La Generalitat de Catalunya presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra real decreto ley de medidas urgentes sobre sanidad, que califica de inconstitucional porque invade competencias de la Generalitat.

Lo ha acordado el Consell Executiu después de que el Consell de Garanties Estatutàries apreciase este lunes que el recorte vulnera la Constitución y el Estatut, informa Europa Press.

Por otra parte, el Parlament ha abierto un plazo para que, después de las conclusiones del Consell de Garanties, la cámara pueda presentar otro recurso contra los ajustes sanitarios. PSC, ICV-EUiA y ERC habían pedido un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, al entender que la reforma sanitaria del Gobierno de Mariano Rajoy vulnera derechos fundamentales e invade competencias de la Generalitat.

En el escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consell aprecia que el decreto es contrario a los artículos 14, 43 y 86.1 de la Constitución (CE), además de invadir las competencias de la Generalitat recogidas en los artículos 115, 136 y 162 del Estatut. Defiende además que el Gobierno puede recurrir a la fórmula del decreto sólo 'en caso de extraordinaria y urgente necesidad' sin afectar al 'ordenamiento de las instituciones básicas del Estado'.

Además, considera inconstitucional el artículo que regula la asistencia sanitaria a los extranjeros 'no registrados ni autorizados como residentes', que serán atendidos en urgencias, en casos de embarazo y parto, y los menores en el servicio de pediatría.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, considera en cambio que el Real Decreto Ley de medidas urgentes sobre sanidad es constitucional y recuerda que es una ley aprobada por el Parlamento. Para la responsable de Sanidad, el decreto impulsado por el Gobierno 'es escrupulosamente respetuoso con la Constitución y garantiza la viabilidad del sistema sanitario en el futuro'.

'Es una buena fórmula para que sigamos contando con una sanidad pública gratuita y de calidad para todos los ciudadanos', ha concluido la ministra, a la salida de la firma de un convenio con la FEMP para la gestión de un servicio de atención a víctimas de violencia de género.