ZARAGOZA .- “Vivimos en un país con una muy injusta distribución de la tierra”, con un creciente grado de concentración de propiedad que “se asemeja al de países como Sudáfrica o Colombia”, y que en zonas como Extremadura, donde “crece el peso de la empresa mercantil latifundista”, resulta similar al de Brasil y Guatemala. Es una de las principales conclusiones de un estudio coordinado por la Fundación Mundubat y por la revista Soberanía Alimentaria, que añade cómo esos procesos se producen a pesar de que “la tierra agrícola desaparece a un ritmo de más de 80.000 hectáreas al año” en España.

El documento, titulado Estructura de la Propiedad de Tierras en España. Concentración y acaparamiento y que supone uno de los escasos estudios sobre esta materia, reclama “un acceso justo y democrático a la tierra y el manejo sostenible alejado de los movimientos especulativos y el modelo intensivo dominante”, por sus efectos tanto en el mundo agrario como en el equilibrio territorial y la sostenibilidad ecológica.

“La tierra no es solo el suelo sobre el que pisamos o que cultivamos, sino que básicamente es una construcción social y, por lo tanto, se convierte en elemento fundamental para el equilibrio de las comunidades y sociedades”, señala, antes de recordar cómo la distribución de la superficie agraria, que tiene sus casos extremos en los latifundismos andaluz y extremeño y en el minifundismo gallego, ha sido un asunto históricamente obviado por la Administración, con la excepción de la II República y los primeros años de la transición.

Entre 1999 y 2009 se perdieron en España una media de 82 explotaciones diarias, principalmente de menos de cinco hectáreas mientras aumentan las propiedades de 70 a 500. Paralelamente, la pérdida de superficie, ya fuera por abandono o urbanización, se elevaba a 650 por jornada hasta provocar pérdidas superiores al 20% en Euskadi, Asturias y Canarias.

Sin embargo, señala el informe, “el porcentaje de tierra agraria útil que se pierde no es correlativo a la disminución de explotaciones, lo que implica que muchas unidades productivas acaban absorbiendo parte de la tierra que dejan libre las explotaciones que van cerrando”. Eso supone “un proceso de concentración de tierras” como consecuencia del cual la agricultura familiar ha pasado de controlar el 15% de la superficie a solo un 7%.

El proceso es, no obstante, menos acusado que en el conjunto de la UE, donde “el 3 % de las fincas controlan el 50 % de la superficie agrícola” y donde en una década los pequeños y medianos agricultores y agricultoras han perdido el control sobre el 17% de las tierras.

El 94% de los propietarios poseen 16,6 millones de hectáreas -69,32%- en España

Pese a ello, 911.619 personas físicas que suponen el 94% de los propietarios poseen 16,6 millones de hectáreas -69,32%- en España, mientras 21.352 empresas -2,21% de los dueños- gestionan 2,6 millones de hectáreas -11,14%- y las 4.836 propiedades públicas solo suman 1,7, la mayoría en montes y pastos. El reparto era muy distinto diez años antes, periodo en el que casi 700.000 agricultores soltaron 1,7 millones de hectáreas y cerca de 2.000 entidades públicas se deshicieron de 840.000 mientras algo más de 7.000 empresas adquirían casi medio millón.

No obstante, los autores del estudio consideran que “no existe tanto un proceso de acaparamiento” de la tierra, “sino más bien una preocupante y creciente concentración de tierras que consolida la realidad histórica de la tierra en España”, con “un control cada vez mayor del acceso a las tierras y de los modelos productivos en pocas manos y una dificultad cada vez mayor en el acceso democrático a un recurso que resulta clave desde la perspectiva agraria para el futuro del medio rural y del sector agrario”.

En ese proceso intervienen distintos factores, como el envejecimiento de los agricultores –220.000 de los 911.619 titulares de explotaciones tienen más de 65 años-, la escasa incorporación de jóvenes –apenas el 5% de los propietarios- o el acaparamiento de superficies por empresas en zonas de nuevo regadío ejecutadas con fondos públicos, como ocurre en áreas del Canal de Navarra y el Segarra-Garrigues debido a los altos costes para los pequeños agricultores.

El precio de la tierra, que se duplicó entre 1997 y 2008 –la hectárea media subió de 5.272 euros a 10.974.

Aunque también influye, y no poco, el precio de la tierra, que se duplicó entre 1997 y 2008 –la hectárea media subió de 5.272 euros a 10.974- para caer y situarse en el entorno de los 10.000, aunque con excepciones como los cerca de 60.000 que se llegan a pagar por viñedos y plataneros en Canarias o los más de 18.000 y casi 23.000 a los que se cotizan en las zonas de cultivo de cítricos de la Comunitat Valenciana y Andalucía.

Ese aumento de precio, señala el informe, “supone una barrera importante para acceder a las tierras” por lo que “tan solo empresas y fondos de inversión pueden permitirse acceder a comprar la propiedad de dichas tierras, con el riesgo que ello supone por ser agentes que ven la tierra como un capital de inversión y de negocio y no para producir alimentos”.

A ese factor se le suma que la PAC (Política Agraria Comunitaria) distribuye ayudas en función de las superficies y no del rendimiento de la tierra, lo que, al hacer que el 18% de los perceptores reciban el 76% de las subvenciones -5.594 millones de euros-, “ha provocado de forma evidente la consolidación de la estructura de la propiedad de la tierra” ya que “a nadie le interesa perder la propiedad”.

En 2013, recibieron más de un millón de euros de la UE vía PAC 27 empresas, entre ellas Zumos Valencianos -10,3-, Gallo -7,3-, Nutrexpa -5,5-, Vega Sicilia -3,5-, Nestlé -2,7-, Mercadona -2,5- o Casa Alba -2,2-.

Otras, como las comercializadoras de alfalfa de Emiratos Árabes y China –consume más del 10% de la producción agraria mundial-, han optado por acuerdos comerciales que ponen a su servicio varias decenas de miles de hectáreas en España, en una estrategia que comienza a extenderse también en el sector del olivar y, en menor medida, en el viñedo.

En cuanto a los terratenientes de toda la vida, el estudio indica que “1.162 personas tienen explotaciones de más de 500 hectáreas y 181 personas físicas son las representantes del latifundismo clásico español con explotaciones de más de 1.000”, dos terceras partes de las cuales se dedican a pastos. Paralelamente, “la gran propiedad en manos de sociedades mercantiles está representada por 898 sociedades mercantiles con una media de 671 hectáreas cada una y un total de 602.634”. Algo menos de la mitad de ellas -305- acaparan 498.412, con una media de 1.634.

Se ha dado una reducción del peso de los terratenientes tradicionales por ventas y por divisiones para herencias

En este grupo de empresarios y empresas, no obstante, se han dado varias tendencias entre las que destacan, por una parte, la reducción del peso de los terratenientes tradicionales por ventas y por divisiones para herencias y, por otra, la aparición como compradores de bancos, constructoras e industriales que “han visto en la tierra un activo de negocio por diversos motivos” o invierten “para crear cotos de caza” y de entidades agrarias y agroalimentarias consolidadas que han adquirido superficie “para producir y para ganar cuota de mercado en el sector”.

La lista de grandes terratenientes españoles confirma esa tendencia. La encabeza el empresario Juan Abelló, que “dispone de 40.000 hectáreas repartidas en cinco fincas en Toledo, cuatro en Ciudad Real y una en Jaén”, tras desbancar a la casa de Alba, históricamente el mayor propietario del país, que mantiene 34.000 hectáreas y que en 2013 “obtuvo 2,9 millones en subvenciones de la PAC a través de sus 5 empresas agropecuarias”. Tras esa familia se sitúa el ganadero taurino Samuel Flores, propietario de 23.000 tras convertirse en “la persona que más tierras ha acumulado en España a lo largo de los últimos años”.

“Aunque solo sea para hacer una comparación cuantitativa –concluye el informe-, los tres personajes que hemos mencionado, juntos, concentran más tierra que los 44.000 pequeños agricultores de Extremadura y Aragón”.