Tres de cada cuatro jóvenes con trabajo no pueden emanciparse

Tienes 23, 26, quizá 30 años. Has terminado tus estudios. O estás en proceso de hacerlo. Probablemente ya trabajas. A lo mejor incluso lo llevas haciendo unos años. Con una meta rondándote la cabeza. La posibilidad de independizarte, de tener una vida propia. Tuya. Spoiler, no lo consigues. Por lo menos la estadística no está de tu parte. Mejoran los datos de paro juvenil, se reduce la temporalidad, suben ligeramente los salarios... Aún así, los jóvenes españoles no pueden abandonar la casa familiar. De hecho, lo hacen menos que nunca. 

Según el último balance del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, publicado este martes, solo el 15,2% de los menores de 35 años vivía por su cuenta a finales del año pasado. Uno de cada diez. 102.203 menos que en 2023. Se trata de los peores datos desde que el CJE inciaria los registros, allá por el año 2006. ¿La explicación? El precio medio del alquiler continúa batiendo récords. 

A finales de 2024 se situaba en 1.080 euros mensuales. Y eso haciendo la trampa de dejar fuera los suministros. Sumando agua, electricidad y gas a la factura, el precio final rondaba los 1.200. Treinta euros por encima del salario medio de una persona joven en España. Condenando a los menores de 35 a los números rojos. “Mientras la emancipación baja, el precio de la vivienda sube. La conclusión evidente es que el principal freno de la independencia de los jóvenes es precisamente el precio de los hogares, que se come la modesta subida salarial”, razona Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del CJE.

Da igual dónde vivas. En base a los datos del Observatorio, el coste medio del alquiler rebasa por sí solo el 100% de los salarios en cuatro territorios: Baleares, Canarias, Catalunya y Madrid. Les siguen de cerca Andalucía, Euskadi y País Valencià, con porcentajes de esfuerzo de en torno al 90%. Al otro extremo de la tabla se sitúan Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde los jóvenes emplean un 60% de su sueldo al pago de la mensualidad del alquiler. La cifra más baja, sí, pero el doble recomendado por la Ley de Vivienda. “Como consecuencia, los jóvenes vivimos con el miedo constante a no llegar a fin de mes, además de soportar empleos precarios y residir en viviendas infradotadas”, problematiza Muñoz.

Una generación inquilina

Los números no salen. Toca compartir. Y es que, según el informe, solo un 19,7% de los jóvenes emancipados vive solo. ¿La alternativa más habitual? El alquiler de habitaciones, que tampoco sale barato. “Estamos hablando de precios medios de 380 euros. El 35% del salario de una persona joven”, confirma Muñoz. Lo que es ya directamente implanteable -añade- es aspirar a tener una vivienda en propiedad. Los datos lo corroboran. El precio medio de compraventa de una vivienda alcanzó a finales de 2024 los 197.210 euros. Una cantidad a la que habría que destinar 14 años íntegros del sueldo medio de un joven español. “Más otros cuatro años solo para ahorrar la entrada”, puntualiza el analista. “Como resultado estamos condenados a ser una generación inquilina. Casi el 60% ya lo somos”, completa.

"Ni siquiera con trabajo y formación conseguimos acceder a una vivienda con normalidad", denuncia Javier Muñoz

La culpa -insisten desde el Consejo- no es de los jóvenes. “Ni somos ninis, ni somos la generación de cristal”, protesta Muñoz. Más bien al contrario. Frente a un escaso 2,2% de jóvenes desempleados que tampoco estudian, el 35,5% de los jóvenes compaginan ya estudios y trabajo. “Un porcentaje que no para de subir, porque eso de estudiar fuera de casa se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos”, insiste el investigador. “Si somos algo, es cada vez más sisis”, corrige.

Una característica más de las nuevas generaciones: la pobreza laboral. Solo el 26,4 % de las personas jóvenes con empleo estaban emancipadas a finales del año pasado. “Es la nueva realidad. Tener un trabajo ya no te garantiza poder independizarte, ni tener tu propio proyecto de vida”, critica Muñoz. No termina ahí. Según el informe, dos de cada diez jóvenes ocupados están en riesgo de pobreza o exclusión social. “Ni siquiera con trabajo y formación -que tampoco deberían ser una exigencia para vivir con dignidad- conseguimos acceder a una vivienda con normalidad”, sentencia el investigador. “Es la precariedad más absoluta”.

Legislar para los jóvenes

“No hay que caer en el derrotismo. Todavía hay margen para actuar”, incide Muñoz. ¿La clave? Una reforma fiscal. Para que especular con la vivienda deje de resultar tan rentable. “Lo primero es modificar ese 50% de bonificación fiscal para los caseros que recoge la ley. Hay que subir los impuestos a todo aquel que destine sus viviendas al alquiler turístico y de temporada o que las deje inhabitadas”, desarrolla el investigador. Promoviendo, en su lugar, el alquiler asequible y a largo plazo. “También es el momento de parar de hablar tanto de la seguridad de los propietarios y poner el foco en la vulnerabilidad de quien habita esas vivienda, en los inquilinos”, continúa proponiendo. A través de una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la regulación efectiva del alquiler turístico y de temporada.

“Basta ya de boicotear la Ley de Vivienda. Existen herramientas, solo falta la voluntad política”, reprochan desde el CJE

Las ayudas tampoco acaban de funcionar. “El Bono Alquiler Joven, por ejemplo, llega a menos del 1% de los menores de 35 años. Según los datos de nuestro informe, el porcentaje de personas necesitadas de esta ayuda es mucho mayor”, denuncia Muñoz. Faltan inversión y unos requisitos ajustados al mercado. “Esto se debe a que hay una desconexión total de la política con las condiciones de vida de los jóvenes. Tienen que empezar a incluirnos en la conversación”, valora el investigador. “Solo entonces se empezarán a tener en cuenta nuestras necesidades”, concluye.

El problema de la vivienda va mucho más allá de los jóvenes. Condiciona las posibilidades vitales del conjunto de los españoles. Cebándose con otros grupos vulnerables, como la población migrante. “Es de tal envergadura que todas las administraciones deberían demostrar la responsabilidad suficiente como para coordinarse y aportar los fondos necesarios”, demanda Muñoz. “Basta ya de boicotear la Ley de Vivienda y sus mecanismos. Existen herramientas, solo falta la voluntad política”, reprocha el analista.