Un edificio vanguardista proyectado en 2007 en Castellón y aparcado cinco años después por el mismo gobierno autonómico que se lo encargó es un nuevo problema judicial para el arquitecto Santiago Calatrava, a quien desde diciembre se le suceden los contratiempos en su comunidad natal.

El Centro de Convenciones de Castellón se ha convertido en otra polémica más para Calatrava, que ideó el edificio más alto de la ciudad con 151 metros de altura y cuya construcción fue suspendida a finales de 2012 por el Consell debido a la situación económica. Con su imputación hoy por el juez que investiga el caso por supuestas irregularidades se abre una nueva página de implicaciones judiciales en proyectos impulsados en la Comunitat Valenciana en la etapa de bonanza económica.

Desde enero, las negociaciones para acordar una solución técnica a la cubierta de trencadís del Palau de les Arts de Valencia que comenzó a desprenderse a finales de 2013, con el fin de que esté garantizada durante diez años, han resultado infructuosas y el Gobierno valenciano ya ha anunciado que continúa con el proceso de demanda y que después del verano convocará un concurso público.

Otro edificio del turístico complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) diseñado por el arquitecto, nombrado hijo predilecto de la ciudad en 2007, el Ágora, también sufre problemas con los pliegues en las zonas de unión tras haber presentado goteras poco después de su puesta en marcha.

De momento, las empresas que construyeron el Palau de les Arts y el despacho del arquitecto han asumido los tres millones del coste de las intervenciones de emergencia y la retirada del revestimiento cerámico, mientras la cubierta sigue de color gris cemento en contraste con el blanco del singular complejo. Los incidentes ocurridos en el Palau al poco tiempo de inaugurarse en 2005, en cuanto a la plataforma escénica y por inundaciones, fueron el preludio de la situación actual.

Esquerra Unida escenificó todas estas cuestiones con la crítica web calatravatelaclava.com, que tuvo que cesar tras la demanda presentada por el arquitecto por intromisión al honor.

Pese al proyecto fallido del Centro de Convenciones de Castellón, Calatrava cobró 2,7 millones de euros por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, correspondientes al 4,5 % de honorarios que percibe sobre el importe total del proyecto, de 60 millones.

El día de la presentación del proyecto, en diciembre de 2007, Calatrava no tenía claro el diseño del edificio y reconoció ante los medios que la palabra que le vino a la mente cuando se dirigía hacia el lugar donde se celebró la firma del convenio con la Generalitat fue "negocio", un término que debería unirse al de "ocio" para conformar el futuro Centro de Convenciones, según dijo. Ese día dibujó un esbozo del edificio, una mujer desnuda sentada a los pies de un árbol, y cinco meses después presentó una maqueta con el diseño final, para el cual se inspiró en las ideas de avance, modernidad, progreso y sobre todo "fe en el futuro".

Fuera de la Comunidad Valenciana, el arquitecto también ha estado implicado en procesos judiciales por sus obras: en Oviedo fue condenado a indemnizar con tres millones de euros a la promotora por los fallos en el Palacio de Congresos, y en Venecia está abierto un juicio por un sobrecoste de casi cuatro millones en la construcción de un puente .

Por otro puente, el Zubi zuri de Bilbao, también se ha visto inmerso en una polémica, ya que, siete años después de su inauguración, tuvo que ser reformado con una alfombra antideslizante para evitar los patinazos que sufrían los viandantes en invierno. En 2013 también le llegó una demanda desde Vitoria presentada por Bodegas Domecq, propietaria de la bodega Ysios de Laguardia, en la Rioja alavesa. En este caso, el grupo bodeguero pedía al arquitecto y a los otros intervinientes en la construcción del edificio que asumieran el coste de dos millones de euros del arreglo de la cubierta, la cual, como aseguraron, tenía goteras y problemas de humedades.

Pero fuera de España, no sólo es la justicia veneciana la que le reclama. En febrero de 2004, la construcción de su moderno y gigantesco puente colgante de entrada a Jerusalén fue llevada a la Corte Suprema de Justicia por los vecinos de la zona, que protestaban por el paso de un tren de cercanías. En Holanda, un concejal exigió el pasado año al alcalde de la localidad Haarlemmermeer , en los alrededores de Amsterdam, que tomara medidas contra Calatrava, al que encargó tres puentes que, según este político, se oxidaron al año de su inauguración y ocasionaron gastos de hasta 50 millones de euros.