"Hay niños que han estudiado en barracones hasta el instituto". Gemma Piqué, portavoz de la Plataforma en Defensa de lEnsenyament Públic, una de las organizaciones más críticas con la política educativa del Consell valenciano, describe con este ejemplo la principal denuncia del colectivo: 30.000 alumnos valencianos se ven obligados cada día a estudiar en construcciones prefabricadas ante la falta colegios.

Las cifras oficiales del propio ejecutivo de Francisco Camps, que habla de 1.208 de estas instalaciones provisionales en la región, le dan la razón.

El colegio Max Aub, en la capital valenciana, sintetiza en pocos metros cuadrados esta realidad: barracones, deficiencias de mantenimiento y falta de instalaciones. Uno de los patios es de tierra, y en cada recreo una nube de polvo enturbia la ropa, las aulas y la salud de los escolares. Los problemas respiratorios y de piel son numerosos.

Con cinco años, Jesús toma a diario varias dosis de cuatro medicamentos distintos para el asma. "El médico le ha recomendado que no vaya al colegio", asegura su madre.

La AMPA del Max Aub está recopilando este tipo de casos para elaborar un informe médico y presentarlo en la Conselleria de Educació. El patio carece de desagüe. Cuando llueve, se inunda varios centímetros y, luego, se convierte en un barrizal. En 2007, comenzaron a exigir su remodelación y hace pocos días les llegó la respuesta de la Conselleria: "No insistan, no hay presupuesto".

Ana Noguera, portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, lo corrobora: "No tienen ni un duro. Por eso, Font de Mora desdeñó los portátiles del programa ministerial Escuela 2.0, porque no puede poner su 50%". El conseller aseguró el pasado lunes que las pantallas de estos ordenadores, de 10 pulgadas, "producen miopía". Para ello, se valió de un informe de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo que numerosos profesionales censuraron por su falta de rigor.

Arma arrojadiza

"Es la última extravagancia de un conseller que utiliza Educació como arma arrojadiza y juega con jóvenes y niños sin ningún pudor", afirma Noguera. El escándalo más sonado de Font de Mora fue su empecinamiento en que Educación para la Ciudadanía se impartiera en inglés, una orden que fue prohibida por los tribunales valencianos.

Noguera denuncia que la Conselleria, a través de la empresa pública Ciegsa, arrastra un endeudamiento de 2.400 millones de euros, que supone uno de los mayores agujeros de las cuentas del Ejecutivo de Camps. Fuentes de Ciegsa consultadas redujeron la deuda a la mitad, aunque reconocieron que es "demasiado alta". La causa, según estas fuentes, es el "frenético ritmo" de construcción de colegios, "casi 500 en una década".

El PSPV recela de estos datos y asegura que Educació nunca les ha permitido acceder a las cuentas de una empresa a la que, según Noguera, cada año le llueven críticas de la Sindicatura de Comtes (el tribunal de cuentas de la comunidad) por su opacidad.

Una reciente se refiere a la falta de justificación de una partida de 800.000 euros para un programa informático. Noguera lamenta que Educació delegue en Ciegsa hasta el punto de que ésta funcione "como si fuera la Conselleria: construye escuelas, compra libros, ordenadores, las bombillas de los laboratorios... y fabrica barracones, claro".