Créditos de alto coste: la nueva usura moderna a la que el Gobierno quiere poner coto
Algunos microcréditos, préstamos rápidos a través de plataformas digitales y las conocidas como tarjetas 'revolving' conllevan intereses elevadísimos que los expertos no dudan en calificar de usura.
"Hay créditos que parece que están diseñados para provocar el impago", asegura Antonio Gallardo, responsable del servicio de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

Madrid--Actualizado a
El pasado 7 de enero, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, anunció la aprobación por parte del Gobierno de un anteproyecto de ley para limitar los intereses los créditos al consumo y de paso poner cerco —con un régimen específico—, a la industria de los créditos de alto coste, un sector muy propenso a los abusos y a situaciones rayanas con la usura. Cuerpo explicó a la prensa que su propuesta pretende reforzar la protección de los consumidores y garantizar "una reglas homogéneas y predecibles".
El anuncio del Gobierno llega en un momento en el que los créditos al consumo y los llamados créditos de alto coste — microcréditos, los préstamos rápidos ofrecidos a través de plataformas digitales y las cada vez más conocidas como tarjetas revolving— repuntan con fuerza en el mercado. Según los últimos datos del Banco de España, publicados a principios de enero, los créditos al consumo crecieron un 20% en 2025 con respecto a 2024 hasta alcanzar su máximo en 18 años. En el mismo sentido, la Comisión Europea también certificó hace escasos días que España es el tercer país de la eurozona que concede más crédito al consumo.
Además, la medida también supone un importante avance en la transposición de la directiva europea que va a entrar vigor en noviembre de 2026. La nueva normativa europea ampliará el control a todos los contratos y modalidades de crédito al consumo, incluidos aquellos cuyo importe total sea inferior a los 200 euros, microcréditos que hasta ahora quedaban fuera del radar del Banco de España.
De hecho, el Banco de España será el organismo que supervise el cumplimiento de la norma y, además, "podrá prohibir o restringir la comercialización, la distribución o la concesión de los créditos cuando suscite una preocupación significativa desde el punto de vista de los derechos del consumidor", se lee en el texto del anteproyecto.
La propuesta del Gobierno distingue los créditos al consumo de los créditos de alto coste. Para los primeros fija un límite transitorio —hasta que entre en vigor la norma con las enmiendas finales— del 22% de interés tomando como referencia la Tasa Anual Equivalente (TAE), el indicador que muestra el coste real de un producto financiero en un año, incluyendo no solo los intereses, sino también las comisiones y todos los demás gastos asociados al crédito concedido. De acuerdo con la nueva norma, la TAE que ofrezcan los bancos no podrá superar un determinado nivel máximo, que se fijará tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España, al que se añadirá un margen en función del importe del préstamo.
La propuesta del Gobierno establece varios tramos de margen en función de la cantidad solicitada. Si un consumidor solicitara un préstamo de hasta 1.500 euros, el banco podría aplicarle una TAE máxima del 22% (7% del interés del crédito más un margen de 15 puntos). Si pidiera un crédito de entre 1.500 y 6.000 euros tendría un límite del 17%, al aplicarle los intereses del 7% y 10 puntos de margen. Y en el caso de solicitar un préstamo de mayor importe, el tope se situaría en torno al 15%, con un margen de ocho puntos. Para períodos más largos (crédito superior a los 6.000 euros y vencimiento superior a los ocho años), el margen propuesto es de seis puntos porcentuales, lo que daría un tipo máximo del 13%.
"Préstamos desesperados"
El principal problema, sin embargo, radica en los créditos de alto coste. Actualmente en el mercado hay préstamos con intereses por encima del 3.000% TAE. Para poner coto a estos créditos caros, rápidos y generalmente de bajo importe, el Gobierno ha desarrollado una regulación específica que no solo limita los altos intereses que conllevan —interés mensual del 4% y una comisión máxima del 5% sujeta a un máximo de 30 euros—, sino que, además, fija un tiempo mínimo de tres meses para devolverlos.
La medida era reclamada desde hace tiempo por varias asociaciones de consumidores. "La medida del Gobierno nos parece positiva, sobre todo en lo que respecta al microcrédito, aunque no tanto para los créditos al consumo, donde creemos que aún hay margen para bajar los topes. Lo que más nos gusta es que todas las plataformas y sociedades que conceden este tipo de pequeños préstamos pasan a ser supervisadas", valora Antonio Gallardo, responsable del servicio de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).
Según los datos de Asufin, los microcréditos a 30 y 60 días, la modalidad más habitual, han disparado su coste durante 2025. En el caso del microcrédito a un mes, su importe se situaba a finales del año pasado en una TAE media del 3.417,4%, un 138% más que en 2024. Estos intereses se traducen en un coste de 103,42 euros de intereses por pedir 300 euros a devolver en 30 días. En el caso del microcrédito a 60 días, la TAE media a finales 2025 se situaba en 1.492,6%, un 213% más que el año anterior. Siguiendo el ejemplo anterior, por pedir 300 euros a 60 días, los intereses ascienden a 141,20 euros
A modo de ejemplo, Cuerpo explicó el día que anunció la medida que con la entrada en vigor de la nueva normativa ese mismo microcrédito deberá ser reembolsado en un mínimo de tres meses con un coste máximo de 40 euros. Si el consumidor decide reembolsarlo a los 30 días, el coste será de 20 euros.
El representante de Asufin confirma que se producen muchos abusos en el sector de los microcréditos y de los préstamos de alto coste, campo abonado para lo que desde esta asociación han bautizado como "préstamos desesperados". "Ahora mismo hay muchas personas que se encuentran en una situación de claro desamparo", apunta Gallardo.
Este experto explica que quien pide un microcrédito lo hace después de ser expulsado del circuito más tradicional de financiación y de que los bancos le hayan cerrado todas las puertas crediticias: "Ese cliente desesperado que está dispuesto a pagar los elevados costes por impago lo hace generalmente por una necesidad de dinero que no puede cubrir por otras vías".
La desesperación por conseguir un dinero rápido, y bajo la promesa de que se puede devolver en cómodos plazos, provoca al final que muchas personas caigan en manos de empresas cuyo modelo de negocio se basa en tener atrapado al cliente el mayor tiempo posible. "Hay créditos que parece que están diseñados para provocar el impago. Son empresas que animan al cliente a pedir una cantidad lo suficientemente alta para que al final tenga dificultad para devolver ese dinero y se vea obligado a pedir otro crédito para pagar el anterior y así sucesivamente", ilustra Gallardo.
Gallardo señala que en Asufin han visto muchos casos en los que se llega a pagar un 1% diario de intereses de demora. "Por un crédito de 300 euros a un mes, al cuarto mes puedes tener una deuda de 1.400, y sigues pagando", ejemplifica Gallardo.
Además, Gallardo apunta otro elemento que encadena a muchos clientes a estos tipos de crédito de alto coste hasta generar una deuda perpetua: el corto plazo de tiempo para devolverlos. Cuanto más corto sea ese plazo, más vulnerable es el consumidor. Por si esto fuera poco, muchas de estas empresas que hacen este tipo de microcréditos revenden continuamente la deuda para conseguir un recobro, con lo cual muchas veces el cliente no sabe a quién le debe el dinero.
Limitar la usura
Estas prácticas, en opinión de Gallardo, son usura en muchos casos. "El problema es que la usura la tiene que dictaminar un juez y no hay un porcentaje ni límite concreto. Nosotros podemos ver que un 40% de interés es usura, pero igual un juez puede decir que no. Ahora el consumidor está más protegido por la medida del Gobierno".
La usura en España está regulada por la Ley de Represión de la Usura de 1908, conocida por la ley Azcárate. A pesar de la antigüedad de esta norma, hubo que esperar a 2023 para que, en una sentencia, el Tribunal Supremo sentara jurisprudencia señalando que si la diferencia entre la TAE del contrato y el interés medio en la fecha supera en seis puntos porcentuales, puede considerarse usura.
En los últimos años ha habido una avalancha de reclamaciones tanto ante el Banco de España como en los tribunales por este tipo de créditos de alto coste. Es especialmente significativo el caso de las tarjetas revolving, uno de los productos financieros de este tipo más controvertidos y que más denuncias tiene en los tribunales por usura o por falta de transparencia. Las revolving son unas tarjetas que permiten aplazar los pagos de compras y disposiciones de efectivo en cuotas mensuales que el cliente determine. Sin embargo, si el cliente elige una cuota demasiado baja, gran parte de la cuota va a amortizar los intereses y no reduce la deuda.
A menudo las deudas generadas por las tarjetas revolving se consideran perpetuas. A pesar de ello, este producto ha crecido mucho en España y en Europa, a la par que sus intereses. El interés en España se situó en el 18,29% en noviembre de 2025, por encima de la media del 16,42% de la eurozona y únicamente superada por Estonia (19,08%) y Eslovaquia (19%).
Tanto han crecido estas tarjetas revolving que a finales de 2023 se creó un juzgado especializado en Madrid para atender las denuncias por este tipo de producto. Entre octubre de 2023 y febrero de 2025 se habían dictado 3.399 sentencias relacionadas con el crédito revolving, de las cuales el 95% fueron favorables al cliente, ya sea por usura o por falta de transparencia.
Gallardo achaca buena parte del crecimiento de estos créditos al consumo a la acción de los bancos, especialmente entre los jóvenes, para los que aspirar a una hipoteca es, sencillamente, imposible, pero no pedir un crédito al consumo. El portavoz de Asufin cree que estamos asistiendo a un cambio cultural. "Los bancos están incentivando el crecimiento de los créditos al consumo a medida que hay menos clientes que se hipotecan. Es prototípico el caso del joven que gana 1.200 o 1.300 euros, quiere irse de vacaciones, no está pagando una hipoteca. Ese cliente pasa los filtros sin problemas".
En cualquier caso, Gallardo, que dice que en Asufin hay muchas reclamaciones, incide en la responsabilidad del cliente a la hora de pedir un crédito al consumo, sobre todo para no caer luego en las garras de los pequeños créditos de alto coste. "No podemos pedir un préstamo para todo, porque en el corto plazo nos incitan a pagar muy poca cuota, pero lo que estamos pagando en realidad son muchos intereses. Además, el préstamo de ahora me condiciona el préstamo de futuro", concluye el experto.



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