Las clínicas abortistas de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Murcia y el País Valencià acumulan impagos por parte de sus gobiernos autonómicos por un importe total de casi cinco millones de euros. La deuda, que en algunos casos se remonta a más de un año atrás, está obligando a estos centros a asumir el peso del cumplimiento de la Ley del Aborto, ya que realizan las intervenciones sin cobrar.

Madrid es la autonomía que más deuda acumula. El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) debe a las clínicas al menos 2,5 millones de euros, según los cálculos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), que aglutina a la mayor parte de centros.

La deuda madrileña es la más compleja, ya que son los hospitales quienes pagan a las clínicas por las mujeres que les hayan derivado. El retraso medio en el pago es de seis o siete meses, pero los hospitales de gestión privada como el de Fuenlabrada, Móstoles y el de Puerta de Hierro de Majadahonda hace un año que no pagan sus facturas. Acai destaca que, en cambio, los hospitales de gestión 100% pública pagan más a tiempo.

Situación grave

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) debe alrededor de 1,3 millones de euros a las clínicas. Hace más de un año que estas no cobran a tiempo. De hecho, el pasado septiembre, estos centros se declararon en huelga y sólo se comprometieron a realizar gratis los abortos a las mujeres con "una especial situación sociosanitaria o económica".

Las autonomías están obligadas a pagar la prestación, que es universal

La presión llevó al Gobierno de María Dolores de Cospedal, la número dos del PP, a comprometerse a pagarles. Ese mes se les ingresó "una cantidad simbólica", recuerdan en Acai. Y hasta la fecha. "La situación para estas clínicas es especialmente grave porque son centros muy pequeñitos", destacan en Acai. También resaltan que si bien es cierto que la deuda se remonta a cuando aún gobernaba el PSOE, la Administración nunca antes se había retrasado tanto tiempo en el pago.

En Aragón el impago arrancó tras las elecciones autonómicas del pasado mayo, cuando el PP ganó las elecciones al PSOE. Hoy, la deuda asciende a unos 800.000 euros. En Murcia y en el País Valencià dos bastiones del PP cuyos gobiernos mostraron su incorformidad con la Ley del Aborto y coquetearon con la idea de incumplirla la deuda "curiosamente" es muy inferior al resto, explican en Acai. En cada caso se deben unos 150.000 euros a las clínicas. Por su parte, Andalucía, que también llevaba meses sin pagar a las clínicas, acaba de acordar con las clínicas un calendario de pagos.

Para Acai, el impago a las clínicas es una forma de poner palos en las ruedas al cumplimiento de la Ley del Aborto. Esta, que entró en vigor en julio de 2010, estableció la universalidad y gratuidad del aborto al introducir la prestación dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Prestación privada

Ninguna autonomía optó por asumir la práctica de los abortos en sus hospitales públicos, ni siquiera llegaron a realizar los registros de objetores, para saber de qué personal dispondrían. Por ello, se vieron obligadas a establecer conciertos económicos y cerrar acuerdos con las clínicas que acreditaron para realizar las intervenciones. De esta forma se aseguraron que las mujeres no tuvieran que adelantar el pago de ninguna intervención, como establece la ley.

"Somos las clínicas quienes estamos garantizando la gratuidad del aborto, asumiendo el coste de las intervenciones que realizamos", denuncia la vicepresidenta de Acai, Francisca García. "Por tanto, somos las clínicas las que estamos haciendo posible que se cumpla la ley", añade. "Quebrar el derecho de la mujer al aborto gratuito no tiene que estar en nuestras manos", reivindica. García se muestra convencida de que el impago responde a una voluntad política que supera cualquier razón económica.

El Gobierno del PP reconoció abiertamente hace dos semanas que pretende cambiar la ley en vigor para restaurar la de plazos que la precedió, que entró en vigor en 1985. Aquella ley, además, no reconocía el aborto como un derecho de la mujer y no lo regulaba como una prestación universal y gratuita. Por ello, hasta que entró en vigor la ley, en julio de 2010, el 90% de los abortos que se realizaban en España los pagaban las mujeres. Con la norma actual, esta situación se ha revertido y son las autonomías quienes financian la inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo.

Las clínicas acaban asumiendo el cumplimiento de la norma

A la espera de que el Gobierno cambie la ley, en Balears, las asociaciones de mujeres temen que el conflicto abierto el mes pasado cuando el Gobierno autonómico anuló los conciertos con las clínicas, acabe con sus derechos. La justificación que dio el Ejecutivo de José Ramón Bauzá (PP) fue que garantizaría la prestación en los hospitales públicos.

Días más tarde, sabiendo que los centros públicos no pueden asumir de un día para otro los 3.000 abortos anuales que se realizan en la autonomía, el Gobierno balear anunció que las mujeres que acudieran a las clínicas privadas deberían adelantar el dinero. Tras la lluvia de críticas, ya que incumpliría la ley, hace unos días rectificó y garantizó la gratuidad del aborto.

La Generalitat Valenciana también pretende asumir en sus hospitales públicos los abortos, aunque de momento sus intenciones sólo figuran en el documento interno que han elaborado para establecer medidas de ahorro en los servicios sanitarios. Como en el resto de autonomías, los hospitales públicos valencianos realizan, hoy por hoy, sólo un 3% de los abortos.

Pagar para abortar

Las intervenciones no eran gratuitas con la ley que el PP quiere recuperar

Al margen de que se cambie la Ley del Aborto, la interrupción voluntaria del embarazo podría dejar de ser universal y gratuita si el Gobierno decidiera excluirlo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. La ministra de Sanidad, Ana Mato, confirmó la semana pasada en el Congreso su intención de elaborar "una cartera básica de servicios sanitarios", lo que le permitiría hacerlo. "La crisis y el impago le ayudarían a justificarlo", critica Francisca García.

De ser así, el PP cumpliría los deseos de los grupos ultracatólicos y activistas antiaborto. Organizados en páginas web, en los últimos meses han intensificado su campaña contra la gratuidad y universalidad de la prestación, con el lema "No con mi dinero".

Por otra parte, otro ejemplo de cómo los intereses políticos sortean la ley se encuentra en Castilla y León, donde los conciertos con las clínicas los firma cada provincia. La situación en León es rocambolesca. La diputación ha acreditado una clínica para que realice abortos hasta las 22 semanas de gestación, el límite común. Pero no ha concertado sus servicios. De esta forma, las mujeres de León que quieren abortar, si quieren que sea gratis, deben viajar hasta otra provincia, previamente derivadas por el servicio público de salud. Si quieren abortar en León, deben pagar de su bolsillo la intervención.