BARCELONA. ¿Está en crisis el sistema público de pensiones del Estado? El discurso oficial -y las actuaciones del Gobierno español en los últimos años- sugiere exactamente esto, cuando no lo proclama directamente. Y recientemente han vuelto a saltar todas las alarmas, cuando el ejecutivo rompió por enésima vez la hucha de las pensiones. El relato estándar asegura que las pensiones de jubilación son insostenibles en su forma actual, y da por hecho que han de recortarse. Pero no todo el mundo piensa lo mismo. Las voces críticas y las crecientes protestas sociales adivierten de que detrás de esta supuesta inviabilidad del sistema se esconde una clara intención de precarizar y privatizar el sistema de pensiones.

El ejecutivo estatal retiró el pasado 19 de diciembre 936 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la 'hucha' de las pensiones. Un fondo creado en el año 2000 por el gobierno de Aznar, con la idea de hacer frente al aumento del número de pensionistas previsto para cuando llegara a la edad de jubilarse la generación del 'baby boom', entre 2023 y 2040, aproximadamente. Este fondo creció a buen ritmo durante los años de las vacas gordas, nutriéndose de los repetidos superávit anuales del sistema y de los intereses generados.

En 2011, al finalizar la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el fondo acumulaba casi 67.000 millones de euros, el equivalente al 6,6% del PIB español de entonces. Era el pico más alto. Ese mismo año, en plena crisis, la Seguridad Social cerró ligeramente en negativo, por primera vez desde el 1998, cuando dejó de financiar la sanidad pública. El año siguiente, en 2012, apenas llegar a la Moncloa, Mariano Rajoy realizó la primera retirada de capital del fondo. Una retirada que no sería la única. han seguido una veintena, hasta dejar la 'hucha' casi exhausta: ahora sólo quedan unos 15.000 millones de euros, el 1,4% del PIB estatal.

El Gobierno ha retirado fondos de la "hucha" de las pensiones en unas veinte ocasiones. Quedan 15.000 millones de los 67.000 que había

La perspectiva de un agotamiento de la 'hucha', con un sistema es deficitario, es el gran argumento del gobierno central y de los analistas liberales para sugerir varias reformas, siempre en forma de recortes. Desde la llegada del PP al poder, las sucesivas disposiciones de efectivo del fondo han ido regularmente acompañadas de mensajes de tono catastrofista desde el ejecutivo, que ya en 2013 aseguraba, por boca de la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, que "el sistema ha demostrado ser viable hasta aquí, pero esto no nos asegura que pueda serlo en el futuro si no tomamos nuevas decisiones para afrontarlo con tranquilidad".

Estas "decisiones" a las que aludía Báñez eran la reforma de las pensiones del Gobierno del PP de aquel mismo año, que eliminaba la revalorización automática de las pensiones en función de la evolución del IPC -ahora se calcula con una compleja fórmula que no garantiza que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas-, y que, a partir de 2019, contempla recortes adicionales en función del aumento de la esperanza de vida.

Unas reformas que suponen recortes reales de las pensiones. Cómo también lo supusieron las que hizo el gobierno de Zapatero en las postrimerías de su mandato. Unas reformas 'en diferido', que no se aplicarán totalmente hasta 2027, y que retrasaron la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aumentaron de 35 a 37 años el mínimo tiempo de cotización para poder cobrar el 100% de la pensión, e incrementaron de 15 a 24 años el periodo de tiempo para computar el importe de las jubilaciones.

Todos estos recortes se han aplicado con el argumento de la supuesta insostenibilidad del sistema de pensiones. El punto clave del discurso catastrofista parte de de dos hechos ciertos: por un lado, la Seguridad Social lleva cinco ejercicios cerrando con déficit. Por otra, la curva demográfica, que prevé un envejecimiento progresivo de la población para los próximos años, vaticina un futuro en el que disminuiría la proporción de trabajadores en activo -que en nuestro modelo son los que pagan las pensiones actuales- respecto al número de personas en edad percibir pensión. "Se basan en datos reales", señala la economista Miran Etxezarreta, miembro del Seminario Taifa de Economía Crítica, que admite que al sistema "le iría bien una mejora". Pero en la dirección contraria al que piden los teóricos neoliberales y el mundo financiero.

La economista señala que no tiene sentido que las pensiones se tengan que financiar exclusivamente con las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores en activo, y cree que se tendrían que tratar como una partida más de los presupuestos del Estado. "Mantener los abuelos es una cuestión de toda la sociedad, como lo es la escolarización de los niños", indica. Recuerda que "los gastos colectivos del país se cubren con impuestos", y remarca que, si se pagan de esta forma "el ejército o la Casa Real", no ve motivo para no hacer lo mismo con las pensiones.

De la misma opinión es Domiciano Sandoval, portavoz de la Marea Pensionista, que el mismo día del último pellizco del Gobierno central al Fondo de Reserva protagonizó manifestaciones de protesta a todo el Estado. "Si con las cotizaciones no se llega, los Presupuestos del Estado tienen que ayudar", apunta Sandoval, que quiere una "reforma fiscal" como primer paso para mejorar el sistema de pensiones. "Que sean las rentas del capital las que asuman la carga, y no las rentas del trabajo", pide.

Incluso obviando el recurso a los presupuestos, los economistas críticos apuntan varias medidas alternativas e inmediatas. Medidas que, al contrario de las que han aplicado los gobiernos de Rajoy y Zapatero, no buscan recortar gastos, sino incrementar ingresos. En este sentido, una propuesta recurrente es aumentar las cotizaciones sociales a todos los efectos. Otra medida que se ha puesto sobre la mesa es suprimir el tipo la base máxima de cotización de los sueldos más altos, limitada para el 2017 a un máximo de 3.751 euros mensuales. Un tope que significa que un alto directivo que cobre 10.000 euros al mes -"o Amancio Ortega, puntualiza Sandoval"- cotiza como si cobrara este máximo de 3.751 euros.

Para las vuelta a la situación algunos proponen aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social y suprimir el tope máximo

Las voces criticas también señalan que los ejercicios con déficit a la Seguridad Social han llegado en años de una dura crisis, con una elevadísima tasa de paro, con la consiguiente reducción de la población activa que cotiza. Y añaden que, de hecho, las últimas reformas laborales no han hecho otra cosa que empeorar la situación. En parte, por la precarización del mercado de trabajo, con más empleos a tiempo parcial y más sueldos bajos, lo que disminuye el importe de las cotizaciones. Pero también por varias medidas de estímulo de la contratación aplicadas por el Ejecutivo consistentes en rebajar la parte de la cotización que tienen que han de pagar las empresas.

El discurso de la insostenibilidad de las pensiones va acompañado a menudo de loas a las supuestas virtudes del sector privado, en el que se puede suponer que es una preparación del terreno para una futura privatización del sistema de pensiones. Sandoval asegura que el Ejecutivo tenía la intención inicial "de obligar a las empresas, a todas, a tener un plan privado de pensiones". Mientras que Etxezarreta va más allá, y cree que la privatización de las pensiones "ya está ocurriendo". Por una vía indirecta, con las desgravaciones fiscales que acompañan a los planes de pensiones privados. La economista también cree que la propia psicosis sobre el futuro de las pensiones -y la constatación de que los sucesivos gobiernos no hacen otra cosa que recortarlas- puede empujar a los trabajadores a contratar planes de pensiones privados. Cree que esto es "absolutamente el objetivo".

Un objetivo conseguido en parte: según datos de la patronal del sector Inverco, el número de beneficiarios de los planes de pensiones del Estado ha aumentado en un 129% desde el inicio de la crisis, pasando de los 152.000 del 2008 a los 349.000 de septiembre de este año. Si contamos sólo los planes de pensiones individuales, el aumento es todavía mayor: un 171%.

Según datos de la patronal Inverco, los beneficiarios de planes de pensiones privados han crecido en un 129% desde el inicio de la crisis

Los planes de pensiones, sin embargo, están llenos de sombras. En primer lugar, porque no son ni mucho menos asequibles para todo el mundo, y tienen una rentabilidad discutible. A modo de ejemplo, a una de las principales entidades bancarias del Estado habría que aportar más de 5.400 euros anuales -450 mensuales- durante treinta años, es decir, unos 162.000 euros, para obtener un retorno de unos 210.000. Una cifra que, suponiendo una esperanza de vida de 20 años después de la jubilación, supondría una 'pensión' privada de 875 euros al mes. Sin tener en cuenta la inflación acumulada de aquí a 30 años, y valorando que las entidades cobran unas comisiones de hasta el 1,5%. Además, los planes de pensiones son un producto financiero arriesgado, que de hecho han sido registrando pérdidas los últimos años.

"Las pensiones privadas no son la solución", exclama Etxezarreta. "Son horrorosamente arriesgadas y valen cada vez menos", añade. "Si el problema del sistema de pensiones fuera real, que es real a medias, las pensiones privadas no serían en ningún caso la solución", asegura. Y concluye que todo el debate sobre la viabilidad del sistema está "estrechamente ligado al capital financiero", porque "las pensiones mueven muchísimo dinero", y el sector privado quiere su parte.