Cuatro días después de la manifestación laica que reunió a más de 15.000 personas en el centro de Madrid y que la Policía disolvió con contundentes cargas de antidisturbios, la delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, dio ayer a este periódico sus primeras explicaciones. La responsable de la seguridad de Madrid defendió la "congruencia y proporcionalidad" general con la que actuaron los agentes, a pesar de los "hechos aislados" que pudiesen haber protagonizado determinados policías.

Los casos a los que se refiere se hicieron públicos tras la difusión en internet, los dos días posteriores a la marcha, de vídeos en los que manifestantes y periodistas sufren agresiones desproporcionadas y amenazas durante el proceso de identificación. Para la delegada del Gobierno, se trata de casos puntuales: "Se ha abierto una investigación sobre hechos aislados protagonizados por agentes concretos que hayan podido actuar de forma incorrecta".

Durante estos tres días, Carrión ha sido objeto de un aluvión de críticas por la gestión que realizó la Delegación de la manifestación. En este tiempo, si Carrión no ha dado explicaciones, ha sido, aseguró, por los numerosos compromisos institucionales a los que ha estado sujeta por la visita de Benedicto XVI.

En cualquier caso, la violencia con la que se realizaron las cargas se debió a las agresiones que sufrieron, según Carrión, los propios agentes: "La intervención siempre va relacionada con la violencia recibida". De hecho, aseguró que, aunque una concentración no haya sido autorizada, la Policía no interviene "cuando es pacífica". Las cargas del miércoles y el jueves se produjeron, a su juicio, porque "se incorporó un colectivo de gente más violenta", aseguró.

Por las agresiones que sufrieron los manifestantes, Izquierda Unida ya pidió el jueves la dimisión de la delegada del Gobierno, algo que la propia Carrión desestimó ayer: "Nunca valoro las peticiones de cese o dimisión que se plantean. Unos nos critican por exceso y otros por defecto".

Pero también hay policías que consideran que lo ocurrido estos días excede los límites de una correcta actuación de las fuerzas del orden. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) mostró su apoyo al procedimiento abierto por Interior. A tenor de las imágenes difundidas, señaló que no consideran "ajustadas a un protocolo de actuación racional" las actuaciones de algunos agentes en los casos que aparecen en los vídeos que acompañan esta información. "En las imágenes no aparecen razones de seguridad ni restablecimiento del orden que justifiquen dichos golpes", afirma.

El sindicato critica también que los antidisturbios, como el resto del cuerpo, "actúan sin un protocolo de actuación", herramienta que vienen demandando desde la etapa de Felipe González. Afirma también que "tan grave" como los actos de "presunto abuso policial" es la "inacción" del día 17 en la que "mujeres y muchas menores de edad fueron insultadas, acosadas y agredidas" en Sol "por exteriorizar su fe".

Por su parte, IU registró en el Congreso el viernes la petición de comparecencia del ministro del Interior, Antonio Camacho, "con la consiguiente investigación" para que explique "los abusos policiales", señaló su portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, informa Carolina Martín.

Esa petición sólo está suscrita por IU, ERC e ICV. "Ningún grupo nos ha respaldado", se lamentaba ayer el diputado, que recuerda que, para que prospere, necesita la concurrencia de otros grupos. El viernes, la coordinadora del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, se mostró partidaria de que "se investiguen y depuren responsabilidades". Sin embargo, Llamazares no cree que este "cambio de paso" se transforme en respaldo a su petición de comparecencia.

Por último, 24 horas después de que Interior confirmase la apertura de una "información reservada" por el caso del fotógrafo agredido en la noche del jueves, ayer no se había producido ninguna novedad en el procedimiento.