La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha mejorado en un escalón la nota de solvencia de la deuda soberana a largo plazo de España, que sube así hasta 'A-' desde 'BBB+', alcanzando su nivel más alto desde abril de 2012, según ha informado la calificadora de riesgos, que asigna una perspectiva positiva al rating español, lo que abre la puerta a nuevas subidas de calificación en el medio plazo.

su análisis, la agencia señala que ni la evolución económica ni presupuestaria de España se han visto obstaculizadas por las tensiones en Catalunya y ha expresado su confianza en que el PIB de España crecerá "más rápido" que la media de la eurozona entre 2018 y 2021, permitiendo de esta manera la continuada reducción del déficit.

En concreto, S&P ha confirmado sus últimas proyecciones de crecimiento para España, cuyo PIB se expandirá un 2,7% este año y un 2,1% el siguiente, para crecer a un ritmo del 1,8% en 2020 y en 2021. Por su parte, la tasa de paro caerá en 2018 hasta el 15,6% y bajará el próximo año al 14,5%, para situarse en el 13,6% un año después, manteniéndose estable en dicho nivel en 2021.

En este contexto, la agencia confía en un incremento del consumo privado impulsado por la mejora del empleo, unas condiciones financieras favorables y la mayor confianza de los hogares, permitiendo un aumento de la inversión, así como la recuperación del mercado inmobiliario y de la construcción. "Si no se materializan riesgos externos, como el creciente proteccionismo, el sector exportador español continuará beneficiándose de su fuerte competitividad y mayor cuota de mercado, así como de las favorables condiciones económicas en la zona euro, mientras que un mayor repunte de los precios del petróleo podría reducir la aportación de las exportaciones al crecimiento del PIB español", dice.

Asimismo, S&P advierte de que la consolidación presupuestaria adicional que debe acometer España, así como el cambio en la postura de la política monetaria del BCE y unos salarios "todavía bajos" probablemente contendrán el aumento del consumo privado, provocando una desaceleración del crecimiento entre 2019 y 2021.

S&P señala que la perspectiva positiva del rating supone que podría mejorar la calificación española en el curso de los próximos 24 meses si el Gobierno logra una mayor consolidación de las cuentas públicas de lo que espera actualmente. Asimismo, la agencia prestará atención a la influencia de la política monetaria del BCE en las condiciones de crédito del país, así como a la evolución de la banca española y apunta que "una relajación adicional de las tensiones en Cataluña también respaldaría una mejora".

Situación política

Por otro lado, la agencia considera que la posición de minoría del Gobierno limita su capacidad de acometer medidas, como demuestra la demora en aprobar los presupuestos de 2018, poniendo a prueba su capacidad de sacar adelante reformas para reducir el déficit estructural. No obstante, la calificadora de riesgos confía en que no habrá una marcha atrás en las reformas ya aplicadas, señalando que en caso de que esto ocurriera "pesaría sobre las perspectivas económicas de España y su solvencia".

Asimismo, en vista de la fragmentación del actual panorama político en España, incluyendo la situación en Catalunya considera que el Gobierno estará más ocupado con asuntos partidistas que en ocasiones anteriores y no descarta la opción de elecciones anticipadas.

En cuanto a Catalunya, S&P asume que tras las últimas elecciones regionales la incertidumbre puede persistir en función del sentido del nuevo Gobierno autonómico, que aún no se ha formado, apuntando como mayor riesgo de crédito la posibilidad de que las tensiones relacionadas acaben provocando una caída sostenida de la confianza de hogares y empresas, especialmente en Catalunya, aunque recuerda que la fortaleza del momento que atraviesa el conjunto de la economía española ya compensó a finales de 2017 la debilidad temporal de Catalunya.

Reacción del Gobierno

Tras conocerse la decisión de la agencia, el ministro de Economía, industria y Competitividad, Román Escolano, ha destacado que la subida del rating por parte de S&P, sólo dos meses después de la de Fitch, confirma la confianza en España de los mercados y las agencias de calificación crediticia. "Es un reconocimiento, además, del esfuerzo reformista en distintos ámbitos llevado a cabo por el Gobierno y la sociedad durante los últimos seis años. Nuestra economía se sustenta en un crecimiento robusto, con fuerte creación de empleo y reducción del déficit público", indicó el ministro, señalando que "S&P pone a España en perspectiva positiva, lo que nos permite augurar nuevas subidas en el futuro".

"La agencia considera que las tensiones políticas en Catalunya han tenido un efecto limitado sobre la economía española, gracias a la confianza institucional que introdujo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esto ha permitido que España haya registrado un crecimiento superior al 3% en 2017 por tercer año consecutivo. Además, la tendencia positiva con la que hemos entrado en el presente ejercicio nos va a permitir revisar al alza las perspectivas de crecimiento incluidas en el cuadro macroeconómico que se presentará el próximo martes?", añadió.

De este modo, el ministro ha considerado que la decisión de S&P contribuirá a diversificar y ampliar la base inversora del Tesoro Público, así como a reducir aún más los costes de financiación del Tesoro, de la economía y, en particular, de las Pymes.

El anuncio de S&P implica que la deuda soberana a largo plazo de España contará con su nota más alta de los últimos seis años en el caso de esta agencia, después de que en abril de 2012 su calificación bajara del 'bien' (categoría A) al 'aprobado' (categoría BBB). S&P Global Ratings tiene previsto volver a evaluar la nota española el próximo 21 de septiembre.

La agencia había elevado por última vez antes el rating de España en octubre de 2015, hasta 'BBB+', mejorando la perspectiva de esta nota a 'positiva' a finales de marzo de 2017, aunque la agencia dejó pasar su primera oportunidad de subir el rating de España a la categoría 'A' el pasado 29 de septiembre, dos días antes del referéndum independentista del 1-O, debido a la incertidumbre por la crisis de Catalunya.

Fitch, la primera agencia en evaluar el rating español en 2018, decidió el pasado 19 de enero elevar la nota de solvencia de España hasta 'A-' desde 'BBB+', asignando una perspectiva 'estable' a la calificación soberana.