El Congreso debe debatir una reforma constitucional del 15-M

El Congreso de los Diputados deberá debatir en pleno una reforma de la Constitución que devuelva la democracia participativa (iniciativas populares, referéndum, etcétera) al punto que aprobó la ponencia de 1977 y que desoiga las consideraciones tenidas en cuenta en las negociaciones posteriores.

Los "padres de la Constitución" preveían un uso más frecuente de estos mecanismos de consulta y así salió su propuesta de la ponencia, pero su texto fue modificado en las negociaciones previas a la aprobación. Al punto previo a esas modificaciones -y, por tanto, constitucional, ya que así lo preveían aquellos santones- quiere llevarlo ahora Democracia Directa, un sector del 15-M que busca fórmulas para llevar la democracia participativa a nuestra práctica cotidiana.

Y así lo han conseguido en Asturias, cuyo Parlamento acaba de aprobar que se inste al Congreso de los Diputados a realizar esta reforma constitucional. Y éste no tiene más remedio que debatirlo (porque la propuesta le llega de una asamblea autonómica, las otras dos vías que le obligarían a hacerlo serían que lo propusiera el Gobierno o un grupo parlamentario). Habida cuenta de la mayoría absoluta del PP en el Congreso, es improbable que la reforma resulte aprobada, por más que sea imposible no debatirla. En este sentido es revelador el argumento expuesto por la derecha en Asturias, donde dijo que el texto "es de extrema izquierda", aunque fue avalado en su día por un líder de la izquierda tan conocido como Manuel Fraga, que fue ministro con Franco.

Con la mayoría absoluta del PP en el Congreso, es improbable que la reforma resulte aprobada La ponencia parlamentaria la formaron los siete diputados a los que hoy consideramos "padres de la Constitución": Gabriel Cisneros, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero de Miñón, Jordi Solé Tura, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca y Gregorio Peces Barba. De sus reuniones salió una redacción más acorde con las expectativas del 15-M de las que hoy están vigentes en España.

Desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, han llegado al Congreso 92 Iniciativas Legislativas Populares y han decaído 90; sólo dos siguen en trámite: la de los desahucios (a la que la mayoría del PP ha dado la vuelta como un calcetín) y la que pretende declarar los toros un bien de interés cultural. En ese tiempo, se han celebrado en España sólo dos referéndum (el de la OTAN, trampeado por Felipe González, como se recuerda cada dos por tres, y el de la Constitución Europea, que fue inútil porque ésta no salió adelante). En cambio, en países de nuestro entorno ha habido ya cuatro referendos en lo que va de año, por no hablar de EEUU, donde cada vez que se va a las urnas se votan numerosas leyes en cada Estado.

La tramitación en el parlamento asturiano fue muy curiosa: la iniciativa llega a IU-Asturias desde Democracia Directa Asturias -que aquí está formada por gentes de la Universidad- y UPyD le da su apoyo inmediatamente, mientras que PSOE y PP se lo niegan; la posición de Foro es una incógnita. Sin embargo, una llamada de Ferraz obliga a los socialistas a votar a favor y es entonces cuando Foro se opone.

El grupo parlamentario de IU sacó adelante la propuesta con el voto final del PSOE y de UPyD El PSOE de Asturias está dirigido por Javier Fernández, un hombre de la máxima confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba, y Foro es el partido creado por Francisco Álvarez-Cascos después de que el PP le vetara la candidatura en la comunidad. Los componentes de Democracia Directa en Asturias se dirigieron a la Comisión de Peticiones de la Junta General del Principado para hacer ver la necesidad de reformar la Constitución a fin de eliminar buena parte de los obstáculos y rigideces de nuestro modelo constitucional en materia de iniciativa legislativa popular y de referéndum. La comisión se desentendió del tema, pero el grupo parlamentario de IU recogió el guante y sacó adelante la propuesta, con el voto final del PSOE y de UPyD.

Se pretende que las iniciativas legislativas populares -propuestas de ley avaladas por la firma de al menos 500.000 ciudadanos- puedan referirse a cualquier materia, incluidas las reservadas a Leyes Orgánicas, las de tratados internacionales o la propia reforma de la Constitución, que fueron vedadas a ese procedimiento durante la negociación en las Cortes de 1978.

Por otra parte, la reforma pretende que puedan someterse a referéndum todas las leyes Probadas por las Cortes, en el tiempo entre su aprobación y la sanción real. Además, que el resultado del referéndum sea vinculante -si participa más de la mitad del censo- y no consultivo, como es ahora.