El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social considera que la vía judicial es la "más viable y efectiva" para impugnar los estatutos del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), la organización autorizada por el Gobierno de Pedro Sánchez que choca frontalmente con las políticas de igualdad que defiende el PSOE.

Así consta en el informe que el departamento que dirige Magdalena Valerio ha remitido al Ministerio de Justicia para que dé traslado a la Fiscalía General del Estado (FGE), ha informado este lunes Trabajo en una nota de prensa.

Tras analizar la legislación sobre libertad sindical y las diversas vías existentes en Derecho, el informe concluye que la "alternativa jurídica más viable y más efectiva para corregir" esta situación es la impugnación en vía judicial de los estatutos de OTRAS ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

El Ministerio de Trabajo considera que los estatutos de esta organización vulneran el derecho a fundar sindicatos puesto que ese derecho sólo se reconoce a las personas trabajadoras por cuenta ajena y "la prostitución nunca puede ser objeto de un contrato de trabajo".

Por ello, añade el escrito, los estatutos de OTRAS vulneran la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los artículos 10 y 14 de la Constitución referidos a la dignidad de la persona y al principio de igualdad, así como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007.

"El Gobierno no puede admitir la constitución de un sindicato que, según las informaciones conocidas con posterioridad al depósito de sus Estatutos ante la Dirección General de Trabajo, ha afirmado perseguir la defensa y promoción de la prostitución, el otorgamiento de derechos laborales a quienes ejercen la prostitución y, por tanto, la normalización de la relación existente entre quien ejerce la prostitución y el proxeneta", concluye Trabajo.

Anular un sindicato no es un proceso sencillo

Ya existe una vía judicial abierta, pues la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver sobre la demanda de nulidad de los estatutos y del acta de constitución del sindicato promovida por colectivos feministas.

La ley orgánica de libertad sindical y la ley reguladora de la jurisdicción social establecen los mecanismos para la creación de sindicatos y, en el segundo caso, para la impugnación de sus estatuto, según explica a Efe Carolina Martínez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo.

El pasado 4 de agosto, el BOE publicó la constitución del sindicato después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos previstos en la ley orgánica de libertad sindical y en el real decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

Ahora, casi dos meses después de que el Ministerio de Trabajo decidiera impugnarlo, ha remitido un informe al Ministerio de Justicia para su traslado a la Fiscalía General del Estado para la impugnación ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

No es un proceso sencillo, según plantea Carolina Martínez, quien explica que, al tratarse de un derecho fundamental, la administración solo puede impedir la constitución de sindicatos o impugnar sus estatutos si se incumplen los requisitos legales y debe actuar de acuerdo con el principio de mínima injerencia.

Es decir, a su juicio, la Administración no puede entrar en "cuestiones de fondo", como planteó inicialmente el Ministerio de Trabajo, máxime cuando el ejercicio de la prostitución en España no es ilegal y cuando en ese sindicato pueden agruparse personas dedicadas a actividades legales, como la pornografía.

En el caso del sindicato, la oficina pública encargada del registro de los estatutos pidió que se subsanaran una serie de errores en los estatutos y los promotores así lo hicieron, con lo que recibieron el visto bueno. Una vez transcurridos veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos, el sindicato adquirió personalidad jurídica y "plena capacidad de obrar".

Se podría haber estudiado, según plantea la catedrática, si los promotores son sujetos titulares del derecho a la libertad sindical, es decir, trabajadores por cuenta ajena, pues los autónomos no tienen capacidad de sindicación.

Esa podría haber sido una de las razones para denegar la autorización, como ocurre, por imperativo legal, con los guardias civiles que intentan sindicarse.

El problema es que desde la Administración se dio el visto bueno a la inscripción, con lo que la declaración de ilegalidad de una organización sindical aboca a la vía judicial a través de la impugnación de los estatutos.

La ley de jurisdicción social determina que sólo el Ministerio Fiscal o quienes acrediten "un interés directo, personal y legítimo" pueden solicitar la declaración judicial de que unos estatutos no sean conformes a derecho, tanto en el caso de que estén en fase de constitución como en el de que hayan adquirido personalidad jurídica.

Si un juez admite esa impugnación, declarará la nulidad de las cláusulas estatutarias que no sean conformes a derecho o de los estatutos en su integridad.

De ahí que el Gobierno haya llevado el asunto a través de la Fiscalía, pues de lo contrario podría incurrir en "un exceso" en el ejercicio de las competencias de la administración en el marco de las libertades públicas, dado que, como ha determinado el Tribunal Constitucional, las injerencias sobre derechos fundamentales como la libertad sindical han de ser mínimas.

"Se gobierna con la ley, no con la moral"

La secretaria general del sindicato, Concha Borrell, ha recordado este lunes al Gobierno que debe "gobernar con la ley, no con la moral" y ha reprochado que el Ministerio de Trabajo se gaste dinero público en intentar ilegalizar un sindicato "que él mismo aprobó".

En declaraciones a Efe, Borrell ha dicho que le parece "genial" que el ministerio considere que es la vía judicial "la más viable y efectiva" para impugnar los estatutos del sindicato OTRAS, que es de ámbito estatal y tiene su sede en Barcelona.

Borrell no ha recibido ninguna notificación del ministerio aunque ha recordado que el próximo día 14 ha sido citada a la Sala Social de la Audiencia Nacional por las demandas de impugnación del sindicato presentadas por dos colectivos feministas de Sevilla. "No es normal que vayan malgastando el dinero público para ilegalizar sindicatos. ¿Después, a quién querrán ilegalizar, a CCOO o a UGT? Bueno, a UGT no que es del PSOE; quizá les moleste más la CGT", ha ironizado la trabajadora sexual.

Borrell ha dicho que cuando el ministerio interponga la demanda ante la Audiencia Nacional "se estarán denunciando a ellos mismos" porque ha subrayado que cumplen todos los requisitos en sus estatutos "tal y como reconoció el propio ministerio".

La secretaria general del sindicato ha mostrado su enfado por que el ministerio les atribuya querer normalizar la relación con los proxenetas: "Me parece intolerable que nos acusen de relaciones con proxenetas cuando la semana pasada Mabel Lozano subió a un proxeneta arrepentido al escenario, me parece un insulto y es de justicia que todas las trabajadoras sexuales puedan tener garantizados sus derechos laborales", ha señalado.