El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que endurece el régimen sancionador del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), con la intención de "reforzar" el cumplimiento de las condiciones de explotación de este tipo de transporte y "garantizar una competencia leal con el sector del taxi".

La normativa, detallada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, revisa el actual marco sancionador recogido en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) para elevar la gravedad de determinadas infracciones, entre las que destaca la realización del servicio sin previa precontratación. También endurece la prestación del servicio en un ámbito territorial distinto al que corresponda o el incumplimiento de la regla de la habitualidad, entre otras cuestiones. Se trata, el endurecimiento, de una medida que venía pidiendo Unidas Podemos dentro del Gobierno.

La formación liderada por Pablo Iglesias había registrado a tal efecto una proposición no de ley en el Congreso instando al endurecimiento del régimen sancionador para los vehículos VTC y que las fuerzas de seguridad tengan capacidad adecuada para sancionar las infracciones que cometan estas licencias. En su iniciativa indicaban que el marco regulador establecido por el Gobierno en el 2018 para estas empresas no se había podido llevar a efecto en toda su dimensión por las diferentes sentencias que han suavizado en unos casos o dejado sin alcance en otros el régimen sancionador, exigiendo corregirlo reformulando precisamente la citada ley y con un régimen sancionador que no pudiese ser cuestionado por efectos de legalidad.

La normativa aprobada este martes por el Consejo de Ministros tipifica además una nueva infracción en relación con el incumplimiento de otras condiciones del servicio, como las relativas al itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo previstas en el marco normativo. Además, con objeto de reforzar la efectividad del nuevo marco sancionador, establece la posibilidad de inmovilizar el vehículo hasta el pago de sanciones muy graves e incluso, en último término, la posibilidad de revocar la autorización de VTC por la comisión de 5 infracciones de naturaleza muy grave en un año.

El propio Gobierno modificó la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor mediante un Real Decreto hace dos años para completar la regulación aprobada en abril de ese mismo 2018, ya que se había revelado insuficiente para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en turismos estaba ocasionando en los principales núcleos urbanos del país.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señala que desde entonces se han llevado a cabo una serie de acciones complementarias para garantizar su operativa, como los trabajos relacionados con el Registro electrónico de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor. De forma adicional existe un grupo de trabajo técnico que trabaja con las comunidades autónomas para compartir buenas prácticas y coordinar las diferentes políticas públicas y las regulaciones que pretendan aprobar las administraciones con competencia en la materia.