MADRID.- El exvicepresidente económico Rodrigo Rato ha permanecido siete horas en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, donde ha sido interrogado como investigado en una pieza secreta dentro del sumario abierto por tener un supuesto patrimonio de 6,5 millones en el extranjero.

Las seis personas que han declarado en esta pieza secreta han abandonado el juzgado sin que el juez, Antonio Serrano-Artal, haya dictado medida cautelar alguna sobre ellas. Se investiga la presunta comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales.

Pasadas las cinco de la tarde, Rato ha abandonado la sede de los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde había entrado a las 10 de la mañana cuando fue increpado por algunos preferentistas afectados por Bankia, la entidad que presidió entre 2010 y 2012.

Rato ha declarado junto a su abogado y testaferro Domingo Plazas, así como otras dos personas más investigadas y dos testigos, entre los que se encuentra un familiar de Rato.

Es la segunda vez que declara ante el juez Serrano-Artal, quien en el interrogatorio anterior del 6 de octubre le retiró el pasaporte con la prohibición de salir del país como medida cautelar. En julio, el exvicepresidente económico se había negado a declarar.

El también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional es investigado en el juzgado madrileño por un supuesto autoblanqueo de 6,5 millones de euros en el extranjero por medio de la empresa Kradonara, de la que sería propietario a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por Domingo Plazas. Kradonara tenía una escasa actividad desde que fue constituida en 2001, para empezar a recibir grandes cantidades de dinero en 2011. Sus servicios de consultoría y movimientos de divisas alcanzaron los 6,5 millones de euros de “origen injustificado”, según la Fiscalía, y que salía invertido hacia un hotel de Berlín (Alemania) del que Rato es accionista.

Rodrigo Rato fue presidente de Bankia entre 2010 y 2012, año en que la entidad tuvo que ser rescatada. A partir del año 2010, Kradonara comenzó a ingresar grandes cantidades de divisas procedentes de tres líneas: la Isla de Gernsey (a través de la británica Vivaway, por más de 3 millones de euros), así como Panamá (Westcastle Corporation) y Bahamas (Red Rose), sociedades de las que recibió 3,4 millones entre los años 2012 y 2014.

Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia que la investigación trata de aclarar si pagaron comisiones a Rato, entonces presidente de la entidad.

Se trata de dos pagos de 474.416,64 y 360.608 euros que la presunta sociedad pantalla Albisa realizó a la empresa de Rato, Kradonara, en los años 2011 y 2012. Los pagos se justificaron, aparentemente, como "prestaciones de servicios" efectuados por Kradonara a Albisa cuando en realidad, según los investigadores, se corresponden con comisiones pagadas por Publicis y Zenith.

Este jueves, el magistrado interrogó a los representantes procesales de ambas empresas que pertenecen al mismo Grupo. El juez instructor 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, considera que Rato recibió no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".

El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid mantiene imputadas a otra decena de personas en este procedimiento. Además de a Rato, investiga al que fuera secretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella, al presunto testaferro Alberto Portuondo -el único que se encuentra en prisión- el abogado Domingo Plazas, la que fuera secretaria del exvicepresidente del Gobierno Teresa Arellano y otro presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.

Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre el presidente y el consejero delegado de Publicis, Miguel Ángel Forunes y Xabier Olazábal, así como la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el director ejecutivo, Sergio Lorca, y el extrabajador Fabrizio Bini.

En esta pieza secreta se encuentran, además, imputados el exdirector de Comunicación de Caja Madrid y Bankia Miguel Robledo y una empleada de Portuondo.