España firmó la Convención de Armas Químicas en 1993, ratificándola en 1997 y formando parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya (Países Bajos), en 1997. Desde entonces, se ha convertido en uno de los pilares de la organización, no sólo en cuanto a financiación sino también en su operativa. Nieves García, secretaria de la Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas (ANPAQ), explica que "del presupuesto anual de unos 75 millones de euros que maneja la organización, España aporta dos millones al año, siendo el octavo contribuyente".

Paralelamente, nuestro país cuenta con uno de los 20 laboratorios certificados por la OPAQ para poder analizar y contra analizar agentes químicos tóxicos. Se trata del Laboratorio de Verificación de ‘La Marañosa', conocido como LAVEMA, dependiente del Instituto Tecnológico 'La Marañosa' (ITM) del ministerio de Defensa en San Martín de la Vega (Madrid).

Este laboratorio juega un papel fundamental a la hora de inspeccionar y detectar armas químicas o sustancias precursoras de este tipo de armamento. La OPAQ cuenta con una base de datos de datos analíticos única a nivel internacional, homologada y examinada por expertos en la materia, con información sobre más de 3.400 compuestos vinculados a las armas químicas. Nieves García señala que este "laboratorio del Ministerio de Defensa, acreditado por la OPAQ para emitir informes vinculantes en caso de necesidad por el uso de agresivos químicos, debe aprobar unos exámenes todos los años si quiere seguir conservando su acreditación".

La secretaria de ANPAQ, organismo presidido por la subsecretaría de Asuntos Exteriores y con vicepresidencia en la subsecretaría del ministerio de Defensa, explica que "nosotros nos ocupamos de los aspectos técnicos de la Convención de Armas Químicas, principalmente de lo que afecta a las empresas españolas que utilizan ciertas sustancias químicas de doble uso, o que fabrican sustancias químicas orgánicas de diferente índole", desde productos farmacéuticos, a colorantes, esencias, etc.                                                                                     

No proliferación en España

Aunque Nieves García asegura que, cuando se ratificó la Convención, España no era poseedor de armas químicas, las inspecciones sí le afectan en su actividad comercial e industrial, puesto que muchos de los 3.400 compuestos químicos contemplados por la OPAQ se utilizan en procesos productivos con destino a uso civil. Se trata de las denominadas "sustancias de doble uso", que siendo empleados por la industria y los centros de investigación para actividades lícitas también pueden desviarse de estos usos para la fabricación ilegal de armas químicas. Es el caso de las sustancias ignífugas con que impregnan los rellenos de tapizados de sillas y butacas o el aislante de los tubos de aire acondicionado. Jaime Alejandre, experto en armas químicas, explica que "simplificándolo mucho, el fosgeno que se usa para el relleno de las butacas, basta mezclarlo con cloro para obtener gas mostaza".

Este es el motivo por el que la industria pasa exhaustivos exámenes de la OPAQ, tutelados por ANPAQ. En el caso español, García indica que nuestro país ya ha pasado más de medio centenar de inspecciones sin ninguna incidencia destacable. Sólo en España, el número de instalaciones bajo control alcanza potencialmente las 8.000.

Las inspecciones, llevadas a cabo por entre 3 y 5 inspectores de diferentes nacionalidades, son anunciadas por la OPAQ con 48 horas de antelación y, tal y como explica García, son extraordinariamente intrusivas para así descartar que no se hayan producido desvíos de sustancias químicas para otros fines que los declarados por esa instalación: "Se meten hasta la cocina revisando facturas de compra y venta, partes de producción, visitando plantas piloto, almacenes", explica, llegando incluso a plantear ciertas tensiones por cuestiones de propiedad industrial en las que ANPAQ ha de arbitrar.

Los 3.400 compuestos vinculados a las armas químicas que conforman la base de datos de la OPAQ han sido divididos en tres grupos que van desde los agresivos químicos totalmente prohibidos -salvo en los casos de sustancias necesarias para la protección de la propia sociedad, investigación médica o farmacéutica-, los de uso legítimo que afecta a pocos sectores como el farmacéutico, tinturas y textil (materiales ignífugos) y un tercero, mucho más amplio que va desde los detergentes, a productos de belleza e higiene, cementos o pilas.

En el cado del primer grupo (sustancias prohibidas) y siempre y cuando sea para fines de investigación, médicos o farmacéuticos, la Convención permite su producción en cantidades superiores a 100 gramos y hasta 10 kilogramos al año en laboratorios previamente aprobados por la Autoridad Nacional. Si las cantidades son inferiores a 100 gramos al año, no es necesaria la autorización previa ni hay obligación de declaración.

Legionarios españoles soportando cabezas cortadas de rifeños en 1922.

Guerra química en El Rif

"El olor del humo de las jaimas recuerda el de la leña en las chimeneas del invierno. En seguida otro olor cáustico, agrio, y el boticario que aparece con sus barbas y sus gafas de concha, tapada la boca con un pañuelo mugriento: hiperita, coño, hiperita. Han tirao más abajo con gases". Es un pasaje del libro Imán (1930) de Ramón J. Sender, basada en sus vivencias como soldado durante la guerra en Marruecos entre 1922 y 1924.

El texto sirve para introducir la leyenda negra del ITM, remontándose a sus orígenes cuando fue levantada en 1923 con el nombre de Fábrica Nacional La Marañosa o Fábrica Alfonso XIII, en honor al monarca de la época. Desde allí y con asesoramiento alemán, el Gobierno de Primo de Rivera fabricaría las armas químicas que emplearía el ejército español en la guerra del Rif y que, para muchos, supone la primera vez en la Historia en que se emplean armas químicas contra población civil.

En otro pasaje del libro de J. Sender se puede leer "además de la locura tiene llagas de hiperita. El viento llevó gases del 5 de julio en Tizzi Asa y resultaron con llagas casi todos los soldados de la línea de blocaos del tractocarril". El doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Hernández Holgado, señala cómo "el bombardeo con gases tóxicos de la población civil beréber del Protectorado español apenas tuvo eco en los medios de difusión de la época, tanto españoles como extranjeros", no siendo hasta épocas más recientes cuando algunos estudios han arrojado luz sobre los hechos. Yperita (gas mostaza), fosgeno y cloropicrina son los gases tóxicos utilizados por España en la guerra del Rif.

En su libro Miseria del Militarismo (2003), Hernández Holgado desvela cómo jugó un papel fundamental en la trama el antiguo jefe del Servicio Alemán de Guerra Química, Von Stoltzenberg, a través del cual y "a espaldas del Comité Internacional creado en Versalles para fiscalizar el desarme alemán", se realizaron las gestiones pertinentes para que España comprara los agentes tóxicos sobrantes de la I Guerra Mundial. El historiador describe la estrategia, que "consistía en lanzar las bombas de gas en las áreas más pobladas y a las horas en las que más víctimas podían producir, de modo que el bombardeo de los zocos de las aldeas se convirtió en una rutina".

Desde entonces, el tema ha sido sistemáticamente evitado, sino silenciado, alegando en muchos casos que los bombardeos se habrían producido antes del Protocolo de Ginebra (1925) que, paradójicamente, prohibía el primer uso (que no la producción) de armas químicas, es decir, un país sólo las podía utilizar en respuesta a otro ataque químico, pero no iniciarlo.

En 1999 se fundaría la Asociación de Defensa de las Víctimas de la Guerra del Gas Químico en el Rif y hace siete años, el portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, no sólo pidió perdón a los rifeños y al resto de la población marroquí, sino que instó al Gobierno español a investigar los efectos de esta guerra química. Por su parte, este mismo verano, el ministro marroquí de Exteriores, Saadedín al Otmani, avanzó ante su parlamento la intención de abrir un diálogo con España para aclarar el uso de armas químicas durante la Guerra del Rif.

Mientras, diversos colectivos vecinales y ecologistas reclaman el cierre de las instalaciones de La Marañosa por entender que constituye un grave riesgo medio ambiental, más aun considerando su enclave en un parque natural.

El mejillón como arma letal

La naturaleza también produce agentes químicos tóxicos, como las ricinas o la saxitoxina. En el caso de la saxitoxina, el ser humano puede intoxicarse al ingerir, fundamentalmente, mejillones, almejas, vieiras y berberechos. Se trata de una neurotoxina estable al calor, filtrado y retenido por estos bivalvos, que puede desencadenar lo que se denomina intoxicación paralizante por mariscos (PSP).

Así, entre 5 y 30 minutos después de la ingesta de marisco con saxitoxina, pueden comenzar a aparecer síntomas como hormigueo en la boca y extremidades, afectación del tubo digestivo que pueden durar días, dolor de cabeza, mareos, vómitos y diarreas. En los casos más graves también pueden aparecer cuadros de ataxia (perturbación de las funciones del sistema nervioso), disfonía, disfagia (dificultad de tragar), parálisis muscular y dificultad respiratoria e, incluso, muerte por parálisis respiratoria entre las 2 y 24 horas posteriores a la ingestión.

Estas biotoxinas aparecen en los bivalvos como resultado de su acumulación tras alimentarse de algunas especies de fitoplancton. Conocidas como mareas rojas, Nieves García explica que "para su detección son necesarias pequeñas cantidades de sustancia patrón que sólo se fabrican en Canadá y EEUU". La secretaria de ANPAQ precisa que incluso estás cantidades que se han de importar, "se autorizan caso a caso", controlando la cantidad que se hace de él en cada aplicación.