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Canarias El Gobierno traslada a la UE que los daños del volcán de La Palma ascienden a casi mil millones de euros

La última estimación indica que los agravios producidos se sitúan en 982 millones de euros en concepto de daños públicos y privados. El objetivo del Ejecutivo central y canario es acceder al fondo de solidaridad de la Unión Europea.

Alivio e ilusión al volver a casa en La Palma con un nuevo paisaje: el volcán
Dos hombres limpian de ceniza volcánica el frente de su casa en el municipio palmero de Tazacorte. Ramón De La Rocha / EFE / archivo

El Gobierno de España ha remitido a la Unión Europea que los daños ocasionados por el volcán de La Palma ascienden a unos mil millones de euros. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha lamentado en una comisión parlamentaria que los daños ocasionados por el volcán de la Palma "son, desgraciadamente, muy superiores" a las condiciones que establece la Unión Europea para acceder al fondo de solidaridad.

La UE señala que los perjuicios globales deben ser del 1% del PIB para acceder a esta ayuda. No obstante, la última estimación de daños facilitada a la UE indica que los agravios producidos se sitúan en 982 millones de euros en concepto de daños públicos y privados. Sin embargo, este fondo de solidaridad, dedicado a hacer frente a catástrofes naturales, otorgaría unos 24 millones de euros para solventar los problemas producidos en este ámbito.

Rodríguez ha puntualizado que esta ayuda no es suficiente para cubrir los daños, ya que la cuantía de la UE supone solo el 2,5% de la cifra global. Aun así ha reconocido que es una "pequeña fuente" para financiar las respuestas que necesita La Palma para su reconstrucción: "Vienen bien, serán un grano más de arena". Ha agregado que este dinero se unirá a otras ayudas procedentes de otras administraciones involucradas. 

Los casi mil millones de euros han sido cifrados de los datos aportados por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma, ayuntamientos afectados, consultores y el Gobierno de España, que es el encargado de enviar esta información a las instituciones europeos mediante un trámite complejo. La concesión del fondo debe superar varias fases. Entre ellas, la autorización del Parlamento Europeo. 

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