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El precio de la tierra La tierra no es para quien la trabaja sino para quien puede pagarla (a precio de oro)

Un informe publicado por el ministerio de Agricultura señala las dificultades que encuentran los agricultores españoles en el acceso a las tierras de cultivo por su alto precio. La Unión de Uniones estima una inversión inicial en tierras de 367.548 euros, sin contar con el coste de la maquinaria. Y todo para obtener una renta inferior a los 20.000 euros al año.

El número de propietarios de tierra que reciben ayudas europeas duplica al de autónomos y empresarios que trabajan en el campo. Foto: PxHere
Un informe publicado por el ministerio de Agricultura señala las dificultades que encuentran los agricultores españoles en el acceso a las tierras de cultivo por su alto precio. —Archivo | PxHere

La vieja máxima de que la tierra es para quien la trabaja hace tiempo que dejó de tener sentido en el campo español: ahora podría decirse más bien que la tierra es para quien pueda pagarla a precio de oro. Emprender un negocio agrícola en España a día de hoy es bastante complicado y caro, según las cuentas que ha hecho la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, una de las principales organizaciones agrarias del país, a raíz de un un informe publicado el pasado jueves por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el acceso a la tierra en el que se describen las barreras que encuentran los agricultores españoles.

La Unión de Uniones estima que de media, una persona que quisiera dedicarse profesionalmente al mundo de la agricultura necesitaría una inversión media inicial en tierras de 367.548 euros, sin contar con la también necesaria inversión en maquinaria. Y todo ello para para generar unas rentas anuales de 18.600 euros, también de media. Es decir se necesitarían algo más de 20 años para, simplemente, amortizar la inversión inicial en una explotación agraria.

Las cifras varían en función del tipo de cultivo: según explica la Unión de Uniones, "para generar en torno a una Unidad de Trabajo Agrario (el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria), se necesitaría una inversión de 297.000 euros en frutales, 369.000 en olivar, 237.000 euros en viñedo y 570.000 en cereales", señala la organización agraria. Pero hay algo peor: ninguno de estos cultivos genera una renta superior a los 20.000 euros anuales: los frutales sólo generan 17.451 euros al año; los olivares, 19.777; los viñedos, 17.494 y los cereales dan 19.685 euros anuales.

La realidad que dibujan estas cifras es ciertamente "dramática". Así la define José Manuel de las Heras, coordinador estatal de Unión de Uniones: "Ahí encontramos la respuesta a por qué no existe un relevo generacional apetecible en el campo. Trabajar de sol a sol sin ninguna perspectiva clara ni inmediata de beneficio desanima a cualquiera. A todo ello hay que sumarle unos precios agrícolas excesivamente bajos. Salvo en los casos en los que el joven que se incorpora recibe la explotación de su padre o de algún familiar, la verdad es que casi nadie se pone a ello".

Casi nadie se pone a ello y una gran parte de España se queda sin gente: con la falta de relevo generacional llega el despoblamiento de las zona rurales. El alto precio de la tierra, ya sea para comprar e incluso arrendar, no sólo dificulta la entrada de nuevos profesionales al sector, sino que además provoca la fuga de otros muchos: según la Encuesta de Población Activa, hasta septiembre de 2020 el paro en el sector agrario creció en 32.000 personas. Además, de media, 7.000 agricultores dejan la tierra cada año. Posiblemente influyan otros factores en la existencia de la España vacía, pero la situación del campo español, que representa un 2,65% del PIB y da trabajo a 658.000 personas, también ayuda a ello.

El informe publicado por el ministerio de Agricultura, titulado Estudio sobre el acceso a la tierra (PDF), hace un diagnóstico bastante certero de la situación: "La baja movilidad, disponibilidad y asequibilidad de tierra, el alto precio de compra y alquiler, la desconfianza de los propietarios ante un comprador o arrendatario desconocido, el valor afectivo de las tierras, la tramitación onerosa y complicada, las implicaciones fiscales, el excesivo desembolso necesario en el comienzo de la actividad, la falta de conocimiento, la falta de asesoramiento sobre modelos de explotación, negocio u orientaciones productivas, el efecto de un sistema de ayudas PAC [Política Agrícola Común] vinculado a la tierra y patrimonializado, así como la inestabilidad del precio del arrendamiento, entre otros. A todos ellos se añaden el desconocimiento de cuáles son las tierras disponibles y la insuficiente relación entre el que deja la actividad y el que busca instalarse", señala el documento.

Lo cierto es que el futuro del sector agrario español pinta negro en el horizonte. El encarecimiento constante del precio de la tierra en los últimos años –un 3% entre 2016 y 2019 al pasar de los 9.882 euros la hectárea a los 10.178 euros, aunque llegó a duplicarse en la primera década del siglo XXI– tiene unas indudables connotaciones negativas, una de ellas la concentración de la propiedad en cada vez menos manos. "En España la tierra no es de quien la trabaja. Está en manos de los que no la labran", sentencia José Manuel de las Heras. El coordinador estatal de Unión de Uniones recuerda que entre el 70% y el 80% de la tierra que labran los agricultores españoles es en régimen de arrendamiento. Casi nadie es propietario.

Pero tampoco arrendar la tierra es barato. La creciente concentración de la propiedad de la tierra impulsa la especulación y aumenta los precios. Además, en más casos de los deseables los propietarios dejan la tìerra sin explotar, recuerda De las Heras: "Las utilizan como refugio del capital, para especular. Ya sé que es difícil, pero deberían tomarse medidas para obligar a aquel que compra la tierra a explotarla él mismo o bien arrendarla para que la explote otro, y a unos precios lógicos y ajustados".

Ejemplo de ello es el empresario Juan Abelló, quien encabeza la lista de los grandes terratenientes españoles, superando hace ya tiempo a a la Casa de Alba, históricamente el mayor propietario agrícola del país. Abelló posee más de 40.000 hectáreas en Toledo, Ciudad Real y Jaén después de haber invertido en el campo parte de lo que ganó en el mundo empresarial.

La tendencia a acaparar tierras agrícolas también está provocando la desaparición de las pequeñas explotaciones y poniendo en peligro la agricultura familiar, dejando paso a la mercantilización del campo y a las grandes explotaciones agrícolas. "En determinadas zonas de España hay ya fondos de inversión que están especulando con el campo: consideran la tierra como un capital de inversión y de negocio y no tanto para producir alimentos. La lógica del capital nos dice que hay que producir más para producir más barato y poder hacer frente a lo que nos viene de fuera. Ese modelo no deja mucha riqueza en el campo. Es contradictorio permitir eso con el mensaje de que hay para poblar el medio rural", se queja De la Heras, quien asegura que en España ya se están destinando tierras agrícolas no al cultivo, sino a la implementación de parques fotovoltaicos por la sencilla razón de que los propietarios obtienen mayores beneficios.

Un banco de tierras

Otro elemento que contribuye al encarecimiento de la tierra tiene que ver con la Política Agraria Común, la conocida como PAC, y el efecto perverso que tiene sobre un buen número de propietarios al distribuir las ayudas en función de las superficies y no del rendimiento de la tierra. Cuanto más tengas más ayudas recibirás. Eso estimula la acaparamiento de tierras. Por eso, Unión de Uniones propone que en el futuro las ayudas de la PAC vayan dirigidas a aquellos agricultores y propietarios que puedan acreditar que al menos el 25% de sus ingresos totales provengan de rentas agrarias y que además se topen por arriba y se ponga un límite a las ayudas.

"En España la tierra no es de quien la trabaja. Está en manos de los que no la labran"

Ante este escenario tan poco halagüeño, De las Heras propone unas cuantas soluciones muchas de ellas contempladas en el documento del ministerio de Agricultura. La creación de un banco de tierras para que los nuevos agricultores puedan acceder a las mismas a un precio justo con la condición de dejarlas a otros cuando se jubilen o cesen en la actividad, es la medida más aplaudida. "Esto, lejos de parecer una reivindicación bolchevique, no es ninguna tontería, hay algún país que esto lo hace y le va muy bien", apunta De las Heras. La dificultad es que en España hay muy pocas tierras agrícolas que sean públicas.

Otra medida es incentivar que los agricultores que se jubilen o quieran dejar sus tierras lo hagan a favor de otra persona que vaya a trabajar esa tierra. "Esto unido a las ayudas de las comunidades autónomas a los jóvenes, haría que la gente se pudiera incorporar en mejores condiciones al campo. Pero para eso, aún hay que trabajar mucho y cambiar la política que se practica ahora, que a día de hoy es más de intención que de realidad", concluye De Las Heras.

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