¿La primera gran oferta de empleo público desde la crisis o el mayor ERE encubierto de la historia en la administración pública? Hay dos formas de ver el acuerdo al que llegaron los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F y el anterior ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en marzo de 2017 para la “estabilización del empleo” en la Administración Pública.

Hasta 2020, cientos de miles de puestos de trabajo ocupados hasta ahora por trabajadores temporales y empleados interinos van a “estabilizarse”, de manera que los funcionarios que obtengan su plaza en los diferentes concursos oposición que irán realizándose próximamente irán desplazando a estos trabajadores que llevan años —décadas en muchos casos— ocupando un puesto para el que nunca se les dio la oportunidad de consolidarlo. Al menos, hasta ahora.

El objetivo de Montoro y de los sindicatos era reducir hasta el 8% la alta tasa de temporalidad del empleo en las administraciones públicas, que ahora está en el entorno del 30%, y sobre la que Bruselas ya había llamado la atención al Gobierno. El método por el que se llevará a cabo es el concurso oposición, al que puede optar cualquier persona, estuviera o no trabajando en la Administración.

Aquello parecía una buena noticia para el empleo en general y el público en particular pero, de repente, cientos de miles de interinos se sintieron maltratados por el Gobierno y abandonados por los sindicatos. “Si esto lo hubieran hecho en los tres años siguientes en los que llegué a mi puesto lo entendería. No puedo ser funcionario fijo sin una oposición. El problema es que llevo más de 15 años en mi puesto de trabajo”, explica a Público un interino madrileño que prefiere mantenerse en el anonimato y no revelar la administración en la que trabaja. Ahora, con casi 50 años, tendrá que prepararse una oposición si no quiere quedarse sin empleo en esa edad tan comprometida.

Según el Estatuto Básico del Empleo Público, los interinos son aquellos que, “por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera”, pero “no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más”.
El problema es que esa situación de necesidad y urgencia se ha extendido demasiado en el tiempo. “El Estado ha puesto la excusa de la crisis para justificar tanta temporalidad en la Administración, pero se ha abusado de los interinos desde hace muchos años. Han sostenido las administraciones sin que se ofertaran plazas de funcionario y ahora se les va a dar una patada haciéndoles competir con aspirantes jóvenes con tiempo para preparar el examen, cuando ellos ya han demostrado durante años que están capacitados para desempeñarlo”, explica Migue Ángel Lorenzo, representante de Somos Sindicalistas.

El "acuerdazo"

Algunas plataformas de personal interino han calificado este acuerdo entre Montoro y los grandes sindicatos como “el acuerdazo”, critican que se ha abandonado a miles de trabajadores y lamentan que va a “dejar en la calle sin ningún tipo de derecho aproximadamente a unos 500.000 empleados públicos” de los que “la mayoría superan los 40 años, tienen cargas familiares y van a quedar totalmente desprotegidos”. “Creemos que no se ha tenido en cuenta a estos trabajadores a la hora de llegar a un acuerdo, y así lo reconocen los representantes de los grandes sindicatos en las diferentes administraciones; dicen que son órdenes de arriba”, apunta el representante de Somos Sindicalistas.

Fuentes consultadas de CCOO, UGT y CSI-F niegan que no se tuviera en cuenta esta situación pero alegan que la Constitución española deja claro que los empleos públicos exigen igualdad, mérito y capacidad. “La ley no permitía otra forma de acabar con la precariedad y la temporalidad en la Administración, que es de lo que se trata”, explican desde CCOO. No obstante recuerdan que es legítimo que cualquier persona que crea que se vulneran sus derechos los reclame por la vía de los tribunales.

Esta es precisamente la otra cara del llamado “acuerdazo”, ya que el Tribual de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido varios fallos en los que considera que el trabajador interino es, en muchos casos, un trabajador indefinido no fijo y, como tal, tiene derecho a una indemnización cuando sea cesado porque su plaza se ha cubierto. El interino no tiene derecho a indemnización por cese alguna, pero Europa considera que un altísimo número de interinos españoles ha sido contratado en fraude de ley, ya que se les ha utilizado indefinidamente para cubrir puestos estructurales. Por lo tanto, pide a los tribunales españoles que se les indemnice. Aún no está del todo claro si a estos les correspondería una indemnización de 12 o de 20 días por año de trabajo.

Aluvión de denuncias

Por esta razón, además de para evitar “condenar al paro eterno” a cientos de miles de interinos con edades elevadas, Somos Sindicalistas ha pedido que se les ofrezca la posibilidad de mantener sus puestos de trabajo como personal indefinido no fijo hasta la jubilación o la baja por algún motivo. “Así, el Estado se ahorraría millones de euros en indemnizaciones por cese de interinos y se evitaría un previsible colapso de los tribunales”, apunta Lorenzo, que critica que “un abuso realizado por la Administración va a acabar saliendo carísimo para el contribuyente”.

La Comisión Europea ya alertó del gran número de denuncias que han recibido desde España en relación a este asunto. Ya ha informado de que el procedimiento pactado entre Montoro y los sindicatos para reducir la temporalidad es legal, pero también indica que cientos de miles de trabajadores afectados pueden y deben exigir ante los tribunales que sean compensados por un abuso en su modelo de contratación.