MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha detectado falta de medios humanos para tramitar las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en 2103 y ha advertido de que esa situación supuso un riesgo en el abono de las prestaciones.

Así, lo recoge el informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, relativo a la fiscalización de la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa en 2013, hecho público este lunes.

Según el informe, esta situación de carencia de medios humanos ha provocado sobrecostes, falta de control en los juicios, pagos duplicados en el sistema de protección salarial y un bajo índice de cobro de deudas de empresarios y personas físicas.

Según el informe, a 31 de diciembre de 2013 había un total de 221.384 expedientes pendientes de resolver, cifra que supera en un 61% a la del ejercicio anterior.

Además, el Tribunal de Cuentas informa de que el número de expedientes entre 2007 y 2013 se incrementó un 295 %, lo que contrasta con el escaso aumento de la plantilla en el citado período de tiempo.

En cuánto al plazo medio de tramitación de los expedientes de prestaciones de garantía salarial, alcanzó los 201,5 días, frente a la media del año anterior de 185,4 días.

En las tres unidades administrativas periféricas más colapsadas (Madrid, Barcelona y Valencia), el plazo medio fue mucho más elevado. En concreto Barcelona llegó a los 395 días, por delante de Madrid (379) y Valencia (354).

El informe también desvela que el número de letrados del Fogasa era insuficiente en relación a la totalidad de juicios a los que fue emplazado el organismo y, por ello, en determinados casos se abonaron prestaciones como consecuencia de que el trabajador obtuvo una sentencia favorable que, en caso de haber existido oposición de los letrados, podría haber sido de signo contrario.

Además, en 2013, según el Tribunal de Cuentas, doce unidades administrativas periféricas no realizaron ningún envío de información de duplicidades al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en otras hubo importantes deficiencias.

Esta circunstancia ha podido favorecer que el Fogasa no comunicara al SEPE la totalidad de los salarios de tramitación pagados a los trabajadores, por lo que se estaría produciendo el pago duplicado de prestaciones públicas por ambos organismos.

Asimismo, a finales de 2013, el saldo de los deudores por subrogación del Fogasa ascendió a más de 7 millones de euros, lo que correspondía a 174.804 empresarios.

Según el informe, las actuaciones del organismo para la recuperación de dichas deudas fueron muy escasas y el índice de cobro ascendió a un escaso 1,5 % en el ejercicio 2013.