El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó el martes que las cláusulas de arbitraje comunes a casi 200 acuerdos de inversión entre los países miembros de la UE violan la legislación europea, poniendo en cuestión dichos acuerdos y otros alcanzados por el bloque en su conjunto, como los tratados de libre comercio con Canadá (CETA) o el de con EEUU (TTIP)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que la concesión de una indemnización por daños a la aseguradora holandesa Achmea por parte de Eslovaquia en virtud de un tratado bilateral de inversiones (TBI) heredado de la antigua Checoslovaquia violaba la legislación de la UE.

La decisión dijo que el tribunal de arbitraje que dictó la orden no era un tribunal de justicia de un estado miembro, no tenía poder para remitir asuntos al TJUE y sus decisiones eran definitivas, a pesar de que las disputas abordadas por él podrían referirse a la aplicación o interpretación de la legislación de la UE. "La cláusula arbitral incluida en el TBI vulnera la autonomía del Derecho de la Unión y, por tanto, no es compatible con éste", dijo el tribunal.

La Comisión Europea dijo que el dictamen estaba en línea con su postura. "No tiene relación con las inversiones que tenemos en acuerdos comerciales internacionales, esto es otro tipo de asunto", dijo un portavoz en una conferencia de prensa.

El caso ha sido seguido de cerca dentro de la Unión Europea ya que 196 tratados entre miembros de la UE contienen este tipo de cláusulas, algunas concluidas entre países occidentales de la UE para proteger las inversiones de sus compañías en países del este antes de que estos últimos se unieran a la UE.

La República Checa, Estonia, Grecia, España, Italia, Chipre, Letonia, Hungría, Polonia, Rumanía y la Comisión Europea presentaron observaciones en apoyo de los argumentos de Eslovaquia. Alemania, Francia, los Países Bajos, Austria y Finlandia sostuvieron que tales cláusulas eran válidas.

El dictamen podría tener relevancia en los acuerdos comerciales de la UE, que contienen sistemas para zanjar disputas.

El grupo ecologista Amigos de la Tierra dijo que el dictamen hace incluso más incierto que los acuerdos comerciales con sistemas legales paralelos, como el acuerdo entre la UE y Canadá, sean legales bajo la normativa de la UE.

La Comisión Europea ha cambiado su modelo de protección de inversiones para futuros acuerdos, después de la oposición al actual sistema, que según sus detractores da a las multinacionales un poder demasiado grande para influir en las políticas públicas.

El TJUE realizará un dictamen sobre la legalidad del nuevo sistema en un dictamen separado. En el caso del martes, se había pedido al TJUE que se pronunciara sobre un TBI acordado entre los Países Bajos y la antigua Checoslovaquia en 1991.

En 2012, un tribunal determinó que Eslovaquia, estado sucesor de Checoslovaquia, había violado ese TBI y le ordenó pagar 22,1 millones de euros a Achmea. La aseguradora había dicho que sufrió daños financieros después de que Eslovaquia revirtiera en parte la liberalización de su mercado de seguros de enfermedad.

Eslovaquia inició acciones legales en Alemania, desde donde el caso fue remitido al TJUE para decidir si las cláusulas sobre el arbitraje eran compatibles con la legislación de la UE.

Satisfacción de la izquierda en la Eurocámara

Eurodiputados de los Verdes (Greens) y de la Izquierda Unitaria europea (GUE/NGL) celebraron la sentencia del TJUE, al entender que puede hacerse extensivo a otros acuerdos en los que también han denunciado ese uso, como los que hay entre la Unión Europea y Canadá o con Estados Unidos.

Según la eurodiputada finlandesa ecologista Heidi Hautala, "la Corte ha dejado clara la lección: cuando se trata de disputas entre Estado e inversor, debe resolverse por vía judicial y no mediante mecanismos privados". "La sentencia también debe aplicarse a acuerdos controvertidos como el de la UE y Canadá, el tiempo se acaba para estas cláusulas", añadió.

En la misma línea, Lola Sánchez (Podemos) apuntó que la Justicia europea ha confirmado "lo que muchas llevamos años diciendo, desde las instituciones y desde las calles: los tribunales de resolución de disputas entre inversores y Estados no tienen cabida en el ordenamiento jurídico europeo".

"Confío en que la comisión y todos los grupos políticos interpreten este dictamen como lo que es: un texto que cuestiona el un sistema injusto que debemos eliminar. Es decir, que no se limiten a cambiar el nombre de los "tribunales de arbitraje" por el de "corte de arbitraje", añadió.