La pregunta es importante y tampoco es fácil encontrar historias valientes, en las que el miedo no sea lo más importante. Quizás por eso hoy estamos en el ICO (Instituto de Crédito Oficial), un banco público donde encontramos a Ana, que ya tiene una antigüedad. Entró a trabajar en 2003 como personal laboral y hoy, catorce años después, cuenta que su empresa, considerada como la Agencia Financiera del Estado, le adeuda 10.000 euros porque desde 2014 no se le paga el dinero que le corresponde por su nueva categoría profesional. Y la realidad es que Ana no es una excepción, "porque hay compañeros a los que se adeuda hasta 24.000 euros por este mismo motivo".

Así hasta un milon de euros entre 185 empleados afectados. La explicación oficial es que no lo autoriza Hacienda, a través de la Comisión Interministerial de Retribucciones, que dejó de dotar con el 1% que hacía viable el sistema y el presidente del ICO, Pablo Zalba, ha hablado de "negociar alternativas creativas" pero nunca "de hacer frente al total de la deuda acumulada". De ahí que, hoy en día, Ana solo sea una más de los empleados que se ha atrevido a denunciar el problema judicialmente con la inversión que esto implica. "Llevo 1.000 euros gastados en abogados", señala ella, que no habla "de miedo ni de valentia, sino de reclamar lo que es tuyo". Porque tal y como señala Miguel Ángel Rozas, como representante del Sindicato CSIF EPE (Entidades Públicas Estatales), un hombre al que no asusta dar su nombre y apellidos, "esta situación fue creada arbitrariamente por el ICO que fue el que decidió acabar con el pago de la antigüedad, eliminar categorías y sustituirlo por un sistema de desarrollo profesional según una evaluación variable de objetivos".

A Miguel Ángel, que lleva 24 años en el ICO, los primeros 16 en conserjería, no le pareció lo más lógico, "porque se saltaban los trienios la antigüedad y pasabas a depender de como te valorase la empresa". Pero todavía menos lógico que eso le parece casos como el de Ana o el suyo, a partir del próximo año, "cuando ha de llegar mi nueva categoría profesional y, si esto sigue así, tendré que denunciar como ha hecho Ana. Y no se trata de pensar en el miedo sino en que lo más probable es que hasta tus propios jefes, en este caso, harían lo mismo que tú. No podemos regalar dinero, casi es un caso de violencia económica. Aquí hay empleados con tres hijos que cobran 1.300 euros".

En cualquier caso, la respuesta del juzgado siempre tendrá su incertidumbre como explica Ana que, en el recurso de suplicación, se ha encontrado con una sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia. "Ha habido otros compañeros que han denunciado lo mismo que yo y el Tribunal les ha dado la razón. Pero en mi caso, aún reconociendo en la sentencia que estoy reclamando un derecho fundamental, se dice que la acción ha prescrito". La realidad es que ahora Ana tiene la opción de recurrir al Tribunal Supremo y hasta recordar que "los derechos fundamentales nunca caducan como se explica en la Constitución". Así lo señala Miguel Ángel Rozas desde CSIF a la vez que recuerda que "no sería la primera, ya ha habido una empleada que ha ganado al ICO en el Tribunal Supremo". Pero entonces la clave no sólo es ganar sino atreverse a denunciar y saber que, al dia siguiente, tendrás que volver a cruzar la puerta de entrada. No es un debate tan fácil y no todo el mundo tiene ese valor o puede tenerlo.