El Gobierno andaluz ha sacado a licitación la gestión de todas sus cuentas públicas, que mueven un volumen de pagos superior a 31.000 millones de euros, el presupuesto autonómico para todo el año.

Para no dejar todo el capital andaluz en una sola entidad financiera, la Consejería de Hacienda ha licitado el presupuesto dividido en seis grandes lotes, en los que se agrupan las obligaciones de pago de la Administración: desde las nóminas de los funcionarios hasta la financiación a farmacéuticas y universidades, pasando por los gastos de funcionamiento de los colegios y las becas.

Todo el Gobierno andaluz y sus políticas traducido en grandes cifras, que serán gestionadas como mínimo por tres grandes bancos, y como máximo por seis.El objetivo de la licitación, según Hacienda, es poner orden en los pagos y lograr más transparencia en los movimientos bancarios.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía venía trabajando con 17 entidades financieras y contaba con unas 600 cuentas abiertas. Dentro de dos meses, cuando culmine el proceso de licitación y se adjudiquen los contratos, el Ejecutivo de Díaz simplificará su gestión interna: pasará a operar con seis bancos, y todos sus fondos se concentrarán en 10 cuentas bancarias.

Pero, en realidad, la licitación de las cuentas públicas tiene un segundo objetivo: los pliegos de condiciones para lograr el contrato con el Gobierno andaluz incluyen el decreto de garantías de tiempos de pago y que compromete a los bancos a adelantar el pago a proveedores en caso de que la Junta se retrase.

La norma, recientemente aprobada, obliga al Ejecutivo de Susana Díaz a abonar antes de 20 días a sus proveedores y empresas conveniadas con la Administración que prestan servicios prioritarios, como la sanidad, la educación y las políticas sociales (ahora el promedio de pago de la Junta es de 26,22 días).

La misma norma fija un máximo de 45 días para abonar las becas de estudios y las subvenciones. El objetivo es que los problemas de liquidez del Gobierno, frecuentes en los últimos años de crisis, no afecten al normal funcionamiento de los servicios fundamentales.

La norma introduce por primera vez un sistema de garantía de cobro pionero en una Administración, para que, en caso de que la Junta incumpla sus plazos de pago, el trabajador o la empresa afectada podrá reclamar ese dinero a un banco y éste lo abonará de inmediato. Las entidades financieras se convertirán así en prestamistas del Gobierno andaluz.

La Consejería de Hacienda ha incluido el reglamento de este decreto de garantías de pago dentro del pliego de condiciones que deberán cumplir las entidades financieras que quieran gestionar sus cuentas públicas.

Los bancos que obtengan el contrato serán también los responsables de hacer frente a los retrasos en los pagos a proveedores de la Junta. Por supuesto, a cambio las entidades cobrarán al Ejecutivo andaluz algún tipo de interés, que ellos mismos calcularán al pujar por el contrato de las cuentas públicas.

Con esta estrategia, el Gobierno de Díaz quiere asegurarse el tipo de interés más bajo posible, dado “el atractivo para las entidades financieras en gestionar un volumen de pagos anuales de más de 31.000 millones de euros”. El Banco de España establece un mínimo de interés (llamado de prudencia financiera) que puede pagar la Junta por una póliza a corto plazo, como en este caso.

No es el único beneficio que la Junta quiere sacar de la licitación de sus cuentas. Las entidades financieras que pujen por gestionar el presupuesto andaluz estarán obligadas a ofrecer una importante línea de crédito al Gobierno de Díaz, con un tipo de interés mínimo (se usará como referencia el Euribor).

En concreto, según fuentes del departamento de Hacienda, la Junta pide seis líneas de crédito (una por cada uno de los seis lotes en los que ha dividido los 31.000 millones del Presupuesto) por valor global de 1.100 millones de euros al año (casi un punto del PIB regional), prorrogable hasta que dure el contrato (entre dos y cuatro años).

Esos 1.100 millones de euros se subdividen en seis partes, de modo que el lote con mayor volumen de gestión (8.850 millones de euros) requiere un crédito de 350 millones de euros euros; mientras que el sexto lote, el de menor peso (1.500 millones) exige un crédito de 60 millones de euros. Las entidades que firmen el contrato y que, anteriormente, ya tuvieran una línea de crédito concedida al Gobierno, tendrán que actualizarlo según las condiciones del nuevo acuerdo. La Junta ya maneja préstamos a corto plazo con varios bancos para hacer frente a sus necesidades de Tesorería.

Los seis lotes en los que se subdivide el Presupuesto andaluz reparten la gestión de los pagos de las nóminas de los médicos y profesores andaluces, las cotizaciones sociales, el pago a farmacéuticas, universidades y ayuntamientos, la deuda comercial o la gestión de impuestos y tasas estatales.

Es evidente que sólo los bancos que coticen en el Ibex 35 podrán presentarse al concurso, puesto que el principal requisito es contar con un volumen de negocio de al menos 2.500 millones en los últimos tres años.

Además, la licitación incluye cláusulas sociales y medioambientales, por ejemplo, relativas a personas trabajadoras con discapacidad, promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.