Al Partido, con mayúsculas, del Franquismo no le llega ni para pagar una fianza de 6.000 euros. Por ello, Falange Española de las JONS se ha visto obligada a abrir una cuenta para poder mantener abierta la causa contra el juez Baltasar Garzón, al que acusan de prevaricador por investigar los crímenes cometidos en los tiempos en que Falange era importante.

Algo que hace tres décadas habría sido muy sencillo para Falange, ahora necesita hasta un lema, "Necesitamos tu ayuda para sentar a Garzón en el banquillo", para que la Justicia les permita continuar con el proceso abierto contra el juez de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ya admitió la querella presentada por esta formación, que quedó acumulada junto a las presentadas el pasado 26 de mayo por el sindicato Manos Limpias y la de la asociación Libertad e Identidad del 15 de junio, por ser "en todo punto coincidentes". 

La imposición de la fianza fue adoptada por el magistrado instructor del caso, Luciano Varela, que forma parte de la Sala que instruye la causa contra el juez, encabezada por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, al que acompañan los también magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Miguel Colmenero.

El pasado jueves el juez Varela dictó una providencia en la que daba tres días de plazo a las partes para que se pronuncien sobre el último escrito presentado por el abogado de Garzón, González Martínez Fresneda, que volvió a pedir el sobreseimiento de la causa.

El sindicato Manos Limpias presentará alegaciones a este escrito pidiendo al Supremo que rechace la petición del juez y acelere su procesamiento. "El procedimiento se está dilatando una barbaridad y el Supremo ya tiene elementos probatorios que han quedado perfectamente acreditados", señaló el secretario general del sindicato, Miguel Bernad.

Por su parte, fuentes fiscales explicaron que el Ministerio Público mantendrá su criterio de solicitar el archivo de la causa, tal y como ya ha manifestado en otros cuatro escritos anteriores. Para la Fiscalía, no existen indicios suficientes de la comisión del hecho delictivo atribuido a Garzón, que consistiría en haber dictado resoluciones a sabiendas de que son injustas.

La defensa de Garzón defiende, por su parte, que el juez era competente para investigar este asunto, solicita el sobreseimiento de la querella y pide la impugnación de todas las pruebas solicitadas por los querellantes.

La causa contra Garzón se encuentra pendiente de que el juez Varela decida, tras haber concluido la realización de diversas pruebas, si finalmente procede penalmente contra el juez o archiva la causa. En el primero de los casos, el procesamiento de Garzón obligaría al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a debatir si debe ser suspendido en sus funciones de forma cautelar.

El pasado 9 septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrución número 5 defendió ante el instructor de la causa su compentencia para investigar las fosas del franquismo y negó firmemente haber incurrido en prevaricación alguna. Además, el magistrado se negó a contestar a la batería de 150 preguntas que llevó preparadas el abogado de las dos acusaciones hasta entonces admitidas, Jaime Alonso, y tan sólo atendió a las cuestiones planteadas por el instructor, el fiscal Luis Navajas y su propia defensa.