha precisado que, cuando se ponga en marcha, este plan deberá cumplir una serie de condiciones para respetar la legislación comunitaria. En concreto, el BCE tiene que motivar adecuadamente por qué activa la compra de deuda y aplicar el plan de forma proporcional y con cautela para evitar conductas especulativas en el mercado.

El dictamen del abogado general responde a una cuestión planteada por el Tribunal Constitucional de Alemania. Los jueces alemanes pusieron en duda la legalidad de este programa, pero decidieron por primera vez en la historia elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE. La opinión del abogado general no es vinculante, aunque los jueces de Luxemburgo siguen sus recomendaciones en el 80% de los casos. La sentencia final se conocerá en los próximos meses.

En todo caso, este fallo preliminar permite a priori a Draghi seguir adelante con el nuevo programa de compra de deuda que prepara para combatir los riesgos de deflación, que podría anunciarse ya el próximo 22 de enero.

Este plan choca de nuevo con la oposición del Bundesbank alemán.

"Dentro de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente", dijo Draghi durante un discurso en Londres el 26 de julio de 2012 al anunciar el programa de compra ilimitada de deuda sobre el que se ha pronunciado este miércoles la justicia europea. Sus palabras lograron calmar a los mercados y empezar a reducir las primas de riesgo de países como España o Italia, que estaban marcando máximos.

El Tribunal Constitucional alemán preguntaba en concreto al TJUE si el programa, que nunca se ha puesto en marcha, excede el mandato del BCE en materia de política monetaria, usurpa competencias de los Estados miembros e infringe la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros impuesta por los Tratados.