"Hay una discriminación tremenda con este sector porque tiene rostro de mujer. La mayoría de las empresas son las mismas que han pactado una subida del 4,5% en la construcción, y ahí no regatean una décima", asegura Maribel Cabañero, secretaria de CCOO del Hábitat en Castilla-La Mancha, para explicar la deriva que ha llevado a convocar nueve días de huelga en enero en el sector de la limpieza en las provincias de Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Toledo, un ramo que "fue declarado esencial en la pandemia, pero luego se han olvidado de él".

El bloqueo de la negociación colectiva, con los convenios provinciales caducados desde finales de 2021, ha hecho que en las tres primeras provincias los salarios pactados se encuentren por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), situado en mil euros mensuales a los que en breve se añadirán otros 80 para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

Esa situación también se ha dado en Huesca, donde tras dos semanas de huelga las trabajadoras de la limpieza acordaron el lunes con las organizaciones empresariales una "tregua" de un mes, hasta el 7 de marzo, para negociar.

En Huesca llevan cinco años sin él, desde el 31 de diciembre de 2017, cuando el SMI estaba en 707,7 euros, y en las cuatro provincias castellanomanchegas desde final de 2021, cuando se encontraba en 965, un cuadro al que se le añade otra particularidad de carácter gravoso: Castilla-La Mancha lleva dos años como la comunidad más inflacionista, con un aumento del IPC del 6,8% tras el 7,6% de 2021, mientras que los registros en el alto Aragón son un 6,1% tras un 7,9% y con un 14,3% acumulado en los cinco años de congelación.

"Las sucesivas subidas del SMI están superando los salarios y generando una convulsión. Si no hay convenio, volveremos a la huelga", explica Esteban Lauroba, de UGT Aragón.

Esa situación, generalizada, lleva camino de generar un goteo de conflictos conforme vayan venciendo los convenios, algo que ocurre a finales de este año en Albacete.

Un ramo feminizado con un 40% de empleo parcial

El 8M está señalado en el calendario de todos esos conflictos, que comienzan a surgir en un sector que comparte los rasgos de feminización y precarización con otros que en los últimos años han logrado mejoras a base de movilizarse como los de las Kellys o de las empleadas del hogar, aunque también presenta diferencias como una mayor presencia sindical y la existencia de una interlocución definida por la parte empresarial.

"Aquí siempre ha habido negociación colectiva y convenios de aplicación en los que se establecía el salario y la jornada. La precarización se da principalmente porque se trata de un sector feminizado", señala Cabañero, mientras Lauroba apunta que "está mucho más regulado que otros sectores, pero se encuentra entre las capas menos favorecidas salarialmente".

De hecho, suele existir un convenio estatal, aunque éste reserva para los provinciales la fijación de los salarios en un modelo que, en cualquier caso, ofrece elevados niveles de precariedad.

La tasa de temporalidad se redujo del 30% al 19% a lo largo del año pasado como consecuencia de los cambios en las normas de contratación que establece la reforma laboral, mientras la parcialidad se mantiene por encima del 40%; es decir, que cuatro de cada diez empleadas no llegan a cobrar el equivalente al SMI como consecuencia de esos recortes de la jornada. 

Más de tres cuartas partes de los trabajadores son mujeres, el 96% de ellas en puestos elementales, mientras los hombres ocupan el 80% de los empleos de mando y de alta cualificación. Y dos tercios del personal supera los 45 años y uno de cada tres es mayor de 55, según reseña un informe de CCOO con datos de la EPA (Encuesta de Población Activa).

"El sector, altamente feminizado, acusa las connotaciones del trabajo precario, que lo ha llevado a convocar huelgas en diferentes comunidades desde una doble perspectiva: de clase, como todos los conflictos laborales, pero también de género", explica Paloma Vázquez, secretaria confederal de Mujeres de CCOO del Hábitat, que recuerda cómo "los sectores dominados por las mujeres presentan altas tasas de trabajo a tiempo parcial asociado, entre otras cuestiones, a desventajas con respecto a los hombres en cuanto a por ejemplo, promoción".

La dependencia de las administraciones públicas

Otro rasgo que define al sector de la limpieza es su dependencia de las administraciones públicas, a las que las empresas del ramo facturaron el año pasado 1.817 millones a través de 2.217 contratas, según los datos del Observatorio de la Contratación Pública, que reseña cómo las rebajas de las ofertas ganadoras sobre los presupuestos de salida sumaron 277 millones de euros (-13%), el equivalente a la masa salarial de 19.875 trabajadores que cobraran el SMI.

Esa dependencia supone al mismo tiempo un rasgo de vulnerabilidad, ya que el empleo depende de la evolución de las contratas.

"Las empresas que obstaculizan todo intento de acuerdo se están beneficiando del dinero público proveniente de las adjudicaciones" en las que, "a pesar de lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público, el precio sigue siendo el elemento que predomina" en lugar de "la calidad del servicio prestado, lo que conlleva aminorar costes a costa de los salarios de las trabajadoras", añade Vázquez.

El foco ha virado hacia ese aspecto en los dos conflictos. "Nos gustaría que las administraciones rescataran los servicios públicos de limpieza, y hemos conseguido que la Diputación y el Ayuntamiento de Huesca inicien un expediente para explorar las posibilidades de asumirlos", explica Lauroba, para quien ese modelo supone "un régimen perverso e injustificable de contratación con el que hay que acabar".

"Con este sistema indecente de subcontratación, en el que las empresas no se juegan nada y solo aporta mano de obra el último de la cadena, se da dinero al dinero", añade el sindicalista de UGT, que anota cómo en caso de internalización de esos servicios "el ahorro para las administraciones sería tremendo solo con el 21% de IVA y el 18% de beneficio industrial que ahora pagan".

En Castilla-La Mancha, mientras tanto, "estamos manteniendo reuniones con los grupos políticos de la comunidad para que fuercen a la Junta a presionar a las empresas" para que se sienten a negociar, anota Cabañero, que denuncia cómo los "servicios mínimos abusivos" redujeron para los clientes institucionales el impacto de la huelga que alcanzó el 85% de seguimiento entre los privados.

"Siempre se escatima en los sectores con rostro de mujer", concluye. La patronal Aspel, que reúne a las principales empresas de contratas de servicios del país, declinó las llamadas de este medio para ofrecer su versión.